Claudia Rubí Rauda Escárzaga

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Rubí Rauda Escárzaga

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Pedimento Ministerial Por otro lado, agréguese a los autos el pedimento signado electrónicamente por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio. Al respecto se provee lo siguiente: En torno a los alegatos que formula, serán tomados en consideración en la audiencia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la copia de la resolución que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de admisión del presente juicio, en el que se autorizó la expedición de copias de las constancias que integran el presente expediente, sin necesidad de solicitud por escrito. Informe justificado Finalmente, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, por conducto de la Encargada de la Dirección de dicho Centro de Reclusión, con sede en esta ciudad; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba impr imirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Diferimiento Visto el estado procesal de los autos, del cual se advierte que se encuentra señalada para el presente día la audiencia incidental; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se cuenta con el registro certificado de audio y video de la audiencia de revisión de medidas cautelares, materia del presente cuaderno suspensional; p or tanto, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Juez responsable, para que dentro del término de tres días computado legalmente, remita registro certificado de audio y video de la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerarse necesaria para resolver lo conducente. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 237, fracción I, en vinculación con el 259 de la Ley de la Amparo. En tal virtud, se difiere la audiencia de mérito y al efecto se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tenga verificativo. Pedimento Ministerial Agréguese a los autos el pedimento signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegato, los cuales serán tomados en consideración en la audiencia incidental de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Informes previos Finalmente, agréguense a los autos los informes previos rendidos por las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Bravos y Director del Centro de Reinserción Social Femenil Número Dos, ambas con sede en est a ciudad, (sin que la primera de las responsables remitiera las constancias solicitadas); con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetarlo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la responsable correspondiente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por********************, en su calidad de defensor particular de la directa quejosa ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo********************2023-VII. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que solicita. Sin que haya lugar a tramitar el incidente por duplicado en cumplimiento al artículo 2641 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Requiere legitimación de defensor En otro aspecto, toda vez que el promovente se ostenta como abogado defensor de la quejosa ********************; con fundamento en el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Amparo se solicita al Juez responsable la certificación correspondiente en la que haga constar tal circunstancia, esto es, que******************** tiene reconocida la calidad de defensor de la indicada interna. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables que rindan informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban los oficios de notificación relativos. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Emplazamiento de tercero interesado Respecto al tercero interesado que señala, se reserva proveer al respecto hasta en tanto sea recibido el informe justificado, a efecto de corroborar a quién(es) asiste tal carácter. Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a los licenciados ********************y********************, toda vez que se encontraron su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. En atención a la solicitud relativa a su acceso al expediente electrónico a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, quien cuenta con el nombre de usuario "********************" así como que le san practicadas las notificaciones por la misma vía; dígasele que, en atención a que el nombre de usuario aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como que fue solicitud expresa y cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte quejosa para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, únicamente aquellas que sean de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Además, cabe enfatizar que aun y cuando se haya autorizado practicar notificaciones vía electrónica al usuario proporcionado, esto implica que este órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que sean de carácter personal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, con registro 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Sin que pase inadvertido para la suscrita que también la quejosa señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; sin embargo, resulta improcedente contar con dos domicilios para el mismo objetivo, debido a que se generaría incertidumbre en los cómputos de las notificaciones, en la medida en que las notificaciones personales "tradicional" y "vía electrónica" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Amparo, situación que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, pues podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas; de ahí que, se prefirió practicar notificación por vía electrónica (como se expuso en párrafos anteriores), en principio porque es una vía adoptada libre y voluntariamente por la quejosa, y es una herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y la impetrante, aunado a que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial A adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica, y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura incidente de suspensión Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1054/2023-VII, promovido por , en su calidad de defensor particular de la directa quejosa . Determinación respecto a la suspensión provisional A efecto de resolver sobre la suspensión provisional, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se indica que el quejoso reclama del Juez responsable la imposición de prisión preventiva justificada, en audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 2897/2023, de su índice. Al respecto, , en su calidad de defensor particular de la directa quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes de los actos reclamados, en los siguientes términos: "Se realizó la detención de mi patrocinada por lo cual el día veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se