Claudia Susana Martínez Jardón y Otros.
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Claudia Susana Martínez Jardón
- Claudia Susana Martínez Jardón y Otros.
- A. E. P. M.
- A. E. P. M. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Oficina de Pasaportes en Ciudad Juárez, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en atención a su contenido indíquesele que el juicio en que se actúa fue promovido por Claudia Susana Martínez Jardón, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de nombre de iniciales **********., contra actos de la Magistrada de la Sala Familiar Regional y Juez Familiar Tradicional, ambos del Distrito Judicial Bravos, de quienes, en el ámbito de su competencia, reclamó: la resolución dictada en el toca de apelación 172/2021, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por la que se modificó la resolución pronunciada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, por el Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, dentro del expediente de origen 648/2018, así como su ejecución. Por tanto, una vez integrado el juicio, se terminó de engrosar la sentencia respectiva el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia federal; resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veintidós de octubre del mismo año, en términos de lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ordenándose el archivo como asunto totalmente concluido. En ese orden, la determinación tomada en el presente juicio, no alteró en forma alguna lo resuelto en el asunto de origen, por lo que, de estimarlo necesario, deberá dirigir su petición a las autoridades que conocen de la controversia familiar que nos ocupa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad oficiante. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado el amparo y la protección de la justicia federal es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-V, promovido por Claudia Susana Martínez Jardón, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales **********., contra actos de la Magistrada de la Sala Familiar Regional y el Juez Familiar Tradicional, ambos del Distrito Judicial Bravos residentes en esta ciudad. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido el veintidós siguiente a este Juzgado de Distrito, Claudia Susana Martínez Jardón, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.E.P.M., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Sala Familiar Regional y del Juez Familiar, ambos del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad, de quienes reclamó: A) De la primera autoridad responsable señalada como ordenadora la C. MAGISTRADA DE LA SALA FAMILIAR REGIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, la resolución dictada en el TOCA 172/2021 el día VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PUBLICADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (sic) Y QUE SURTIÓ SUS EFECTOS EL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, (.) Los puntos resolutivos de la sentencia que en esta vía se reclama, son los siguientes: 1. Se modifica la interlocutoria apelada para los efectos establecidos en el apartado 4 (cuatro) denominado "SENTIDO DEL FALLO". (.) De la ejecutora C. Juez Familiar Tradicional del Distrito Bravos de esta ciudad, se reclama, el cumplimiento y ejecución de la sentencia reclamada a la autoridad responsable ordenadora [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el consecutivo 560/2021-V, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado **********, se tuvo a la licenciada ********** como representante especial del menor y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto que tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos: La resolución dictada en el toca de apelación **********/2021, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por la que se modificó la resolución pronunciada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, por el Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, dentro del expediente de origen **********/2018. Del Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en Ciudad Juárez Chihuahua: El auto de seis de julio de dos mil veintiuno, por el que tuvo por recibido el Toca 172/2021, y dio cumplimiento a lo ordenado por la Magistrada responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, la Magistrada de la Sala Familiar Regional y el Juez Familiar Tradicional, ambos del Distrito Judicial Bravos, convinieron en la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al no existir causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuya actualización se advierta de oficio, se procede enseguida a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Precisión respecto de menor de edad. En principio, es menester precisar que el presente asunto será analizado bajo la óptica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que se dilucidarán derechos en los que se encuentra inmerso un menor de edad. Es aplicable al efecto, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 175053, visible en la Novena Época, Tomo XXIII, de mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Asimismo, ha de puntualizarse que en términos de lo previsto en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se omitirá el nombre del menor de edad cuyos intereses involucra el acto reclamado, asentando sólo sus iniciales y en caso de que se requiera alguna transcripción, se sustituirá su nombre con tres asteriscos, siendo que en ambos casos, sólo quedará visible el nombre de sus progenitores. Es aplicable la tesis 1a. CCLXIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, visible en la página 162, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo." SÉPTIMO. Conceptos de violación. La quejosa expresó como conceptos de violación los contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de fondo. Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie el quejoso aduce en sus conceptos de violación, substancialmente, lo siguiente: 1. Que la parte demandada en el juicio de origen (Gerd Pfister) no formuló agravios al momento de inconformarse en contra de la determinación tomada por el Juzgador de origen; sin embargo, la Magistrada señalada como responsable, por tratarse del interés superior del menor, suplió la deficiencia de la queja, con todo, fue omisa en aplicar lo más favorable a favor de su menor hijo; pues la solicitud para la obtención del pasaporte, fue únicamente a efecto de que el menor contara con una identificación oficial, y al haber accedido a su petición se respeta su derecho a la identidad, siendo que el tercero interesado se limitó a manifestar que la quejosa pretende sustraerlo de esta jurisdicción. 2. Que la autoridad omitió tomar en consideración los motivos que originaron solicitar la suplencia de autorización judicial para la obtención del pasaporte mexicano a favor del menor; de ahí que resulta incongruente que se dicten providencias de protección de movilidad, tales como el que la quejosa no se encuentre facultada para cambiar la residencia habitual del menor; de prevenirla para que informe respecto de los viajes del menor dentro del territorio nacional; así como que no se encuentra facultada para sacar al menor del país sin el consentimiento del padre, o en su caso, autorización judicial; que el aviso respecto de los viajes dentro del territorio nacional, siempre deben ser con anticipación y no al regreso del viaje, ello con motivo de que ambos padres ejercen la patria potestad y por ende tienen derecho saber con anticipación a donde será trasladado su hijo; siendo que aquella ejerce como doctora especialista en oftalmología desde hace catorce años y es socia del visual corporativo Jardón, en esta ciudad. De ahí, que dichos límites son innecesarios. 3. Se inaplicó a su favor el principio de convencionalidad, a saber, los derechos humanos comprendidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues en el caso que nos ocupa prevaleció el interés del adulto y no el interés superior del menor. Los conceptos de violación previamente sintetizados son infundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, citado previamente. Para estar en posibilidad de demostrar la anterior calificativa, en principio, resulta oportuno referir que de las constancias que obran en autos, destaca que: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte ante el Juzgado de origen, el apoderado de ********** solicitó la suplencia judicial de autorización, a efecto de que el menor **********., obtuviera el pasaporte mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, supliendo la autorización del padre **********; a lo que el veinticinco de mayo de dos mil veinte, se admitió la incidencia planteada, y el veintiocho de julio siguiente se tuvo al aquí tercer interesado contestando el incidente presentado. 2. El nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dictó resolución interlocutoria, en la que se determinó otorgar autorización judicial a Claudia Susana Martínez Jardón, a efecto de que acudiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores del país, a realizar el trámite administrativo necesario para la obtención del pasaporte mexicano por el tiempo máximo que la autoridad se encuentre facultada para hacerlo, de su menor hijo de iniciales A.E.P.M., en ausencia del consentimiento del padre **********, y de su negativa injustificada para otorgarlo. Asimismo, se dictaron las siguientes providencias de protección en la movilidad del menor **********., consistentes en: a) **********, no está facultada para cambiar el lugar habitual de residencia del menor; sin el conocimiento del padre o por resolución judicial que así lo autorice. b) El menor tiene libre tránsito por la República Mexicana; sin embargo, cuando sea trasladado fuera de esta ciudad, ********** deberá informarlo con la anticipación que le sea posible, o bien a su regreso, si por la premura de la salida les es imposible hacerlo previamente; para lo cual, será necesario observar los siguientes puntos: Fecha de la salida de la ciudad; Motivo por el cual **********., es trasladado fuera de esta ciudad; Lugar de la República Mexicana al cual se le trasladará; El tiempo de estancia; Ubicación del domicilio en el que permanecerá, ciudad, colonia, calle y nomenclatura. Número de teléfono para su eventual y justificada localización por parte del Tribunal; Fecha de regreso a la ciudad; Medio de transporte de salida y regreso: y, Persona o personas que se responsabilicen en su salida de la ciudad y regreso. 3. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al representante procesal de **********, interponiendo recurso de apelación en contra de la interlocutoria de nueve de febrero de dos mil veintiuno. 4. El nueve de junio de dos mil veintiuno, y con motivo de dicho medio de impugnación, el Juez de origen concedió un permiso judicial provisional por espacio de dos meses, para que el menor **********., transite y viaje libremente dentro de la República Mexicana, acatando las providencias de protección en la movilidad del menor. 5. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Sala Familiar Regional, en esta ciudad, resolvió el toca de apelación **********/2021, modificando la resolución pronunciada el nueve de febrero de dos mil veintiuno por el Aquí; determinado que fue dictada conforme a derecho; sin embargo, adicionalmente a las providencias de protección en la movilidad del menor, estableció a cargo de **********: No se encuentra facultada para sacar del país al menor, sin el consentimiento del padre, o en su caso, autorización judicial: Asimismo, el aviso respecto a los viajes dentro del territorio nacional, siempre deben realizarse con anticipación, y no al regreso del mismo; ello en virtud de que el padre ejerce la patria potestad de **********., menor y por ende tiene derecho a saber con anticipación a dónde será trasladado su menor hijo. Así, destaca que respecto de las providencias de protección en la movilidad del menor **********., dictadas por el Juez Familiar del Distrito Judicial Bravos, la Magistrada resolvió lo siguiente: (.) consideraciones en que se sustenta la interlocutoria apelada. El Juez de origen determinó que resultaba procedente el incidente de suplencia de autorización judicial en ausencia de [**********] para la obtención del pasaporte mexicano del menor de iniciales [**********.], al no haberse acreditado por parte del padre que [**********] pretenda sustraer ilegalmente del país a su menor hijo; por lo que, con base al interés superior del menor en cuestión así como su derecho al libre tránsito de su persona por territorio nacional y de contar con un documento oficial que le permita identificarse cuando las autoridades mexicanas o particulares se lo soliciten, se otorgó autorización judicial a la madre para que acuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país a realizar el trámite administrativo necesario para obtener el pasaporte mexicano de su menor hijo, en ausencia del consentimiento del padre y su negativa injustificada para otorgarlo. Adicionalmente, dictó lo que denominó providencias de protección en la movilidad, haciendo constar que [Claudia Susana Martínez Jardón] no está facultada para cambiar de lugar habitual de residencia del menor de iniciales [A.E.P.], sin el consentimiento del padre o por resolución judicial que así lo autorice. Respecto a las salidas del menor fuera de la ciudad pero dentro del territorio nacional, se le impuso a la madre la obligación de informarlas en los términos que quedaron precisos en la resolución con la anticipación que se (sic) le sea posible o bien a su regreso si por la premura de la salida le fue imposible hacerlo previamente. Estudio de fondo. Ahora bien, esta Sala considera que dichas determinaciones se encuentran ajustadas a derecho, y queda salvaguardado el interés superior del menor en cuestión. (.) Ahora bien, bajo ese contexto se tiene que la resolución impugnada fue dictada conforme a derecho, ya que la solicitud de la suplencia del consentimiento para la obtención del pasaporte mexicano del menor de iniciales [**********.], fue promovida únicamente a efecto de que dicho infante contara con una identificación oficial, por lo que al haber accedido a la solicitud se respeta su derecho a la identidad. Por otra parte, de todo el caudal probatorio que aportó el demandado, con ninguno demostró que el acceder a esa petición causaría una afectación a los intereses del niño, ya que ni siquiera lo indicó, pues en su contestación se limitó a manifestar que el menor no requiere el pasaporte para identificarse y que lo único que transparenta es la presunción de que su madre pretende sustraerlo de esta jurisdicción; respecto de lo cual el Juez tomó las siguientes medidas en un capítulo completo que denominó: A "PROVIDENCIAS DE PROTECCIÓN EN LA MOVILIDAD DEL MENOR [**********.] EN EL TERRITORIO NACIONALA (sic)" en donde textualmente dispuso: VII. La señora [CLAUDIA SUSANA MARTÍNEZ JARDÓN] no está facultada para que cambie el lugar habitual residencia de su menor hijo [**********.], sin el conocimiento del padre o por resolución judicial que así lo autorice. El menor [A.E.P.M.] tiene libre tránsito por la República Mexicana. Sin embargo, cuando sea trasladado fuera de esta ciudad, su madre, la señora [**********], deberá informar lo siguiente