Clara Gallardo Vázquez

Expediente 1250/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1250/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/01/2018

Partes del expediente

  • Clara Gallardo Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega al expediente la razón de la actuaria adscrita, por la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de diecinueve de enero del año en curso, por los motivos expuestos en ésta. En esas condiciones, se ordena notificar por lista a la parte quejosa el citado proveído y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Acuerdo de 19 de enero de 2018:De la certificación que antecede, se advierte que la quejosa fue omisa en ampliar su demanda de amparo dentro del plazo de quince días, que le fue concedido en auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se resuelve el presente asunto, con base en las constancias que obran en autos. Ahora, del estado procesal del expediente y de las constancias allegadas por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, destacan las relativas al auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como de su respectiva notificación, dictado dentro de la averiguación previa **, de los de su índice. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, que la quejosa ***, señaló como acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable, en acordar la petición realizada mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete. Ello es así, pues la quejosa presentó dicho escrito ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que le fueran expedidas copias certificadas de todo lo actuado dentro de la averiguación previa **. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que la responsable determinó el uno de diciembre de dos mil diecisiete, no acordar favorablemente la petición realizada por ***, misma que le fue notificada de manera personal en el domicilio que señaló en dicho escrito (fojas 24 a 33). Por lo tanto, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se afirma lo anterior, porque de las copias certificadas remitidas se advierte que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, acordó la petición realizada por ***, el tres de marzo del mismo año, notificada de manera personal al día siguiente; lo cual trae como consecuencia la cesación de efectos. Dichas copias certificadas anexas al oficio de la autoridad responsable, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en término de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Inclusive se corrobora lo anterior porque dicha petición fue acordada el uno de diciembre de dos mil diecisiete (en fecha posterior al trece de noviembre de dos mil diecisiete), actuaciones emitidas con posterioridad a la presentación de la demanda de protección de derechos, por eso resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto obligar a la responsable a que diera contestación a su escrito y, a pesar de haber requerido a la quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por la contestación otorgada, la quejosa dejó de cumplir con tal requerimiento y al inicio de este acuerdo se especificó el juicio de amparo se resolvería con las constancias que obran en este asunto. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, porque ya se llevó a cabo la emisión del respectivo acuerdo así como de su notificación, al grado de haber restituido a la quejosa en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías 1250/2017-III, promovido por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    De la certificación que antecede, se advierte que la quejosa fue omisa en ampliar su demanda de amparo dentro del plazo de quince días, que le fue concedido en auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se resuelve el presente asunto, con base en las constancias que obran en autos. Ahora, del estado procesal del expediente y de las constancias allegadas por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, destacan las relativas al auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como de su respectiva notificación, dictado dentro de la averiguación previa ***, de los de su índice. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, que la quejosa ***, señaló como acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable, en acordar la petición realizada mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete. Ello es así, pues la quejosa presentó dicho escrito ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que le fueran expedidas copias certificadas de todo lo actuado dentro de la averiguación previa ***. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que la responsable determinó el uno de diciembre de dos mil diecisiete, no acordar favorablemente la petición realizada por ***, misma que le fue notificada de manera personal en el domicilio que señaló en dicho escrito (fojas 24 a 33). Por lo tanto, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se afirma lo anterior, porque de las copias certificadas remitidas se advierte que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, acordó la petición realizada por ***, el tres de marzo del mismo año, notificada de manera personal al día siguiente; lo cual trae como consecuencia la cesación de efectos. Dichas copias certificadas anexas al oficio de la autoridad responsable, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en término de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Inclusive se corrobora lo anterior porque dicha petición fue acordada el uno de diciembre de dos mil diecisiete (en fecha posterior al trece de noviembre de dos mil diecisiete), actuaciones emitidas con posterioridad a la presentación de la demanda de protección de derechos, por eso resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto obligar a la responsable a que diera contestación a su escrito y, a pesar de haber requerido a la quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por la contestación otorgada, la quejosa dejó de cumplir con tal requerimiento y al inicio de este acuerdo se especificó el juicio de amparo se resolvería con las constancias que obran en este asunto. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, porque ya se llevó a cabo la emisión del respectivo acuerdo así como de su notificación, al grado de haber restituido a la quejosa en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías 1250/2017-III, promovido por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE LE NOTIFICA POR LISTA LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA. De la certificación que antecede, se advierte que la quejosa fue omisa en ampliar su demanda de amparo dentro del plazo de quince días, que le fue concedido en auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se resuelve el presente asunto, con base en las constancias que obran en autos. Ahora, del estado procesal del expediente y de las constancias allegadas por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, destacan las relativas al auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como de su respectiva notificación, dictado dentro de la averiguación previa ***, de los de su índice. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, que la quejosa ***, señaló como acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable, en acordar la petición realizada mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete. Ello es así, pues la quejosa presentó dicho escrito ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que le fueran expedidas copias certificadas de todo lo actuado dentro de la averiguación previa ***. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que la responsable determinó el uno de diciembre de dos mil diecisiete, no acordar favorablemente la petición realizada por ***, misma que le fue notificada de manera personal en el domicilio que señaló en dicho escrito (fojas 24 a 33). Por lo tanto, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se afirma lo anterior, porque de las copias certificadas remitidas se advierte que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, acordó la petición realizada por ***, el tres de marzo del mismo año, notificada de manera personal al día siguiente; lo cual trae como consecuencia la cesación de efectos. Dichas copias certificadas anexas al oficio de la autoridad responsable, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en término de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Inclusive se corrobora lo anterior porque dicha petición fue acordada el uno de diciembre de dos mil diecisiete (en fecha posterior al trece de noviembre de dos mil diecisiete), actuaciones emitidas con posterioridad a la presentación de la demanda de protección de derechos, por eso resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto obligar a la responsable a que diera contestación a su escrito y, a pesar de haber requerido a la quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por la contestación otorgada, la quejosa dejó de cumplir con tal requerimiento y al inicio de este acuerdo se especificó el juicio de amparo se resolvería con las constancias que obran en este asunto. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, porque ya se llevó a cabo la emisión del respectivo acuerdo así como de su notificación, al grado de haber restituido a la quejosa en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías 1250/2017-III, promovido por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

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