Claudia Maritza Acosta Vázquez

Expediente 303/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
303/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Claudia Maritza Acosta Vázquez y Otros.
  • Claudia Maritza Acosta Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, teniendo en cuenta que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda la parte actora a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, estos documentos deberán agregarse al expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 303/2018-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado el día nueve del mismo mes y año, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. A) En su doble calidad de ordenadoras y ejecutoras, se señala a los CC. JUEZ Y SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL para este Distrito Judicial Bravos, con domicilio en Eje Vial y Aserraderos S/N en Ciudad Juárez, Chihuahua. B) En su doble calidad de ordenadoras y ejecutoras, se señala a los CC. JUEZ Y SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL para este Distrito Judicial Bravos, con domicilio en Eje Vial y Aserraderos S/N en Ciudad Juárez, Chihuahua. C) En su calidad de ejecutora, el C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, con domicilio conocido en la calle Valle del Cedro #578 y Henequén, Fraccionamiento Morelos III de esta ciudad. D) En su calidad de ejecutora el C. ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA EL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio conocido en el complejo de oficinas e la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, cita en calles Lincoln y Zempoala de esta ciudad. IV. ACTOS RECLAMADOS. A) De los referidos Juez y Secretario de acuerdos de los Juzgados Primero y Cuarto de lo Civil para este Distrito Judicial Bravos, se reclama: B) Todos y cada uno de los acuerdos, autos, resoluciones, sentencia definitiva y posteriores actuaciones para la ejecución de la última, que integran el Juicio Especial Hipotecario con número de expediente ******* promovido por el LIC. ******* en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la empresa denominada *******, en contra de la suscrita quejosa, a virtud del cual se subasta o remató en pública almoneda, se adjudicó y se despojó a la suscrita y a mis menores hijas, privándome de la posesión, uso y disfrute de mi casa habitación ubicada en ******* en esta ciudad, clave catastral *******, con la inscripción ******* folio ******* del libro ******* de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Distrito Bravos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, para concederla material y exclusivamente a la precitada Moral sin que la suscrita hubiese sido emplazada a juicio y por ende, sin posibilidad alguna de oponer excepciones, ofrecer pruebas, formular alegatos y en general realizar todos los actos conducentes a la defensa de mis derechos, cabe señalar que los datos con antelación, me fueron proporcionados por la persona que manifestó ser Ministro Ejecutor y/o Actuario Notificador el día 17 de abril de 2018 al momento de la diligencia del ilegal desalojo. C) Como consecuencia de lo anterior, se reclama en especial el otorgamiento en supuesta rebeldía de la suscrita, así como de la sentencia dentro del Incidente de Liquidación de Actualización de Intereses Moratorios dentro del Juicio Especial Hipotecario referido con antelación, así como sus efectos. D) Del C. Encargado del Registro Público de la Propiedad local se reclama tanto la cancelación de la inscripción ******* folio ******* del libro ******* de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Distrito Bravos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como cualquier otra inscripción o anotación marginal consecuente que haya limitado, gravado, modificado, extinguido o de cualquier forma afectado el dominio inscrito de la suscrita sobre el precitado inmueble. E) Del C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, por sí o por conducto de agentes a su cargo, se reclama la Inminente Ejecución, en auxilio de la autoridad Judicial Responsable desalojo o desocupación de la casa habitación que se refirió con antelación y la cual es de mi propiedad, ubicada en ******* en esta ciudad, clave catastral *******, con la inscripción ******* folio ******* del libro ******* de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Distrito Bravos, de Ciudad Juárez, Chihuahua. F) De las autoridades antes señaladas y respecto de los actos que a cada una se atribuyen, también reclamo todos los efectos o consecuencias materiales y jurídicas. Posteriormente, en escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el seis de septiembre del presente año, ******* instó ampliar la demanda de amparo por la autoridad y acto siguiente: III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. (.) D) En su calidad de ejecutora el Actuario Ministro notificador adscrito al Poder Judicial del Estado con domicilio ubicado en Eje Vial Juan Gabriel S/N y Aserraderos de esta ciudad. IV. ACTOS RECLAMADOS. (.) G) Del Actuario Ministro Notificador, se reclama las actuaciones de las diversas notificaciones realizadas en mi entonces domicilio particular, así como la de 17 de abril del 2018, fecha en la que a la suscrita se le despojó del inmueble del cual tenía posesión. SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 8, 21.