con la anticipación que le sea posible, o bien a su regreso, si por la premura de la salida le es imposible hacerlo previamente. a) Fecha de salida de la ciudad b) Motivo por el cual el menor [**********.] es trasladado fuera de ciudad Juárez, Chihuahua c) Lugar de la República Mexicana al cual se trasladará d) El tiempo de estancia e) Ubicación del domicilio en el que permanecerá. Ciudad, colonia, calle y número de nomenclatura f) Número de teléfono, para su eventual y justificada localización, por parte del Tribunal g) Fecha de regreso a la ciudad h) Medio de transporte de salida y regreso i) Persona o personas, que se responsabilicen en su salida de la ciudad y regreso. A" De lo anterior se advierte que se restringió el cambio de residencia habitual del menor en forma unilateral, así como también previno a la actora para que informara respecto de los viajes del menor dentro del territorio nacional. No obstante, y en suplencia de la deficiencia de la queja, esta Sala advierte que si bien se concedió la autorización con las restricciones que anteceden, lo cierto es que, no se estableció que [**********] tampoco se encuentra facultada par sacar del país al menor sin el consentimiento del padre o en su caso autorización judicial, además de que el aviso respecto de los viajes dentro del territorio nacional, siempre deben ser con anticipación y no al regreso del viaje, ello en virtud de que el padre también ejerce la patria potestad del menor y por ende tiene derecho a saber con anticipación a donde será trasladado su hijo. [.] De dicha trascripción destaca que la Magistrada de la Sala Familiar Regional, confirmó lo determinado por el Juez Familiar en lo relativo a otorgar la autorización judicial para la expedición del pasaporte mexicano a favor del menor de edad, así como las providencias de protección en la movilidad; agregando a éstas, que ********** no se encuentra facultada para sacar del país al menor, sin el consentimiento del padre, o en su caso, autorización judicial; así como que en caso de que realice viajes dentro del territorio nacional, el aviso deberá realizarle con anticipación, y no, al regreso del mismo. Atento a ello, debe decirse que, respecto a las providencias de protección decretadas por el Juzgador de origen; así como a lo ordenando por la Magistrada responsable, de presentar aviso con anticipación en caso de realizarse viajes dentro del territorio nacional, y no al regreso del mismo; los conceptos de violación esgrimidos son ineficaces, porque controvierten cuestiones que fueron consentidas por la quejosa Claudia Susana Martínez Jardón, al no haber impugnado la interlocutoria dictada el nueve de febrero de dos mil veintiuno a través del recurso de apelación; pues únicamente el tercero interesado **********, se inconformó en contra de dicha determinación. En efecto, el tercero interesado ********** interpuso recurso de apelación y derivado de ello fue modificada la interlocutoria recurrida; sin embargo, dicha modificación recayó únicamente, en cuanto a que la justiciable Claudia Susana Martínez Jardón no se encuentra facultada para sacar del país al menor, sin el consentimiento del padre, o en su caso, autorización judicial; confirmando las medidas de protección decretadas por el Aquí. Del mismo modo, en lo relativo a los avisos de viaje que debe comunicar la aquí quejosa, y que el Juez de origen determinó, la Magistrada responsable, únicamente refirió que éstos deben presentarse con anticipación, y no, al regreso de los mismos. Por tanto, si desde la primera instancia se impusieron medidas de protección en la movilidad del menor, y la quejosa estaba inconforme con dicha circunstancia, como ahora lo refiere, es inconcuso que debió impugnar dicha interlocutoria mediante el recurso de apelación, para que tales cuestiones fueran analizadas por la sala responsable y formaran parte de la litis de segunda instancia, pues de lo contrario no es dable acoger dichos conceptos de violación al constituir aspectos consentidos que no derivaron de la resolución emitida en la segunda instancia y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 111/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 5, registro digital 164642, que a la letra dice: ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CUANDO EL RECURSO LO INTERPONE PERSONA DIVERSA AL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO. La resolución dictada en segunda instancia que confirma o modifica en parte a la recurrida, no constituye un acto derivado de otro consentido cuando el recurso lo interpone persona diversa al quejoso en el juicio de amparo, en virtud de que, por un lado, dicha resolución no siempre es una consecuencia necesaria y directa de la primera y, por otro, porque para determinar que un acto es derivado de otro consentido es indispensable estudiar los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo a efecto de verificar si las consideraciones impugnadas fueron adoptadas desde el primer fallo o en el de segundo grado, que constituye el acto reclamado. De manera que la falta de impugnación de la sentencia primigenia no conduce