Claudia Romero Macías
Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Claudia Romero Macías
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de seis de los actuales, en la que se desechó la demanda de amparo intentada, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, se declara que causó estado esa resolución. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.
- Principal
Vista la demanda presentada por ***********, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 8/2023-1. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la ley. De la anterior porción normativa se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por aquellos contra los cuales no se promueva amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, el aludido arábigo 17 en su primer párrafo indica que el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, en los cuales prevé un plazo distinto. En el caso en análisis, la parte quejosa reclama la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca ***********, de la estadística de la autoridad responsable, en la que desechó el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente civil ***********, que resolvió el incidente de gastos procesales interpuesto por su contraparte, por extemporaneidad; por lo que al no constituir un acto de los previstos en los supuestos de excepción del numeral 17 de la ley, toda vez que no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, es que la oportunidad para interponer juicio de amparo contra ese acto, es el genérico de quince días. Luego, para verificar a partir de cuándo se debe computar el plazo aludido, es pertinente referir las reglas previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, del cual se obtienen los siguientes supuestos: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte impetrante se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Se destaca que en las fracciones IV y V de su demanda de amparo, la quejosa precisó que la determinación combatida se le notificó por medio de instructivo de manera personal el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Bajo ese panorama, como se adelantó, es extemporánea la demanda de amparo, pues la quejosa tenía la obligación de promoverla dentro de los quince días siguientes al en que fue notificada de la resolución reclamada. Luego, esos quince días comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada, conforme a la ley que la regula, en este caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, al tratarse el de origen de un juicio civil, así el artículo 330 de dicha normativa establece que las notificaciones surtirán efectos el día siguiente en el que se practiquen; entonces, si la quejosa fue notificada personalmente por medio de instructivo el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por tanto, surtió efectos la notificación el veintiocho de noviembre siguiente y los quince días le transcurrieron del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós al cuatro de enero del año actual (descontándose de dicho plazo el doce de diciembre de dos mil veintidós y el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero del año actual, por ser inhábiles para la responsable). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada hasta el cinco de enero reciente, según se desprende del sello oficial de oficialía de partes, implica asumir que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, junio de 1996, página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO)". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, el usuario: "***********", en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. Consecuentemente, la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En el entendido que, si su alta o información proporcionada no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, ya que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********; toda vez que no proporcionaron su cédula ni dato alguno a efecto de verificar que se encuentren registrados en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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