Cipriano Cruz Pacheco

Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
582/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Cipriano Cruz Pacheco
  • Juez Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 2., relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca; y téngase como pruebas del oficiante, las documentales que remite para tal efecto. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el quejoso reclamó de la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Miahuatlán, Oaxaca, la omisión de dictar resolución en el expediente 70/2020 de su índice, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Cipriano Cruz Pacheco en contra de Sandra Adalid Bastida Sánchez. Por otra parte, del oficio de cuenta, se advierte que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado copia certificada de diversas constancias del expediente 70/2020 de su índice, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Cipriano Cruz Pacheco en contra de Sandra Adalid Bastida Sánchez; entra las que se encuentran, la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial respectivo; y sus correspondientes notificaciones. Probanza que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza y que adquiere valor probatorio pleno por tratarse de la reproducción de una documental pública, emitida por un órgano jurisdiccional administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 147 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 153, registro 394182, cuyo rubro y texto dicen: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Bajo esa tesitura, el suscrito estima que, se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. De las constancias que obran en autos se advierte que el siete de octubre de dos mil veinte, el aquí quejoso Cipriano Cruz Pacheco promovió juicio de divorcio incausado en contra de Sandra Adalid Bastida Sánchez; al cual se le asignó el número de expediente 70/2020 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca. Seguido el trámite de ley, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la juez de Primera Instancia dictó la resolución correspondiente, declarando disuelto el vínculo matrimonial contraído por Cipriano Cruz Pacheco y Sandra Adalid Bastida Sánchez; de la cual quedo notificada el quejoso el veintisiete de mayo del año en curso y la parte demanda el siete de junio siguiente. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues resulta evidente que la actuación reclamada, traducida en la falta de emisión de la resolución relativa a la disolución del vínculo matrimonial que la ahora parte quejosa atribuye a la responsable, ha dejado de existir, puesto que en autos se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se dictó la resolución correspondiente y se hizo del conocimiento de la parte quejosa el veintisiete de mayo siguiente. De ahí, que se estime que cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte aquí inconforme presentó demanda de amparo el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno y ese mismo día la Juez de Primera Instancia responsable dictó la resolución correspondiente, de la cual tuvo conocimiento el veintisiete de mayo del año en curso, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. En ese orden de hechos y consecuencias jurídicas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por tratarse de una causa notoria y manifiesta respecto de ese acto, respecto de la cual la parte quejosa no podría aportar medio de prueba alguno que desvirtuara tal situación. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J.10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el entendido de que esta determinación no le causa perjuicio alguno al quejoso, toda vez que en caso de no estar conforme con lo resuelto por la Juez responsable está en aptitud de promover el medio de impugnación que estime procedente ante las autoridades competentes para combatir la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Así tampoco depara perjuicio a las partes el hecho que no se haya emplazado a la tercero interesada Sandra Adalid Bastida Sánchez, en primer término porque el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dictar resolución en el expediente civil de origen, lo que, implica una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de impartición de justicia pronta y expedita, cuya eventual reparación beneficia no sólo a la parte peticionaria del amparo, sino a todas las partes, las cuales están interesadas en que se resuelva el asunto dentro de los plazos que para tal efecto prevé la ley aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 36, Tercera Parte, página 83, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.- Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Sin que en el caso se soslaye la tesis 1a./J. 90/2010, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"; sin embargo, se estima que no constituye un obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, toda vez que como es de verse de su contenido, la misma se refiere al reconocimiento del carácter de tercero interesado -lo que en la especie no se discute-, pero no así, a la conveniencia y necesidad de emplazar a dicho tercero cuando el asunto se resuelve en la forma precisada. En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy, toda vez que no obra en autos el informe justificado rendido por la Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a pesar de haber quedado notificado desde el veintiocho de mayo pasado; ni consta copia certificada de las constancias relativas al expediente 70/2020 (segunda secretaria), en el que se desprenda la existencia o no del acto reclamado por el quejoso, las cuales resultan necesarias a efecto de dictar una sentencia apegada a derecho. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, con fundamento en los ordinales 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérasele a la titular del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al expediente 70/2020 (segunda secretaria), de su índice, en el que se desprenda la existencia o no del acto reclamado por el quejoso; y en su caso, de la resolución emitida en dicho asunto, y de las constancias de notificación a las partes en el juicio civil de origen. Apercibida que de no remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (apercibimiento decretado en auto inicial). Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que dada la distancia en que se encuentra su domicilio oficial, las copias certificadas solicitadas las deberá remitir al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo1 y regístrese con el progresivo 582/2021. Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción III, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada por Cipriano Cruz Pacheco, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Incidente de suspensión. No ha lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, ya que la parte quejosa no lo solicitó de forma expresa. Informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto se sirva remitir copias autorizadas ordenadas, legibles y completas de las constancias y las actuaciones que tomó en consideración para emitirlos. Apercibida que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA). En la inteligencia de que el envío de las constancias puede ser digitalizado por la autoridad responsable, siempre y cuando cuente con la certificación correspondiente. Hágase saber a las partes que deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto o alguno diverso relacionado con el acto reclamado o con el expediente de origen. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes o dirigir sus oficios, respectivamente a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que exista alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Toda vez que subsiste la situación de emergencia sanitaria, el Consejo de la Judicatura Federal determinó permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables y al personal del propio consejo, para lo cual estableció un mecanismo de citas con la finalidad de que las partes acudan presencialmente a las audiencias; por tanto, este órgano jurisdiccional considera necesario conocer si es deseo de las partes estar presentes en la celebración de la audiencia constitucional, de modo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, indiquen expresamente si es su deseo estar presentes en la hora y fecha señaladas para su desahogo. Apercibidas, que en caso de no realizar manifestación alguna dentro de dicho término, se entenderá que no es su deseo asistir a la audiencia en cuestión y este órgano jurisdiccional no realizará el trámite administrativo a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de generar la cita y el código correspondiente. Circunstancia que no afecta los derechos procesales de las partes, en virtud que están en posibilidad de presentar sus promociones y formular alegatos vía electrónica o de forma física hasta la hora programada para dicha audiencia; sin perjuicio de que este Juzgado requiera su asistencia en un caso concreto, por estimarla necesaria. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda; asimismo, entréguese reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Emplazamiento de la tercera interesada. Resérvese emplazar a la parte tercera interesada hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la documental, instrumental de actuaciones; y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tomarlas en consideración al resolver este juicio. Notificación al quejoso. Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, téngasele autorizando para que se le realicen las notificaciones, la vía electrónica, al usuario HECTOR_MANUEL_1967; por lo que instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice el alta del citado usuario Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Héctor Manuel Salinas Mendoza, con número de cédula profesional 10635532, misma que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, en cuanto a la diversa personas que indica se le autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no encontrarse registradas su cédula profesional en el referido sistema ni acreditó con con documento idóneo que ejerce la profesión de licenciado en derecho. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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