Claudia Moron Díaz

Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
916/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Claudia Moron Díaz y Otros.
  • Claudia Moron Díaz
  • Jaime Fernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de diciembre del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ****** en su calidad de defensora particular de ******, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales al no haber sido exhibidos por la parte quejosa.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: "Desahogo de la prevención de demanda. A sus autos el escrito de ********** en su calidad de defensora particular de **********, por medio del cual desahoga la prevención que le fuera formulada el uno de diciembre de dos mil veintiuno. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Para lo anterior, se destacan los antecedentes siguientes: En el Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Base Apaseo el Grande, se instruye la causa penal ********** al imputado aquí quejoso **********, por los delitos de posesión simple de narcóticos y robo equiparado. Seguidos los trámites legales el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia intermedia dentro de dicha causa penal. Inconforme con la exclusión de diversos medios de prueba que determinó el juez en la audiencia inicial el asesor jurídico interpuso recurso de apelación (toca **********, el cual resultó fundado y por tanto, se revocó la resolución apelada para que en una nueva audiencia se resolviera sobre la utilidad y pertenencia de los medios de prueba ofrecidos por el asesor jurídico. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró de nueva cuenta la audiencia intermedia donde el asesor jurídico expuso sus argumentos sobre las pruebas ofertas, consistentes en una testimonial y una documental pública. El juez de la causa admitió dichos medios de prueba en la referida audiencia (acto reclamado). La parte hoy quejosa estimó que dicha actuación judicial no era apegada a derecho y que no se había cumplido con lo determinado en el recurso de apelación (**********). Ahora bien, la parte quejosa acude a la instancia constitucional para reclamar la actuación judicial que admitió los medios de prueba ofrecidos por el asesor jurídico de la parte ofendida, consistentes, en una testimonial y una documental pública; de lo anterior se advierte: Que los actos controvertidos fueron dictados en la causa penal **********. Que el aquí quejoso es parte dentro de dicho procedimiento. Que el juicio de origen se encuentra en trámite. En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, materia común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la determinación emitida por el juez responsable en audiencia intermedia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se admitieron los medios de prueba ofertados por el asesor jurídico, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente. Lo anterior es así porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del quejoso, pues, se reitera, se negó a admitir los medios prueba ofrecidos por el promovente del amparo, lo que incide en un acto meramente procesal. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no pueden estimarse como de imposible reparación, puesto que la no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales. En efecto, los actos reclamados constituyen una violación procesal reclamable en amparo directo, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo. Máxime que no se está en alguno de los supuestos de ejecución irreparable a que ha hecho referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, concretamente a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas. Lo anterior encuentra fundamento, en lo conducente, en la tesis I.5o.P.51 P (10a.), número de registro 2014367, legible en la página 1909, libro 42, mayo de 2017, tomo III, Gaceta Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio está conformada por un conjunto de actos procesales (una fase escrita y una oral), que inicia con la presentación de la acusación y culmina con la resolución que decide la apertura a juicio oral; en dicha fase procesal tiene lugar, entre otros, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Bajo esta perspectiva, si el Juez de control no acuerda de conformidad la petición de una de las partes de excluir o inadmitir los medios de prueba que le son solicitados, esa determinación no constituye un acto en juicio y, además, sus efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal (esto es, sin afectación directa e inmediata), respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por lo que, en todo caso, es susceptible de impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva." Así como la diversa tesis XXVII.3o.37 P (10a.), número de registro 2014902, legible en la página 2931, libro 45, agosto de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de La Federación, Décima Época, que establece: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio en la vía indirecta procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, entendiendo por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos; en cambio, en términos del su numeral 173, apartado B, fracciones X y XIX, las violaciones del procedimiento entre las cuales se encuentra la relativa a no recibir al imputado los medios de prueba que ofrezca, son susceptibles de análisis en conceptos de violación en la vía directa, siempre que trasciendan a la defensa del quejoso. Luego, la exclusión de medios de prueba dentro de la audiencia celebrada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio y oral, por regla general, no es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del imputado, como el de defensa adecuada, antes bien, es una actuación procesal susceptible de apelarse y de hacerse valer como violación procesal en amparo directo, siempre que dicha exclusión trascienda al resultado del fallo, momento procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada, o algún otro, sin que la circunstancia de que el proceso penal acusatorio comprenda distintas etapas independientes entre sí, justifique considerar aspectos procesales como de imposible reparación." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Precisión Cabe puntualizar que el criterio aquí sostenido -admisión de pruebas- es de identidad jurídica a lo reclamado en el juicio de amparo ********** de nuestra estadística -exclusión de pruebas- y que fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja ********** del índice de dicho órgano colegiado".

