Cirilo Quevedo Medina

Expediente 236/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
236/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Cirilo Quevedo Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos para devolver a las autoridades. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que, a través de os oficiales judiciales a su cargo, haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún; por el cual devuelve diligenciado el exhorto 28/2023, con número de orden 86/2023, por el que se le encomendó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso *, el proveído ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por desechada su demanda. Entonces, queda notificado el quejoso del citado proveído, por lista (previo citatorio), el veintidós de marzo de dos mil veintitrés; precisión que se hace para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, dese de baja la citada comunicación oficial tanto en el libro de gobierno de este juzgado como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe un oficio remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, al que anexa una demanda promovida por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Se acepta la competencia declinada. Del oficio que se recibe se observa que el homólogo federal ordenó la remisión del juicio de amparo 223/2023, de su índice; formado con motivo de la demanda presentada por *, por el que declaró su incompetencia legal por territorio para conocer del referido juicio. En ese sentido, ya que por turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, la suscrita operadora jurídica acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la presente demanda. En consecuencia, se instruye librar el oficio de acuse de recibo para el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y remitirlo por interconexión. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: * En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda consiste en: ".1.- DE LA ORDENADORA: La inscripción que ordeno a la autoridad ejecutora del REPORTE DE ROBO del vehículo automotor marca *, Modelo TRAX TIPO SUV, AÑO 2015 con número de serie *, color NEGRO con placas de circulación *del Estado de *, derivada de una denuncia de robo contenida en el expediente *, radicada ante el Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Puebla, señalada como RESPONSABLE ORDENADORA vehículo que es legítima propiedad del hoy quejoso C. *, impidiéndome con ello el goce y disfrute de un bien que fue adquirido legalmente como se acredita con la copia autentificada constante de 149 fojas útiles del expediente número de caso *, Carpeta de Investigación *UNIDAD DE ROBOS en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que se anexa a la presente demanda de amparo. 2.- DE LA EJECUTORA, La inscripción del reporte de robo del vehículo automotor marca *, Modelo * TIPO *, AÑO 2015 con número de serie *, color NEGRO con placas de circulación * del Estado de *, ordenado por la responsable ordenadora.". Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda con la cual se origina el presente juicio de amparo, contiene la manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso en los antecedentes del acto reclamado, de haber tenido conocimiento de la inscripción del reporte de robo del vehículo automotor de mérito el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, al señalar: ". en fecha treinta de noviembre de dos mil diecinueve el vehículo objeto del presente amparo, lo conducía el C. *, fue detenido en la ciudad de Playa del Carmen por elementos de la policía Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, para una revisión de rutina quienes después de revisar el vehículo le informó que al conductor que tenía mi automóvil reporte de robo, por lo cual fue puesto el referido vehículo a disposición del Ministerio Público de esta ciudad, y una vez que se acreditó la legitima propiedad del multimencionado vehículo con la documentación correspondiente, se nos informó que el Ministerio Público de la ciudad de Puebla, dentro del expediente *, había hecho y emitido REPORTE DE ROBO en fecha catorce de octubre del año dos mil dieciocho, e inscrito dicho reporte en la Plataforma México.". Por tanto, dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea, la cual cuenta con el valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. Resulta orientador a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200094, Novena Época, Materias Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo III, junio de 1996, página 57, de rubro y texto siguientes: *De la anterior circunstancia, resulta innegable que se actualiza en el caso, de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, en el primer párrafo del numeral 17 de la ley de la materia en cita, se prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1.- Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2.- A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o, 3.- Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 del ordenamiento mencionado: a).- Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b).- Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c).- Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y, d).- Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en este caso es de quince días. Así es, pues se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. Pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado (como ocurre en el caso), es decir, de manera integral según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: * El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193- 198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: *Con lo aquí expuesto, es inconcuso que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Al respecto resulta aplicable por identidad de razón, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dice: *En esas circunstancias, como ya se relató con antelación, tuvo conocimiento de la inscripción del reporte de robo del vehículo automotor de mérito el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, como lo manifestó en forma expresa y bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes. Lo anterior implica que tuvo conocimiento pleno y completo tanto de la existencia como de la inscripción de dicho reporte de robo que ahora reclama, desde el treinta de noviembre de dos mil diecinueve. Por consiguiente, el plazo de quince días hábiles para acudir a esta instancia de amparo, transcurrió desde el día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de dicho acto, esto es, del dos al veinte de diciembre dos mil diecinueve previo descuento de los días inhábiles que mediaron en ese periodo. En atención a lo anterior debe decirse que, la demanda de amparo se presentó el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. Por tanto, es evidente que el presente juicio de amparo fue promovido de manera extemporánea respecto del acto reclamado ya precisado, pues el plazo para combatir el oficio reclamado en esta vía constitucional feneció. De ahí la actualización del motivo de improcedencia en estudio, pues dicho oficio se trata de un acto consentido. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, pues los actos reclamados respectivamente encontraron la causa de improcedencia en estudio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal De autos se advierte que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *. Por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a, 27, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal3, emítase atento y respetuoso exhorto -en línea- al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo (Cancún), en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda que se constituya en el referido domicilio y le notifique a *, el presente proveído - que se remite en copia autorizada-. Deberá requerirlo para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Pero deberá apercibirlo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se les notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Se hace del conocimiento en forma atenta al homólogo federal a quien corresponda conocer del exhorto de mérito, que se encuentra facultado para hacer uso de las medidas que estime pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; por lo que se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En último lugar, se solicita en forma respetuosa, ordene devolver diligenciada dicha comunicación oficial con las constancias relativas a la notificación solicitada, por la misma vía -en línea-, y de ser posible en el plazo previsto en el artículo 300 del citado código adjetivo civil supletorio, a menos que requiera de un mayor lapso, en cuyo caso deberá fijar el necesario para lograr la diligencia encomendada. Por otra parte, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de actuaciones y para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su ocurso de cuenta. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona, pues la Ley de Amparo no prevé ese medio de notificación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; personal

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