Cinthia Noyola Méndez
Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cinthia Noyola Méndez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservándose la demanda de amparo, la sentencia y el presente auto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, por medio del cual la juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remite diversas constancias en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Sin embargo, se reserva proveer al respecto hasta en tanto la sentencia dictada cause ejecutoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 369/2021 III B, promovido por Cinthia Noyola Méndez, contra los actos que reclaman del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. I. ANTECEDENTES Ante el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se tramita el juicio de divorcio incausado 113/2020, promovido por * * *, en contra de * * *. Luego, por escrito de recibido por la autoridad responsable el cinco de noviembre de dos mil veinte, la actora (aquí quejosa), solicitó se le tuviera por desistida del procedimiento iniciado y la devolución de los documentos exhibidos junto con el escrito inicial; también pidió que se le tuviera revocando el domicilio que había señalado para oír y recibir notificaciones, señalando los estados del Juzgado responsable. En proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el Juez responsable, por seguridad jurídica, mandó a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito, en días y horas hábiles de audiencia de ese juzgado, de acuerdo a la agenda de labores. Sin embargo, no existe constancia que se haya notificado dicha determinación a la quejosa. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO * * *, por propio derecho, presentó un escrito el doce de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Con ese carácter señalo: a) Al C. Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro (.), siendo este quien correspondió conocer de mi escrito inicial. IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad Responsable, la falta de contestación por escrito a mi petición realizada mediante escrito presentado con fecha cinco de noviembre pasado, solicitada por el sistema implementado por el Tribunal el pasado días tres de noviembre de dos mil veinte, lo que se traduce en la falta de contestación a mi solicitud, por consecuencia, la falta de devolución de mis documentos, y la falta de notificación en el domicilio que tengo proporcionado, así como por cualquiera de los medios ahora necesarios para evitar la propagación del virus COVID-19." La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este juzgado en la fecha de su recepción; el trece de abril posterior, se registró con el número 369/2021 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza civil, pues emana de un juicio de divorcio incausado y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La omisión de proveer el escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el expediente 113/2020 de su índice, en el que solicitó se le tuviera por desistida del procedimiento, se le devolvieran las documentales que exhibió y revocó domicilio. La omisión de notificar el proveído que contenga la respuesta a su escrito. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO a) Al rendir su informe justificado, la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó el acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado por la quejosa el cinco de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior, en razón de que refiere el veinte de noviembre de la anualidad pasada, dictó un proveído en el que acordó el escrito de que se trata, ordenando que la aquí quejosa acudiera a ratificar su desistimiento, para dar seguridad jurídica. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el doce de abril de dos mil veintiuno, es inconcuso que la omisión reclamada no existía, puesto que, como quedó asentado en las líneas que anteceden, por acuerdo de veinte de noviembre del año pasado, se acordó la promoción de la aquí quejosa. En consecuencia, como a la fecha de la presentación de la demanda no existía la omisión de proveer el escrito presentado ante el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 113/2020, se sobresee en el juicio por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado relativo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO b) Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado. La Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, pues indicó que ya se proveyó el escrito presentado por la quejosa el cinco de noviembre de dos mil veinte, a través del auto de veinte del año y mes en cita. Sin embargo, dicha autoridad responsable manifestó que dicho acuerdo no se ha notificado debido a la disminución de actividades de los órganos jurisdiccionales de impartición de justicia, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19). De ahí, que resulte cierto el acto que se reclama consistente en la omisión de notificar el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 113/2020 del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Lo que se corroboró con las copias certificadas del expediente 113/2020, que acompañó la Juez responsable en apoyo a sus informes de ley, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de los actos que se le atribuyen. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre tal improcedencia; además las partes no invocaron ningún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. VIII. ESTUDIO DE FONDO A continuación, se aborda el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En esencia, la quejosa se duele que la Juez Familiar responsable ha omitido hacerle de su conocimiento la respuesta que recayó a su escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que solicitó se le tuviera por desistida del procedimiento, vulnerando su derecho a la impartición de justicia pronta y expedita. Es esencialmente fundado el motivo de disenso expuesto por la quejosa, como se verá a continuación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto de la Carta Magna anteriormente transcrito, en lo que aquí interesa, se desprende que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados, los siguientes principios: 1. Justicia pronta: Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos; 3. Justicia imparcial: Significa que el juzgador no sólo dicte una resolución apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita: Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, consultable a página 209, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De ahí que debe considerarse que el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, en uno de sus aspectos, se traduce en que las autoridades que realizan una función jurisdiccional, no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, toda vez que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de procurar la debida prosecución de los procedimientos, para así, resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable al caso concreto. Ahora bien, como se precisó en el apartado de antecedentes, la autoridad responsable a través del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, proveyó el escrito de la quejosa, en el que solicitó se le tuviera por desistida del procedimiento, pero que debido a la disminución de personal derivada de la pandemia de COVID-19, no se ha notificado. En ese tenor, debe precisarse que el artículo 106 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establece que las notificaciones se efectuarán a más tardar el día siguiente al en que se dicte el acuerdo relativo. Y si bien, este Juzgador no desconoce que con motivo de la pandemia de COVID-19, los órganos jurisdiccionales han reducido el número de personal para prevenir el número de contagios, lo cierto es que han transcurrido más de cinco meses sin que se notifique a la quejosa el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el que se proveyó su escrito de cinco del mes y año en cita. IX. DECISIÓN. En razón de lo expuesto, al resultar fundado el concepto de violación analizado en la línea que antecede, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Cinthia Noyola Méndez. X. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Una vez que cause ejecutoria la sentencia, la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, deberá: Notificar a la quejosa, en el domicilio que tenga señalado en autos del expediente 113/2020 de su índice, el proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y los demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * * *en términos del apartado V, de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a * * * contra el acto que reclamó de la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VIII del presente fallo. Para los efectos señalados en el diverso X de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación señalada en la cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MI VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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