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Admisión y tramitación de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, en auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a la tercero interesada, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, posteriormente, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda respecto una autoridad, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, después de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) Del Juez y Secretario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado dentro del expediente *******, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; que posteriormente pasó a ser el expediente ******* del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad. b) Del Actuario Ministro Notificador adscrito al Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad: - El emplazamiento a juicio, dentro del expediente *******, en fecha catorce de julio de dos mil diez (foja 169), y - La diligencia de desocupación del inmueble objeto del juicio principal, practicada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 426 y 592). c) Del Encargado del Registro Público de la Propiedad local, con residencia en esta ciudad: - La cancelación de la inscripción *******, folio *******, del libro *******, de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Bravos, de Ciudad Juárez, Chihuahua (foja 468 a 471). d) Del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad: - El desalojo de la casa habitación ubicada en *******, en esta ciudad (foja 432 a 436). Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Autoridades sustituidas. Como cuestión previa, conviene precisar que de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, al constituirse la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, para la entrega de los oficios 12601/2018 y 12603/2018, dirigidos al Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial Bravos y al Secretario del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial Bravos, respectivamente; hizo constar que de acuerdo a información proporcionada por la licenciada *******, de oficialía de partes, a partir del once de octubre de dos mil diecisiete, se otorgó competencia en materia de oralidad y por tanto, cambiaba de denominación el Juzgado Cuarto de lo Civil, entre otros (foja 66). Información que fue complementada con las constancias que el Juez y el Secretario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, adjuntaron a su informe justificado, donde se evidencia, que en acuerdo de diecisiete noviembre de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento de las partes, que en atención al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, publicado el día miércoles once de octubre de la misma anualidad, en el Periódico Oficial del Estado, en el punto "SEGUNDO", fueron asignados al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la competencia de los juzgados Cuarto y Séptimo del mismo Distrito Judicial, razón por la cual el Juzgado Primero de lo Civil, asumió la jurisdicción y competencia para conocer del juicio especial hipotecario *******, asignándosele como parámetro de identificación la letra "*******" y el número del juzgado del que provenía, quedando de la siguiente manera: "*******" (foja 416). Constancias con las que se tiene por acreditado que las autoridades Juez y Secretario del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, fueron sustituidos en el conocimiento del juicio del que derivan los actos reclamados por el Juez y Secretario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; por tanto, en acuerdo de veinticuatro de mayo del año en cuso, se tuvieron como inexistentes, para los efectos del presente juicio de amparo; de ahí que los actos que fueron atribuidos y realizados por dichas autoridades, en su momento procesal, se tomarán en consideración a lo largo de esta sentencia, como realizados por las autoridades que las sustituyeron en el conocimiento del asunto. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Juez y el Secretario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (fojas 70 a 427 y 515), el Encargado del Registro Público de la Propiedad local (fojas 468 a 471 y 522 a 527) y el Actuario Ministro Notificador adscrito al Poder Judicial del Estado (fojas 588 a 593), en sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados; por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclamó (fojas 432 a 436). Asimismo, el Juez y el Secretario responsables anexaron a su informe justificado, copia certificada de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario *******, de donde se desprende, a foja 169, la diligencia de emplazamiento a juicio, de fecha catorce de julio de dos mil diez, y de foja 426, la diligencia de desocupación del inmueble objeto del juicio principal, practicada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, reclamadas, diligencias que originan el motivo de disenso en el presente juicio de amparo, así como todo lo actuado en ese proceso jurisdiccional. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado responsable. Por lo tanto, los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, se tienen como ciertos. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a determinar si en el presente juicio se actualiza alguna causal de improcedencia, es necesario traer a contexto los antecedentes que se desprenden de la propia demanda y de las constancias que, como justificación a su informe, remitieron las responsables. 1. El licenciado *******, apoderado general para pleitos y cobranzas de ******* demandó a *******, en ejercicio de la acción especial hipotecaria, las prestaciones siguientes (fojas 73 a 166): PRESTACIONES RECLAMADAS: RESUMEN DEL ADEUDO AL 31 DE MAYO DE 2010 IMPORTE EN PESOS 1) Saldo Total de Capital Insoluto $******* 2) Mensualidades Vencidas del 31 de Enero del 2010 y hasta 31 de Mayo de 2010 $******* 3) Saldo de Intereses Moratorios Vencidos desde el 31 de enero de 2010 hasta 31 de Mayo del 2010 $******* 4) Saldo de gastos de cobranza Vencidos desde 31 de enero de 2010 Hasta 31 de Mayo del 2010 $******* TOTAL DE ADEUDO $ ******* PESOS M.N. SON: (*******) 5) El pago de los intereses moratorios que se sigan generando y hasta la fecha en que se realice el pago total de las prestaciones demandadas, de conformidad con el Contrato Base de la Acción, los cuales se deberán cuantificar en ejecución de sentencia. 6) El pago de los gastos y costas que se originen por el trámite de este juicio hasta su total terminación. 