Claudia Teresa Ruiz Ibarra

Expediente 101/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
101/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Claudia Teresa Ruiz Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por la quejosa Claudia Teresa Ruiz Ibarra, mediante el cual solicita la devolución de la copia certificada de la Escritura Pública número (6,850) seis mil ochocientos cincuenta, exhibida con el escrito inicial de demanda. Como lo solicita la promovente, con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, hágase devolución del documento que refiere, previa copia certificada que del mismo se deje en autos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Claudia Teresa Ruíz Ibarra; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PROMOVENTE CLAUDIA TERESA RUIZ IBARRA EL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por Claudia Teresa Ruiz Ibarra, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 101/2018. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.". En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES a).- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVL, del Distrito Judicial de Ahome, en esta ciudad. b). OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: A).- De La autoridad señalada como RESPONSABLE ORDENADORA, le reclamo el ILEGAL EMBARGO PRACTICADO, recaído en la finca de mi propiedad que más adelante describiré, decretado en el juicio civil número 155/2012, que promueve la tercero interesada SERVICIOS DEL CERRO DE LA MEMORIA, S.A DE C.V., así mismo le reclamo lo actuado en este procedimiento judicial materia del presente juicio de Amparo. B).- De la autoridad señalada como RESPONSABLE EJECUTORA, le reclamo la ejecución del ILEGAL EMBARGO PRACTICADO, a la finca propiedad de la suscrita, misma que con posterioridad describiré.". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "V.-BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que son ciertos los hechos y abstenciones que me constan y constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los conceptos de violación que se expresan en esta demanda y que a continuación se exponen: 1.- Que la suscrita soy propietaria de la finca urbana ubicada Av. Olivos Número 1221 oriente, Fraccionamiento Álamos I, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, misma que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide 7.00 metros y colinda con lote número 22 de la misma manzana; AL SUR: mide 7.00 metros y colinda con Avenida Olivos: AL ORIENTE: mide 19.95 metros y colinda con solar número 23 de la misma manzana; AL PONIENTE: mide 19.75 metros y colinda con solar número 19 de la misma manzana. Propiedad, medidas y colindancias que acredito con el Contrato de Cesión de Derechos Privado, celebrado entre la suscrita quejosa y los señores MARIA TERESA LARA Y RAFAEL RUIZ ROJAS, los cuales ceden a la suscrita los derechos de la finca antes mencionados, de igual manera agrego copia certificada por el C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura pública número 6,850, pasada ante la fe del C. Lic. JORGE BENJAMIN RAYGOZA GONZALEZ, Notario Público número 74, con ejercicio y residencia en esta Ciudad, con lo cual acredito mi interés jurídico en la presente demanda de garantías para que surta los efectos legales correspondientes. 2.- Es el caso que el día de hoy los señores RAFAEL RUIZ ROJAS Y MARIA TERESA IBARRA LARA, me han informado que el bien descrito anteriormente y de mi propiedad pretenden rematarlo en el Juicio Civil, esto es Ejecutivo Mercantil que sigue la TERCERO INTERESADA SERIVICIOS DEL CERRO DE LA MEMORIA, S.A. DE C.V., bajo el expediente número 155/2012, que se tramita ante el H. Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que sigue en contra del señor RAFAEL RUIZ ROJAS. Cabe decir que la suscrita soy propietaria del bien inmueble descrito en el apartado número V, en virtud de haberme cedido los derechos de la misma, los señores RAFAEL RUIZ ROJAS Y MARIA TERESA IBARRA LARA, el día 01 de Noviembre del año 2012, mediante un Contrato de Cesión de Derechos que fue debidamente pasado ante la fe del C. Licenciado FERNANDO IRIZAR LOPEZ, Notario Público número 89, fedatario ante el cual se ratificó el contenido y firma del citado contrato.". Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18 de la Ley de Amparo los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la normageneral en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.].". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Los últimos dos preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. El primer párrafo del artículo 17 transcrito, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV de dicho precepto legal, prevén las excepciones a la regla general, esto es: a). Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b). Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c). Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d). Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el arresto por el término de treinta y seis horas aquí reclamado, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues si bien afecta la libertad personal del impetrante, no fue dictado fuera de procedimiento judicial, requisito indispensable para que se actualice la última excepción. Ahora, de la interpretación armónica de todos los artículos invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, respecto de aquellos en los que no se promueva dentro del plazo de quince días. Lapso que el dispositivo 18 de la citada legislación, prevé que se contabilizará: I.- A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; II.- A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; ó, III.