Claudia Medrano Espinoza
Expediente 487/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Claudia Medrano Espinoza
Actuaciones
- Principal
Firmeza del auto de desechamiento; se ordena el archivo susceptible de destrucción.
- Principal
Recepción de oficio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar de los Partidos Judiciales de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, al que se anexó el original de la demanda de amparo promovida por ********************, con un anexo en copia simple de la resolución de tres de mayo pasado y copia certificada del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, ambos dictados en el juicio F-********************/2023 del índice de la oficiante. Registro del expediente Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 487/2023-1. Integración de expediente. Desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma impone la obligación a los jueces de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, se trae a cuenta como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el presente asunto ya es materia del diverso juicio de amparo 432/2023-1 del índice de este tribunal pendiente de resolverse, el cual fue promovido por la misma quejosa, contra los mismos actos reclamados y en el que se encuentra señalada como autoridad responsable el Juez de Oralidad Familiar de Uriangato, Guanajuato. Ante ese contexto, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si este se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De los datos que constan en el registro de juicios de amparo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que ante este órgano de control constitucional, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************, la cual fue registrada con el número 432/2023-1, en contra de la misma autoridad y por los mismos actos reclamados que señala en la demanda que se recibe del juez responsable, siendo admitida, previa prevención, el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, sin que a la fecha se haya dictado la resolución respectiva. Ahora bien, de los datos precisados en el juicio de amparo 432/2023-1 del índice de este juzgado federal, se advierte que se trata de la misma demanda de amparo presentada en la misma fecha (diecisiete de mayo de dos mil veintitrés), en dos momentos distintos, a saber: una ante la autoridad responsable y otra en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, promovida por la misma quejosa, ********************, mismos actos reclamados y misma autoridad responsable, lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo ese contexto, como se anunció, una vez analizada la demanda de amparo que se atiende, se desprende que los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables, son los mismos. De ahí, que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados, ya que tal cuestión será motivo de análisis en el diverso asunto 432/2023-1 a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar aquél tema, pues de hacerlo así, implicaría que la parte quejosa, pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Lo que hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia, en virtud de que, se insiste, la constitucionalidad del acto que reclama la promovente, es materia de análisis en el diverso juicio constitucional 432/2023-1 del índice de este Juzgado y, por ende, en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones X, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Domicilio procesal Toda vez que la parte quejosa señaló expresamente como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso a través de la lista de este juzgado, en razón de que del capítulo IV, denominado: "Notificaciones", no se aprecia la existencia de los estrados. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, página 1067, intitulada: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Autorizados Se tiene a ********************, ********************y ********************como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y ******************** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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