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial Bravos, la cual mediante auto de dos de julio de dos mil diez, fue radicada bajo el número *******; admitida a trámite; y fue ordenado el emplazamiento a la parte demandada (fojas 167 y 168). 3. En catorce de julio de dos mil diez, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento a juicio, dentro del expediente en mención (foja 169). 4. En catorce de septiembre de dos mil diez, se declaró la rebeldía de la demandada *******, toda vez que no dio contestación a la demanda entablada en su contra dentro del término concedido para ello (foja 172). 5. El veintidós de agosto de dos mil once, el juez natural tuvo a la parte actora y demandada exhibiendo convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, el cual fue ratificado personalmente en esa misma fecha, ante la presencia judicial (fojas 185 a 192). 6. Mediante auto de dos de julio de dos mil diez, se requirió a la demandada para que acreditara el cumplimiento del convenio, apercibiéndola que de no hacerlo se despacharía su ejecución (fojas 275 y 279). 7. En diecisiete de abril de dos mil diecisiete, fue celebrada la audiencia de remate del bien inmueble motivo del juicio (fojas 382 y 383). 8. En acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, hizo del conocimiento de las partes afectas al juicio *******, que en atención al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, publicado el once de octubre de la misma anualidad, en el Periódico Oficial del Estado, en el punto "SEGUNDO", fueron asignados al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, la competencia de los juzgados Cuarto y Séptimo del mismo Distrito Judicial, razón por la cual el Juzgado Primero de lo Civil, asumió la jurisdicción y competencia para conocer del juicio especial hipotecario *******, asignándosele como parámetro de identificación la letra "*******" y el número del juzgado del que provenía, quedando de la siguiente manera: "*******" (foja 416). 9. Seguido el trámite, mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ******* (por el Juez Primero Civil), se ordenó poner en posesión legal y material de la parte actora el bien inmueble adjudicado en su favor (foja 425). 10. Finalmente, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de desocupación del inmueble objeto del juicio principal (foja 426 y 592). SEXTO. Improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados al Secretario adscrito. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el artículo 62 de la propia Ley. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Aunque se tuvo como autoridad responsable al Secretario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, debe precisarse que dicho funcionario carece de tal carácter, pues la naturaleza jurídica del cargo público que desempeña es la de autenticar, como fedatario, lo resuelto por el titular de su adscripción, pero carece de facultades de imperio y de atribuciones decisorias. Luego, dado que para los efectos del juicio constitucional no es autoridad responsable, pues éstas son, entre otras, las que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no las que actúan únicamente como fedatarios, es claro que se actualiza en el caso, el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y, por consiguiente, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que respecta a los actos reclamados del funcionario citado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito consultable en la página 693, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro: 394963, del siguiente texto: SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO. Con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra del secretario de un juzgado de primera instancia del fuero común, si sólo se reclama de dicha autoridad el haber intervenido para dar fe de lo resuelto por el juez. Asimismo, es aplicable, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en la página 112, Tomo VIII, Octubre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro: 221591, que indica: SECRETARIO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA ÚNICAMENTE COMO FEDATARIO. Cuando el secretario únicamente interviene como fedatario de las actuaciones del titular del órgano respectivo, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de las partes puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo y en consecuencia al no ser autoridad para los efectos del amparo, el juicio que se entable contra sus actos es improcedente. SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo respecto de los restantes actos reclamados. En otro aspecto, con relación al acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento practicado a la quejosa al juicio natural, diligencia que origina el motivo de disenso en el presente juicio, este juzgador estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta, acorde al criterio que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280, tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, con número de registro 196932 que es del siguiente tenor: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En el presente caso, como se puede advertir de los antecedentes narrados en el considerando quinto de la presente determinación, sobre todo del destacado en el punto cinco, la ahora quejosa *******, en su carácter de demandada, compareció al juicio especial hipotecario ******* seguido en su contra ante el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial Bravos, exhibiendo convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, el cual fue ratificado personalmente, ante la presencia judicial. Así pues, es indudable que queda evidenciado que la quejosa compareció a juicio y estuvo en posibilidad de defender sus derechos, puesto que tuvo conocimiento del juicio tramitado en su contra, al comparecer mediante convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y