Claudia Fabiola Ortiz Gonzalez

Expediente 244/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
244/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Claudia Fabiola Ortiz Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por la ley para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra la resolución de siete de junio de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que, por resolución de siete de junio de dos mil dieciocho, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tal motivo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese este expediente al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental dado que ingresó en este juzgado federal el siete de mayo de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Claudia Fabiola Ortiz González contra el acto reclamado a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero de la presente resolución, por las razones vertidas en el punto considerativo cuarto de la presente resolución constitucional.

  3. Principal

    Visto el oficio con anexo de cuenta signado por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual remiten copia certificada del laudo dictado el veintidós de mayo del año en curso, en el juicio laboral de origen; agréguese al presente juicio de amparo para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, téngase por exhibida la documental allegada por las responsables, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, asimismo, considérese al dictar la sentencia.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda, con fundamento en los artículos 103, fracción I y, 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5°, 6°, 35, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Claudia Fabiola Ortiz González, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el laudo respectivo y su notificación en el expediente laboral J.E.No.2-02-84/2016; por tanto, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 244/2017-4 y fórmese expediente, sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado. Bajo ese contexto, solicítese informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, en medios magnéticos, por la vía fax al número telefónico 01 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días contado a partir de la recepción del oficio en el cual se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En la inteligencia de que se apercibe a la responsable que de no rendir el informe justificado respectivo o hacerlo sin remitir, en su caso, la copia certificada referida en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de la materia, en la sentencia constitucional se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del presente juicio constitucional deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, si incumplen con esa obligación se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las nueve horas con diez minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia constitucional. Por otra parte, se precisa que es aplicable al caso concreto por identidad jurídica la Jurisprudencia 2ª./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2007, Materia Constitucional, Novena Época, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". En diverso orden de ideas, conforme al precepto 5, fracciones III, inciso b) y IV de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito y como terceras interesadas para los efectos de este asunto a las personas morales denominadas BANK JOYA'SY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y BÚM-DÓLAR CENTRO CAMBIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ambas residentes en esta ciudad. De acuerdo a lo anterior, en términos del precepto 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este juzgado de distrito a fin de que emplace a juicio a las personas morales denominadas BANK JOYA'SY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y BÚM-DÓLAR CENTRO CAMBIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, residentes en esta ciudad, por conducto de quien legalmente las represente, para lo cual la funcionaria judicial deberá correrles traslado con copias de la demanda de amparo e informarles la hora y fecha programadas para el verificativo de la audiencia constitucional. Además, la actuaria de la adscripción deberá requerirlas a fin de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con al apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, las subsecuentes se les realizarán por medio de lista publicada en los estrados de este juzgado de distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. En el entendido de que el domicilio señalado por la quejosa para tales efectos es el ubicado en calle Gabriel Leyva número 416 norte, despacho 202, segundo piso, edificio Wilson, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; igualmente, indicó que los apoderados legales de las personas morales terceras interesadas son los licenciados Jorge Esparragoza Esper, Jorge Esparragoza Beltrán y Alejandro Esparragoza Beltrán. Por otro lado, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Marcial Ordoñez número 81 oriente, de la colonia Bienestar, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. De igual manera, téngase como sus autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José de Jesús Orozco Carrillo, Víctor Manuel Orozco Escarrega y Brianda Elizabeth Lizárraga Orozco; mientras que únicamente como su autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la pasante en derecho Claudia Selene León Karass. Hágase saber a la parte quejosa que en caso de la inexistencia de la autoridad señalada como responsable o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella, de conformidad con el principio de la administración de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 Constitucional, por lo que debe considerarse lo establecido en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a la autoridad responsable, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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