a la improcedencia del juicio de garantías sino, en su caso, a la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer respecto de consideraciones sustentadas en el fallo de primera instancia, por no reclamarse mediante el recurso ordinario correspondiente, por parte del quejoso. En efecto, mediante el análisis de los conceptos de violación aducidos puede determinarse si efectivamente la sentencia de segunda instancia que se reclama, depara o no un mayor o diverso perjuicio al peticionario de garantías que la sentencia de primera instancia en contra de la cual no interpuso el recurso ordinario, toda vez que el juzgador estará en aptitud de analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación y determinar si los argumentos vertidos en ellos se refieren a cuestiones relativas a la sentencia primigenia, o bien, si la resolución dictada en el recurso ordinario contiene una consideración diversa que causa perjuicio al quejoso, la cual es susceptible de análisis en el amparo por no haber sido consentida por aquél. Así como la tesis (IV Región) 2o.27 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Undécima Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2023488, del rubro y texto: RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 676 Y 677 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO. DEBE AGOTARLO EL VENCEDOR CUANDO ALGUNA DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO LE AFECTARON PUES, DE NO HACERLO, DEBEN ASUMIRSE COMO CONSENTIDAS. Conforme a los artículos 676 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, el único que tiene vedado apelar es el litigante que obtuvo todo lo que pidió, aunque en términos de lo dispuesto en el artículo 678 del propio ordenamiento, tendrá expedito su derecho para formular recurso de apelación adhesivo, en caso de que su contraparte se inconforme; por el contrario, el litigante que aun siendo vencedor considere haber sufrido algún agravio, está legitimado para apelar mediante un recurso principal, incluso, con el único propósito de que la alzada confirme el sentido del fallo apelado. Ello obedece a que la apelación adhesiva no constituye propiamente un medio ordinario de defensa, pues su finalidad consiste en fortalecer o mejorar las consideraciones vertidas por el Juez de primera instancia. En cambio, el recurso de apelación "principal" es un medio de defensa que tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la sentencia dictada por el a quo, por lo que deberá agotarlo la parte vencedora que la considere deficiente o contraria a sus pretensiones, aun siéndole favorable. Luego, en caso de que el vencedor no interponga el recurso de apelación principal y la alzada considere fundados los agravios de su contraparte, revocará el fallo de primera instancia y asumirá plena jurisdicción, la cual estará acotada a los temas que no fueron materia de pronunciamiento en el fallo apelado, es decir, el principio de plenitud de jurisdicción no implica analizar oficiosamente la legalidad de lo decidido respecto de tópicos que no fueron impugnados por las partes, a pesar de que les fueron adversos, por lo que el tribunal de alzada estará impedido para emitir un pronunciamiento novedoso respecto de las consideraciones de la sentencia natural que afectaron a quien no las apeló, las cuales deben asumirse como consentidas. Precisado lo anterior, procede el estudio respecto de la determinación de la Magistrada señalada como responsable, en el toca 172/2021, relativo a que Claudia Susana Martínez Jardón, no se encuentra facultada para sacar del país al menor, sin el consentimiento del padre, o en su caso, autorización judicial. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos, pues aún y cuando la Magistrada de origen determinó no tomar en consideración los agravios expresados por el tercero interesado **********, ello en virtud de haber sido presentados de manera extemporánea, según se advierte del proveído de veintisiete de mayo del año que transcurre; la autoridad actuó con apego a lo establecido en el artículo 4º Constitucional, del que se colige que tratándose de asuntos en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad, es obligatorio para las autoridades jurisdiccionales suplir la deficiencia de la queja en su favor. En efecto, la obligación de suplir la queja deficiente en favor del menor, instituida en el artículo 4º Constitucional, está dirigida a todas las autoridades jurisdiccionales que conozcan del asunto en el juicio ordinario, inclusive en los recursos procedentes en los que se controviertan los derechos de un menor o incapaz de cualquier edad, dado el estado de desprotección natural en que tal circunstancia los ubica. Por otro lado, de acuerdo con la tesis 2a. LXXV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha obligación debe hacerse extensiva a los tribunales de primera y segunda instancias que conozcan de asuntos en los que se controviertan los derechos de un menor de edad, ya que si bien el mandato constitucional está dirigido a las autoridades federales que conocen del amparo, por lógica comprende a cualquier autoridad a quien