Ciro Jimy Jimenez Ramos

Expediente 892/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
892/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Ciro Jimy Jimenez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 892/2020-II. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 892/2020 Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN. Se recibe la demanda de amparo promovida por * contra actos del Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda,.., se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 1131 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De la lectura integral de la demanda, se advierte: * promueve dicha demanda por propio derecho, sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquél. Por el contrario, el referido escrito fue presentado en línea a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la firma electrónica (FIREL) de dicha demanda corresponde a *, con lo que se concluye que * no asentó su firma electrónica en dicha demanda de amparo. ..., la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica del supuesto quejoso Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero, en la especie, el promovente señaló como acto reclamado: ".la resolución del recurso de inconformidad de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, relativa a la autorización de la determinación de no ejercicio de la acción penal resuelta dentro de la averiguación previa * lo cual en ningún momento constituye un acto fuera de procedimiento; sobre todo, el acto reclamado no es restrictivo de libertad en perjuicio de la parte quejosa, pues este tiene el carácter víctima en la averiguación previa. Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por * no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el quejoso se encuentre incomunicado de modo tal que esté impedido para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho; sobre todo, porque en el documento digitalizado se aprecia una firma autógrafa que, al parecer, pudiera corresponder al directo quejoso. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica del promovente, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada". Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 15/2020 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular *, presentó -al parecer- la demanda de amparo; pero, omitió agregar la evidencia criptográfica respectiva; y, en su lugar, agregó la de *, es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada"; sobre todo, porque como ya se explicó, en párrafos precedentes, el supuesto promovente no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica o a través de una firma electrónica distinta. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. En virtud de lo anterior, se ordena a la Analista Jurídico SISE realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, y autorizados en los mismos términos a las personas que refiere por así haberlo solicitado. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María De Lourdes Maldonado Castañeda por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIÓN DE LAS PARTES. Por otro lado, respecto al correo electrónico que proporciona a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y atención a la manifestación expresa de reserva de datos personales tanto del quejoso como de sus autorizados, se ordena salvaguardar la información personal de estos, así como toda aquella que se considere de carácter confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se hace saber al quejoso que si a su interés conviene desde este momento se le autoriza hacer uso de los medios electrónicos que estén a su alcance tal y como lo dispone la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó que las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, podrán imponerse de los acuerdos dictados en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del poder judicial de la federación, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores óptico. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá suprimir la información que en su caso resultare ser de carácter confidencial y reservado. Empero, tal supresión se realizará solo si lo permiten las constancias que se desee fotografiar, de lo contrario deberá solicitar copia certificada de las constancias respecto de las cuales, también suprimirán los datos personales. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 892/2020 Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veinte. RADICACIÓN. Se recibe la demanda de amparo promovida por * contra actos del Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda,.., se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 1131 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De la lectura integral de la demanda, se advierte: * promueve dicha demanda por propio derecho, sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquél. Por el contrario, el referido escrito fue presentado en línea a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la firma electrónica (FIREL) de dicha demanda corresponde a *, con lo que se concluye que * no asentó su firma electrónica en dicha demanda de amparo. ..., la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica del supuesto quejoso Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero, en la especie, el promovente señaló como acto reclamado: ".la resolución del recurso de inconformidad de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, relativa a la autorización de la determinación de no ejercicio de la acción penal resuelta dentro de la averiguación previa * lo cual en ningún momento constituye un acto fuera de procedimiento; sobre todo, el acto reclamado no es restrictivo de libertad en perjuicio de la parte quejosa, pues este tiene el carácter víctima en la averiguación previa. Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por * no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el quejoso se encuentre incomunicado de modo tal que esté impedido para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho; sobre todo, porque en el documento digitalizado se aprecia una firma autógrafa que, al parecer, pudiera corresponder al directo quejoso. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica del promovente, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada". Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 15/2020 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular *, presentó -al parecer- la demanda de amparo; pero, omitió agregar la evidencia criptográfica respectiva; y, en su lugar, agregó la de *, es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada"; sobre todo, porque como ya se explicó, en párrafos precedentes, el supuesto promovente no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica o a través de una firma electrónica distinta. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. En virtud de lo anterior, se ordena a la Analista Jurídico SISE realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, y autorizados en los mismos términos a las personas que refiere por así haberlo solicitado. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María De Lourdes Maldonado Castañeda por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIÓN DE LAS PARTES. Por otro lado, respecto al correo electrónico que proporciona a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y atención a la manifestación expresa de reserva de datos personales tanto del quejoso como de sus autorizados, se ordena salvaguardar la información personal de estos, así como toda aquella que se considere de carácter confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se hace saber al quejoso que si a su interés conviene desde este momento se le autoriza hacer uso de los medios electrónicos que estén a su alcance tal y como lo dispone la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó que las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, podrán imponerse de los acuerdos dictados en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del poder judicial de la federación, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores óptico. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá suprimir la información que en su caso resultare ser de carácter confidencial y reservado. Empero, tal supresión se realizará solo si lo permiten las constancias que se desee fotografiar, de lo contrario deberá solicitar copia certificada de las constancias respecto de las cuales, también suprimirán los datos personales. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

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