  3. Principal

    a) Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por ****** en su calidad de defensora particular de *********, contra de actos del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado B, fracción I y VI constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 916/2021-II. b) Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: 1. Manifieste si en contra de la determinación emitida en la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno en la causa penal ******, promovió algún recurso o medio de impugnación, de ser el caso, indique el número de expediente, ante que órgano se tramita y el estado procesal del mismo. 2. Especifique en forma clara y precisa quién promovió el recurso de apelación radicado bajo el toca número ********, en contra de qué determinación, y el sentido en que se resolvió el citado recurso; así como la fecha en que le fue notificada esa resolución y por conducto de quién. 3. Precise si en contra de la resolución que recayó al recurso de apelación ******** promovió juicio de amparo, de ser el caso, indique el número de expediente, ante que órgano se tramita y el estado procesal del mismo. 4. Si en la citada diligencia -diez de noviembre de dos mil veintiuno- se resolvió con relación a las pruebas ofertadas por la parte ofendida con base en lo ordenado por el tribunal de apelación en el toca número *******; en su caso precise con exactitud lo que resolvió la autoridad señalada como responsable respecto de tales pruebas. 5. Qué acto en concreto le reclama al Agente del Ministerio Público del nuevo sistema penal acusatorio, toda vez que omitió especificarlo, debiendo señalar la fecha en que le fue notifico el acto que le atribuya. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por la propia promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, dos para las autoridades responsables, dos par el incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Apercibido el quejoso que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." c) Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado ********. Sin que haya lugar a tener como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, quien de la certificación de cuenta, se advierte que tiene inscrita cédula profesional federal en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que esta promueve en su calidad de defensora particular del quejoso. De igual forma, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico que indica, donde se puede establecer medios de contacto en los casos que resulte procedente. Ahora, no obstante que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Guanajuato, Guanajuato, como lo señala en la demanda, y esta fue promovida por su defensa particular por lo que no ha lugar a notificarle en su lugar de reclusión. d) Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  4. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: "a) Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por ****** en su calidad de defensora particular de *********, contra de actos del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado B, fracción I y VI constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 916/2021-II. b) Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: 1. Manifieste si en contra de la determinación emitida en la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno en la causa penal ******, promovió algún recurso o medio de impugnación, de ser el caso, indique el número de expediente, ante que órgano se tramita y el estado procesal del mismo. 2. Especifique en forma clara y precisa quién promovió el recurso de apelación radicado bajo el toca número ********, en contra de qué determinación, y el sentido en que se resolvió el citado recurso; así como la fecha en que le fue notificada esa resolución y por conducto de quién. 3. Precise si en contra de la resolución que recayó al recurso de apelación ******** promovió juicio de amparo, de ser el caso, indique el número de expediente, ante que órgano se tramita y el estado procesal del mismo. 4. Si en la citada diligencia -diez de noviembre de dos mil veintiuno- se resolvió con relación a las pruebas ofertadas por la parte ofendida con base en lo ordenado por el tribunal de apelación en el toca número *******; en su caso precise con exactitud lo que resolvió la autoridad señalada como responsable respecto de tales pruebas. 5. Qué acto en concreto le reclama al Agente del Ministerio Público del nuevo sistema penal acusatorio, toda vez que omitió especificarlo, debiendo señalar la fecha en que le fue notifico el acto que le atribuya. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por la propia promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, dos para las autoridades responsables, dos par el incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Apercibido el quejoso que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." c) Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado ********. Sin que haya lugar a tener como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, quien de la certificación de cuenta, se advierte que tiene inscrita cédula profesional federal en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que esta promueve en su calidad de defensora particular del quejoso. De igual forma, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico que indica, donde se puede establecer medios de contacto en los casos que resulte procedente. Ahora, no obstante que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Guanajuato, Guanajuato, como lo señala en la demanda, y esta fue promovida por su defensa particular por lo que no ha lugar a notificarle en su lugar de reclusión. d) Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."

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