posteriormente ratificándolo personalmente ante la presencia judicial, lo cual conlleva a determinar que es sabedora del juicio iniciado en su contra. En ese sentido, es evidente que no puede atribuirse a la quejosa el carácter de persona extraña con el que se ostenta en el presente asunto, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 39/2001, página 93, con número de registro 189916 que dispone lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En atención a la jurisprudencia transcrita, resulta inconcuso que basta la comparecencia al procedimiento de origen para desvirtuar el carácter de aquella persona que se ostenta como tercero extraño por equiparación en un juicio de amparo, es decir, que al haber acudido la quejosa al juicio de origen, no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación; es decir, que siendo parte demandada no haya sido llamada a hacer valer sus derechos. Al respecto cobra aplicación la tesis IX.2o.6K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 537, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, que dispone: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia. En efecto, si la quejosa compareció mediante convenio y ratificó personalmente el mismo, es claro que no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le permitió tener conocimiento de las prestaciones reclamadas y oponer las excepciones pertinentes. Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial, es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento y comparecer al procedimiento, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que la solicitante de amparo no tiene la calidad de persona extraña al procedimiento, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Ilustra a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registrada bajo el consecutivo 172130, visible en la página 2440, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER, QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA, AUN CUANDO MANIFIESTE QUE POSTERIORMENTE FUE ILEGALMENTE NOTIFICADA DE DIVERSAS RESOLUCIONES Y SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL JUICIO. Al resolver la contradicción de tesis 12/2000, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, integró la jurisprudencia P./J. 39/2001, en la cual dispuso que si el demandado conoce de la existencia del juicio y comparece a él, a pesar de que no fue legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. En ese contexto, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución pues, en términos del citado criterio jurisprudencial, al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse dentro del contencioso. Los alcances así establecidos de la jurisprudencia por unificación, fueron reconocidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar improcedente la contradicción de tesis 10/2004, por considerar que el tema de contienda, es decir, si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación al demandado, que no obstante comparecer al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas; ya estaba resuelto con la tesis primeramente mencionada. Consecuentemente, como quedó plenamente justificada la causa de improcedencia en examen, contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por *******, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, lo que torna imposible entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Lo anterior, se sustenta en la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez y al Encargado del Registro Público de la Propiedad local, que se hicieron consistir en la ejecución de los actos tendentes a dar auxilio en la posesión material de casa habitación precitada y la cancelación de la inscripción, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de los actos que le fueron imputados al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, así como al Actuario Ministro Notificador adscrito al Poder Judicial del Estado. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, séptima época, tomo VI, materia común, página 339, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido a este órgano jurisdiccional que en el juicio de amparo en estudio, el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, no es la única causal de sobreseimiento que se actualiza en el presente caso, pero al quedar demostrado que el juicio que intentó la quejosa es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución. Apoya esta consideración, la jurisprudencia con número de registro 195744, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1998, Séptima Época, Tomo VIII, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento llevado a cabo el catorce de julio de dos mil diez por el Actuario Ministro Notificador adscrito al Poder Judicial del Estado, responsable en el juicio especial hipotecario ******* (posteriormente denominado *******), así como de las diligencias y actuaciones consecuentes procedidas por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee este juicio de amparo 303/2018-II, promovido por *******, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante el Secretario *******, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL PAERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TESTIGO EL AUTO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: TESTIGO INFORMA IMPOSIBILIDAD, SE LE INFORMA QUE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRA FIJADA PARA LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEITNICATRO DE OCTUBR DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO QUE DEBERA PRESENTARSE.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, realícese la anotación respectiva, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Órgano Jurisdiccional, respecto de la denominación correcta de la autoridad oficiante. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.mvp

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