corresponda la decisión de la controversia, pues de no ser así, la suplencia oficiosa se limitaría al momento en que el asunto llegue al juicio de amparo, ya que razonarlo de esta manera provocaría un prolongado estado de riesgo para el menor y sus intereses durante la tramitación de las instancias ordinarias. De ahí que no puede de alguna manera afirmarse que se esté favoreciendo a uno de los progenitores en detrimento de los derechos del menor A.E.P.M., al suplirse la queja con motivo de la concesión de la autorización judicial para la expedición del pasaporte mexicano, además de la imposición de la medida de protección de movilidad, a saber, que en caso de que el menor salga del país, la madre custodia deberá de contar con el consentimiento del padre o en su caso de autorización judicial. En este mismo sentido, debe tenerse en consideración que los artículos 388, 389, 390, 391, fracción I, del Código Civil del Estado de Chihuahua, son del tenor literal siguiente: 388. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 389. Los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deben ejercerla conforme a la ley. 390. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con las leyes relativas a la rehabilitación de menores. 391. La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce: I. Por el padre y la madre; (.) 393. En caso de separación de los que ejercen la patria potestad, podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Si existe desacuerdo, el juez resolverá lo conducente oyendo, en su caso, al Ministerio Público, al organismo para la asistencia social pública estatal o municipal, según corresponda, a través de su respectiva Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social o dependencia equivalente, o al especialista que por ejercicio de su profesión conozca del hecho. De la intelección de los artículos en cita, puede concluirse que la patria potestad es una institución de derecho de familia, cuyo objetivo es, la asistencia, protección y representación de los niños y niñas cuya filiación esté clara y legalmente establecida. Para cumplir con este objetivo, se atribuyen una serie de facultades, derechos y deberes a los ascendientes, así como a los descendientes. Así, la patria potestad se transforma en una función social en la cual está directamente interesado el Estado y que atiende, con mayor énfasis, al interés superior de los niños y niñas. En este sentido, el numeral 389 del citado código civil, prevé que los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deben ejercerla conforme a la ley. A su vez, el ordinal 390 establece que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con las leyes relativas a la rehabilitación de menores, de ahí que debe tenerse claro que la custodia del menor implica el tener bajo su cuidado al hijo, pero no más derechos sobre él que el progenitor no custodio. Por tanto, y conforme a lo prevenido en los artículos en comento, es dable concluir que ambos progenitores tienen la obligación de comunicarse las cuestiones que afecten a sus hijos, lo que conlleva la obligación de asegurarse que sus hijos tengan una vida de calidad, protegiendo así su derecho a un sano desarrollo de la personalidad, De ahí que, al ejercer ambos padres la patria potestad de su menor hijo, mientras que la madre ********** cuenta con la guarda y custodia, uno y otro están en aptitud de ejercer sus derechos; con todo, a consideración de esta Juzgadora, la Magistratura responsable se inclinó en favor del derecho del menor, sin que se advierta una injerencia arbitraria en el proyecto de vida de las partes, pues velando por el interés superior del menor, confirmó la resolución pronunciada por el Aquo, determinando la obtención del pasaporte mexicano con autorización judicial y estableciendo como medida de protección el contar con el consentimiento del padre, o en su caso, con autorización judicial, para cuando el menor viaje al extranjero, pero el sustento y el móvil de tal determinación fue el interés superior del menor, pues aún y cuando la quejosa refiere ejercer como doctora especialista en oftalmología desde hace catorce años y ser socia de visual corporativo Jardón, en esta ciudad, ello no implica que el padre pierda sus derechos, máxime que no existe constancia de que se haya resuelto en definitiva el asunto de origen y que así se haya determinado. Por consiguiente, contrario a lo expuesto por la quejosa, la autoridad tomó en consideración los motivos que originaron solicitar la suplencia de autorización judicial para la obtención del pasaporte mexicano a favor del menor - fue promovida únicamente a efecto de que dicho infante contara con una identificación oficial-; de ahí que resulta congruente que se dicten medidas de protección respecto de la movilidad de **********., pues éste es un documento de viaje que se expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección. Por lo que es inconcuso que los dos padres deben resolver de común acuerdo sobre los viajes al extranjero de su menor hijo, y en defecto de convenio, debe ser el Juez competente el que determine todo lo conducente