Claudia Romero Macías

Expediente 926/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Claudia Romero Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********** sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por *******************, en contra de actos de la magistrada supernumeraria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otra autoridad, por violaciones a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 926/2022-5. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, en virtud de actualizarse un motivo de improcedencia que torna innecesaria su admisión. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, que cuando se impugnan actos dentro de un procedimiento jurisdiccional, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es replicado por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, debiéndose entender por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y, Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De esta forma, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En el caso, acorde a lo establecido por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, el acto reclamado en forma destacada lo es la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca **************/2022, que dirimió el recurso de apelación propuesto por la parte demandada incidental -aquí quejosa- en contra del auto de diecisiete de junio del dos mil veintidós. El acto reclamado le es atribuido a la magistrada supernumeraria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. De igual modo, de lo manifestado por la parte promovente en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad y por ende con eficacia probatoria, en términos de lo establecido por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: La quejosa Claudia Romero Macías, tiene carácter de demanda principal y demandada incidentista dentro del juicio civil ****************/2020 radicado ante el Juzgado Segundo Civil de Partido en esta ciudad. Que dentro del expediente, la parte contraria de la aquí quejosa promovió incidente de liquidación de costas judiciales en contra de la directa agraviada. Que la parte quejosa contestó la demanda incidental, y ofreció la prueba confesional a cargo de la actora, señalándose fecha y hora para su desahogo. El diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la inasistencia al desahogo de la prueba confesional de mérito, la aquí quejosa solicitó se declara confesa a la absolvente de las posiciones que fueran calificadas de legales, de las cuales, con excepción de la sexta y octava, así sucedió. Inconforme con la determinación anterior, la directa agraviada interpuso recurso de apelación, mismo que fue radicado por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el toca ****************/2022. Derivado de lo anterior, mediante resolución de treinta y uno de agosto pasado, la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, ordenó modificar el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en el mencionado incidente que deriva del juicio civil de origen ******************/2020 para calificar de legal las posiciones sexta y octava. Esta resolución de alzada constituye el acto reclamado en forma destacada en esta instancia constitucional. Ahora, lo que precede revela que la determinación cuestionada en forma destacada no es un acto de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones dentro del incidente de liquidación de costas procesales, que en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución incidental correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 38/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de dos mil uno, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/302, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página dos mil quinientos noventa y cuatro, de rubro y testo: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." De igual modo, ilustra lo determinado en párrafos que anteceden, la tesis V.2o.225 K, consultable en la página 354 del tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, MIENTRAS NO SE DICTE LA ULTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Según lo previene el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución respectivo, los actos realizados dentro del propio procedimiento de ejecución carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional, de ahí que si la quejosa estima que un proveído dictado durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia resulta violatorio de garantías, debe decirse que solamente cabe la impugnación de éste en amparo, cuando se haya pronunciado la última resolución en tal procedimiento." En estas condiciones al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Claudia ********************* Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que al efecto se llevan en este juzgado federal. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en el despacho setecientos siete (707) avenida **********************. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *************** quien, como se advierte de la certificación de cuenta, tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que precisa en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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