Cinthia Sánchez Nolasco

Expediente 252/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
252/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Cinthia Sánchez Nolasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Se agrega al expediente el oficio del Asesor Jurídico ++, el cual se encuentra dirigido al juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, se advierte del mismo que no corresponde a este asunto. En tales condiciones, se ordena devolver el comunicado de cuenta a la autoridad oficiante, para que lo dirija de manera correcta al juicio de amparo que corresponda.

  2. Incidental

    Se agrega sin realizar pronunciamiento la razón de la actuaria adscrita, por el cual manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 11581/2018 al Jefe de Personal Administrativo adscrito a la Delegación Puebla de la Procuraduría General de la República. La determinación de agregar la razón actuarial sin realizar mayor pronunciamiento, se debe a que dicha autoridad, se tuvo por inexistente en resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    Se agrega el escrito de cuenta de la quejosa +++, por el cual se desiste en su perjuicio del presente juicio por así convenir a sus intereses. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 fracción I inciso d) y 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, comparezca a este órgano y ratifique su desistimiento, apercibida que de omitir hacerlo, se continuará el juicio de protección hasta su total conclusión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO". Por último, se requiere a la promovente para que en la diligencia de ratificación, exprese su consentimiento con la decisión que se asuma a raíz del desistimiento, en términos del artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  4. Incidental

    II. Fundamentos Jurídicos: II.1. La parte quejosa reclama el oficio VIII-219/2018, de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitido en la carpeta de investigación ++++ mediante el cual se le solicitó comparecer el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho a las dieciocho horas, al parecer con la posibilidad de que la quejosa sea privada de su libertad. II.2. El Titular de la Agencia Octava Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, al rendir su informe previo aceptó el acto reclamado. Por tanto, se concede la suspensión definitiva solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad a la quejosa con motivo del citatorio dictado en su contra, hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la ejecutoria que se dicte en el expediente principal del cual deriva el presente incidente, en los términos y con los lineamientos que a continuación se establecen: Si el acto restrictivo de libertad reclamado ha omitido ejecutarse, se concede la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente tienen y deje de ser ejecutada la orden de privación de libertad. Por lo que la quejosa queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la ejecutoria que se dicte en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. Pero si la orden ya fue cumplida por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, por el hecho de que la quejosa resulte probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para que sea puesta de inmediato a disposición del fiscal investigador o de trámite, para que éste determine la libertad o su retención en el plazo y en los términos que permite el párrafo décimo del artículo 16 de la constitución federal. En caso de que el Ministerio Público ya hubiese acordado la detención de aquélla, la suspensión se concede para que se realice la consignación a la autoridad judicial, en el plazo correspondiente del invocado artículo 16; y si la detención hubiera obedecido a flagrancia o urgencia, la suspensión también obliga a la consignación respectiva de haberse acreditado, por lo que si fuera inexistente se le deberá poner en inmediata libertad. En tanto que si la orden reclamada se refiere a delitos cuya gravedad y conforme a la ley secundaria aplicable se prohíba en forma expresa conceder este beneficio, o de ordenarse la detención por caso urgente, la suspensión en mención sólo producirá el efecto de que una vez realizada la detención, la quejosa quedará a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluida, y a disposición de la responsable para la consignación dentro del plazo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe "SUSPENSIÓN.PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA". Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte de la quejosa, en caso de negársele la protección, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite su domicilio particular, ocupación y salario percibido. Además, deberá otorgar una garantía económica a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de dos mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional ($2,500.00), ya sea en póliza de fianza, billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Garantía que se estima es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que el quejoso no pretenda evadir la acción de la justicia, el cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible para el quejoso. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja +++, del citado tribunal. La garantía deberá presentarla, dentro del plazo de tres días contados a partir de que sea notificada del presente acuerdo; y se fija de manera discrecional, pues se desconoce la naturaleza, modalidades y características del delito imputado y la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia por parte de la quejosa. También se establece el apercibimiento siguiente: en caso de que el quejoso omita exhibir la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por otro lado, de resultar cierto el acto reclamado, se ordena a la quejosa acudir dentro del plazo de tres días, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, a rendir declaración en la averiguación instruida en su contra o, en su caso, para intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días. Signifíquese al peticionario del amparo que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". III. Recapitulación de la Interlocutoria: Por lo expuesto y fundado: III.1. Se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso contra los actos y autoridades precisadas en el fundamento II.2.

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