- A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan tres formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XIV/99, consultable en la página 63, tomo X, Julio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 917538, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Es aplicable también, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 42/2002, consultable en la página 5, tomo XVI, Septiembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa.". La tercer forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Así, cuando el quejoso se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa, toda vez que ello se evidencia de ese reconocimiento, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente enterado del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el término para la presentación de la demanda a partir de esa manifestación; tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 153, consultable en la página 126, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice 2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VÍA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo ..." a quienes "... en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.". La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo.". También es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". (Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 193-198 Primera Parte, Tesis:, Página: 71) Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien, en el caso concreto, el acto que por esta vía se reclama se hace consistir en el ilegal embargo practicado en la finca propiedad de la aquí quejosa, decretado en el juicio civil 155/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, promovido por SERVICIOS DEL CERRO DE LA MEMORIA, S.A DE C.V, a quien le resulta el carácter de tercera interesada en el presente juicio de amparo. Por lo que, para advertir, la fecha en la que la quejosa Claudia Teresa Ruiz Ibarra, tuvo conocimiento del acto que se controvierte en la presente instancia constitucional, es menester citar que en su escrito inicial de demanda, en el apartado de fecha de conocimiento de los actos reclamados y bajo protesta de decir verdad manifiesta: "FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- Lo fue el día de hoy 31 de Octubre del año 2017, manifiesto a su Señoría que tuve conocimiento de los actos reclamados, basándome en el siguiente razonamiento legal que me permito transcribir: como ya lo expuse anteriormente, que los señores RAFAEL RUIZ ROJAS Y MARIA TERESA IBARRA LARA, me han manifestado que el bien inmueble de mi propiedad, ha sido embragado y pretenden rematarlo en el juicio civil que ya se precisó, aun cuando dicho bien es de mi propiedad por haber salido de la esfera jurídica de las personas antes citadas, aun cuando soy extraño al mencionado juicio.". Partiendo de lo anterior, se advierte que la fecha en que la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que tuvo conocimiento de los actos, reclamados en el presente juicio, lo fue el día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, lo cual hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con lo anterior, se evidencia que la quejosa tuvo conocimiento de la orden de embargo decretada desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, por lo cual, se está en presencia de la tercer hipótesis relativa a la contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación de la quejosa a través de la cual se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el término para la presentación de la demanda a partir de esa manifestación; por tanto, el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, se inicia a partir del seis de noviembre de dos mil diecisiete; de tal suerte, que ese lapso concluyó el veintisiete de ese mes y año, por lo que la presentación de la demanda de amparo ocurrida el veinte de febrero de dos mil dieciocho, según aparece del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, pone de manifestó que transcurrieron en exceso los quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello, si se toma en consideración que como se dijo, el término empezó a contar a partir del seis de noviembre de dos mil diecisiete, para concluir el veintisiete de ese mismo mes y año, descontando los días uno, dos, tres y veinte (declarados inhábiles) once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintisiete, por ser sábados y domingos y consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 del ordenamiento legal antes citada deben estimarse tácitamente consentidos los actos reclamados, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia antes invocada, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la legislación de la materia, pues siendo derivada de un procedimiento civil (155/2012), seguido ante una autoridad judicial, no constituye un acto privativo de libertad fuera de procedimiento, ya que fue dictada dentro del mismo, lo que obliga a que la demanda sea presentada dentro del término legal, y en caso contrario se deberá desechar, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por ende, la quejosa tenía el término de quince días hábiles, para promover la demanda de amparo. Determinación a la que se arriba, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 12/2015 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18 (mayo de 2015), Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". También apoya a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Aislada, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad." Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2º.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Resulta de aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página: 5, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En este orden de ideas, al haber consentido dichos actos por la parte quejosa por no haberlos impugnado oportunamente se materializa de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia estatuida en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por cuanto hace a los actos que han quedado referidos, con apoyo en el ordinal 113 de la propia codificación legal. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por otra parte, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Heriberto Valdez número 280 Poniente, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eric Gracia Álvarez y José Francisco González Miranda.

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