Claudia Patricia Piñeros y Otros.
Expediente 316/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Claudia Patricia Piñeros y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor Jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano y se tuvo por no presentada la demanda. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Por último, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Directamente agraviados no se apersonaron a juicio Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de un año a que se refiere el artículo 15 de la Ley de amparo, a efecto de que los directamente agraviados se apersonaran al presente juicio constitucional, sin que lo hubieran hecho, o se hubiere recibido promoción alguna al respecto, en consecuencia, se levanta el suspenso decretado en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós. Por no presentada demanda de amparo. En ese sentido, y con fundamento en el artículo 15, párrafo quinto de la Ley de Amparo1, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que cause estado este acuerdo, provéase sobre el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al promovente de la demanda de amparo. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.CLL/Marc/cnv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintidós. Solicitud de copias Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del cual solicita copia certificada de las constancias que integran el presente juicio. Al respecto, hágase saber al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual se autorizó la expedición de copias simples o certificadas y el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el juicio de amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.MGCJ/Marc/maa
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por *******, quien promovió el presente juicio de amparo en nombre de los quejosos *******, ******* y *******, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante auto de veintiocho de abril de la anualidad en curso, comunica la imposibilidad que tiene a efecto de proporcionar el paradero actual de los directamente agraviados. Ahora, del estado de autos, se desprende que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo a *******, promoviendo amparo a favor de *******, ******* y *******, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades; de quienes se reclamó la incomunicación, malos tratos y vejaciones, de que dijo, eran objeto los directamente agraviados. Así, en la misma fecha, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se dictaron las medidas para lograr su localización, siguientes: Con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que, de inmediato, cesen los actos de incomunicación y los malos tratos de que dice el promovente, son objeto los directamente agraviados, así como para que cese cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si la detención de los directamente agraviados fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Publico, en relación con la comisión de un delito, se ordena dicha suspensión de plano, para que de inmediato cese la detención, poniéndolos en libertad, o a disposición del Ministerio Publico, y éste, a disposición del Juez competente, según corresponda, en los términos de Ley. Lo anterior, con fundamento en los artículos 164 primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Debiendo las autoridades responsables informar de inmediato, el cumplimiento que se dé a esta determinación; con el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser sancionadas por la probable comisión del delito establecido en el artículo 265, fracción 1, de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades responsables deberán de realizar las diligencias necesarias para que los directamente agraviados tengan comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. [.] Se comisiona a la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, a efecto de que: Notifique a las autoridades respectivas del presente proveído, requiriéndolos para el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en los términos respectivos. Asimismo, constituida en dicho lugar, deberá requerirlos a fin de que informe si en dichas instalaciones se encuentran alojados *******, ******* y *******, para lo cual deberá vocearlos o llamarlos. De ser así, notifique a los directamente agraviados de mérito el presente auto y los requiera para el efecto de que, en el acto de la notificación del presente proveído, o bien, dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados del mismo, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, en la inteligencia que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, el Actuario adscrito deberá dar fe del estado físico que presenten a simple vista los directamente agraviados. De la misma manera, al entrevistarse con ellos, la Actuaria adscrita deberá preguntarles de manera expresa si ha nsido objeto de algún acto de tortura, física o moral y asentar en la constancia respectiva lo que le informe. En concomitancia con lo anterior, se faculta al Actuario adscrito para que de no localizar a la directamente agraviada en las instalaciones en donde se encuentra y, en su caso, sea informado de que puede localizarse en un sitio diverso, se traslade al mismo sin previo acuerdo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando las constancias respectivas. Atento a lo anterior, la actuaria de la adscripción hizo constar en constancia del mismo diecinueve de abril de dos mil veintidós, que en los lugares, en esta ciudad, donde le fue encomendada su búsqueda, no localizó a ninguno de los quejosos, toda vez que fue informada que en esa misma fecha, los mismos, egresaron de la estancia migratoria al haber firmado de manera voluntaria su salida definitiva del país. Por tanto, por auto de veinte de abril de la presente anualidad, se requirió a la responsable Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que remitieran copia certificada del formato de salida definitiva voluntaria firmado por los quejosos *******, ******* y *******. En ese sentido, mediante acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, se tuvo a la responsable referida en el párrafo que antecede remitiendo copia certificada de los procedimientos migratorios *******, ******* y *******, instaurados en contra de *******, ******* y *******, respectivamente. Ahora, es pertinente citar enseguida el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: [.] Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [.] De la intelección del numeral en comento, se colige lo siguiente: a) en los asuntos urgentes, en contra de los actos ahí referidos, deberá buscarse exhaustivamente la localización de la parte directamente agraviada, para efecto de que manifieste si es su deseo, o no, ratificar la demanda de amparo interpuesta en su favor; b) además, se desprende que en caso de que, a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logre la comparecencia del agraviado, se deberá suspender el procedimiento por un año y dar vista al agente del Ministerio Público, y; c) transcurrido un año sin que el agraviado se apersone a juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Consecuentemente, y a pesar de las medidas tomadas por este órgano jurisdiccional no se localizó a los directamente agraviados, con sustento en el numeral en cita, se suspende el presente procedimiento por un año, y se da vista al agente del Ministerio Publico, para efecto de que este en conocimiento de los hechos suscitados en el presente juicio de amparo. Finalmente, en el entendido que transcurrido un año, a partir de esta fecha, sin que los directamente agraviados se apersonen a juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Notifíquese; a través de correo electrónico al agente del ministerio Público adscrito; personalmente al promovente de la demanda de amparo; y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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