celebró audiencia inicial en la causa penal 2897/2023, del índice del Centro de Justicia Penal Estatal del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en la cual se formuló imputación a la quejosa, se solicitó su vinculación a proceso, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se solicitó la duplicidad del término constitucional. En fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó auto de vinculación a proceso a mi patrocinada por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delito de feminicidio, en perjuicio de la víctima quien en vida llevara el nombre de previsto en el artículo 126 bis, del Código Penal del Estado de Chihuahua, igualmente se concedió un plazo de investigación complementaria el cual se encuentra transcurriendo a la fecha. Posteriormente mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se solicitó a la autoridad judicial se fijara fecha y hora para la celebración de audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al haber variado de manera objetiva las condiciones que se tomaron en consideración para su imposición de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual mediante acuerdo de esta fecha se fijó el día veintitrés de octubre de dos mil veintitrés para su celebración. En audiencia celebrada el día veintitrés de octubre de dos mil veintitrés la autoridad judicial, previo debate de las partes, determino inaplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta previamente a mi patrocinada y en su lugar le impuso la diversa medida cautelar de prisión preventiva justificada. La anterior determinación emitida en audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, que impuso a mi patrocinada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, constituye el acto reclamado ante esta instancia de control constitucional, la cual fue notificada en la propia audiencia, esto es el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Contra la anterior determinación no se agotó recurso alguno y se decidió impugnarla directamente a través del presente juicio de amparo indirecto." Al respecto, este Juzgado no pierde de vista la existencia de la tesis PRP.CN.J/11 P(11a.), que constituye jurisprudencia por contradicción de criterios, emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, con registro digital 202699, Undécima Época, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Ahora bien, de la ejecutoria que originó dicha tesis de jurisprudencia, se advierten las siguientes consideraciones: [...] 188. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en dicha interpretación, al resolver si concede o no la suspensión provisional con efectos restitutorios respecto de la prisión preventiva justificada, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 189. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, el doce de abril de dos mil veintitrés, determinó que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. 190. Destacó que la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. 191. Por tanto, señaló que la suspensión del acto reclamado, es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. 192. Así, precisó que la excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo, argumentos que se reflejan en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2026730, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADO AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCENTRARLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN EL PRINCIPAL". 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38) - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41) 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; (42) - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. [.] El subrayado y resaltado es nuestro. Es decir, que la suspensión provisional, solicitada en contra de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta a la quejosa, imputada en un proceso penal, sí puede tener efectos restitutorios, específicamente, la quejosa sí puede obtener su libertad personal a través de la suspensión provisional de dicho acto reclamado (mediante la imposición de las medidas de aseguramiento correspondientes). Sin embargo, para que esta Juzgadora pueda decidir al respecto, tal como la ejecutoria de amparo arriba indicada lo exige, es necesario realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad), en la cual se advierta que efectivamente el acto reclamado no cumple con los requisitos consistentes en: a) que existan presupuesto materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito, b) que el quejoso esté relacionado con ese hecho (sin que el Juez de amparo pueda pronunciarse respecto de la responsabilidad del quejoso), c) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana, d) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido, e) que la medida sea absolutamente indispensable para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia, f) que resulte estrictamente proporcional, y g) que esté lo suficientemente fundada y motivada, de manera que, permita evaluar si se ajusta, o no, a los requisitos anteriores. En esas condiciones, en este momento procesal, dentro del presente incidente de suspensión, no es posible realizar tal ponderación, pues se desconocen los términos en los cuales fue solicitada la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, por parte de la Representación Social Federal, la postura de la defensa e imputado, así como de las víctimas, ni los motivos y fundamentos que expuso el Juez de Control responsable para imponerla, ya que no se cuenta con el registro de audio y video de la audiencia relativa. Por lo tanto, ya que en este momento no es posible verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional. No obstante, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control responsable, para que, cuando rinda su informe previo, anexe registro certificado de audio y video de la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual impuso al aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Audiencia Incidental De conformidad con el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental. De la audiencia incidental se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez de Distrito y la Secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe previo Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberán remitirse copia de la demanda. En el entendido de que, en el informe, las autoridades se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrán indicar las razones que estimen sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirá el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por la parte quejosa, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, de que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, equivalentes a diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui. Doy fe.

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