a la formación y educación del menor, entre lo que destaca lo relativo al lugar al que podría viajar, pues no es posible que sin una debida justificación se distancie a los hijos de sus padres, en tanto esto puede implicar una separación fundamental. Máxime que debe tomarse en consideración que dicha medida de protección no implica que exista una restricción a la movilidad del menor para que asista a eventos deportivos, culturales, educacionales, o participe en los mismos, entre otros, o que restringa la convivencia con su familia y amigos, pues como ya se dijo, la madre custodia se encuentra en total aptitud de solicitar la autorización judicial para que el menor viaje al extranjero, cuando el padre se niegue a prestar su autorización. Del mismo modo, resulta infundado lo expuesto por la quejosa, en el sentido de que se inaplicó a su favor el principio de convencionalidad, a saber los derechos humanos comprendidos en los artículos 1º, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numerales que en lo conducente establecen: 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente 29. Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Artículo 12 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Artículo 13 El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. Lo anterior es así, pues de acuerdo con el artículo 3, número 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior de éstos(as) es una consideración primordial; la cual fue observada por la Magistrada del proceso, tal y como se precisó con antelación. Del mismo modo, la resolución materia de impugnación, se encuentra debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. En ese contexto, una vez analizado el fallo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se advierte que la Magistrada cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la quejosa pudo conocer los preceptos legales que facultaron a la Magistrada responsable a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantizó su derecho de audiencia, así como a impugnar la resolución que reclama, y que aquí se resuelve. Sin que, con ello, se contrarie el derecho a circular libremente de su menor hijo, pues de los artículos 11 Constitucional, 7 de la Ley de Migración, 22, numerales 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende el derecho a la libertad de circulación y residencia internacional, en virtud del cual toda persona tiene el derecho para entrar y salir libremente del país, sin más limitación que el cumplimiento de lo que disponen las leyes administrativas, siempre y cuando éstas sean en la medida indispensable en una sociedad democrática, encaminadas a prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. En ese sentido, el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra en favor de los infantes el derecho a salir de cualquier país y entrar en el propio, con miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros, el cual no se encuentra sujeto a limitación alguna, pues la Convención señala que los Estados Partes deben atender la petición en sentido positivo; sin embargo, ese derecho sólo puede restringirse por ley que sea necesaria para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, de los antecedentes narrados, no se advierte que la autoridad jurisdiccional revisora haya restringido el libre tránsito de su menor hijo, sino que le impuso la obligación de dar aviso cuando el menor realice viajes al extranjero, por lo que deberá de contar con autorización del padre o la autoridad jurisdiccional; de ahí que dichas providencias precautorias fueron dictadas con el fin de evitar que algún padre pueda frustrar deliberadamente la realización de los derechos del menor. Misma consideración se realiza respecto a los actos de ejecución reclamados Al Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca 172/2021. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del menor **********., y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **********, por propio derecho y en representación del menor de iniciales **********., en contra de los actos que reclamó a la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos y al Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, por los motivos expuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual, ****, se apersona al presente juicio como tercero interesado y solicita autorización para consultar el expediente electrónico, bajo el usuario registrado como "DANIEL50" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, en atención a su solicitud expresa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al tercero interesado para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Por otra parte, se tiene al promovente, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, al licenciado Daniel Villanueva Cano, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en los numerales 27, fracción I y 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, por así haberlo solicitado. Notifíquese vía electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
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