Cirila Josefina Pérez Lagunas

Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
360/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Cirila Josefina Pérez Lagunas
  • CIRILA JOSEFINA PÉREZ LAGUNAS y Otros.
  • S.I. M. P.
  • Encargado de la Subdelegación de Prestaciones En Oaxaca, del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  3. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 360/2023, promovido por ***, por sí misma y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***, contra el acto de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio de la parte quejosa, señala como autoridad responsable al encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la dilación a atender un ocurso por el que solicitó el otorgamiento de una pensión por viudez, circunstancia que constituye el acto reclamado en esta instancia. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por sí misma y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La quejosa denunció la violación de los artículos 8, 17 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 360/2022; por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintidós de julio de dos mil veintidós, por el que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, declaró fundado el recurso de la parte quejosa interpuso contra el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, donde se tuvo al citado órgano colegiado reponiendo el procedimiento para que se otorgue a la parte quejosa el plazo de quince días para ampliar la demanda de amparo, lapso de tiempo que ya transcurrió. Acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, donde se ordenó enviar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el escrito de ampliación de demanda intentada por la parte quejosa en atención a la vista de quince días que se le dio en cumplimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para que fuera turnado como asunto nuevo. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama, esencialmente, del encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: La omisión y dilación de contestar el escrito que le dirigió el cuatro de agosto de dos mil veintiuno V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque, de su informe justificado se observa que a la data de presentación de la demanda de amparo treinta de marzo de dos mil veintidós, no había dictado expedido el oficio SP/DPSHT/1522/2022 de veinticinco de agosto de dos mil veintidós notificado en esa misma fecha a la parte quejosa, mismo que indica, contiene la respuesta que dio al escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, origen de este juicio de amparo. Lo que se advierte, de las constancias remitidas por la responsable, junto con su informe de ley, entre las que se encuentra copia certificada de la aludida misiva en el que obra la firma de recibido o notificación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de modo que se hace evidente que la comunicación oficial SP/DPSHT/1522/2022 se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo de origen del presente asunto -treinta de marzo de dos mil veintidós-. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto reclamado. VI. PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...] El referido precepto legal transcrito, señala que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Así, como que mediante oficio SP/DPSHT/1522/2022 de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la responsable dio respuesta a la petición de la parte quejosa contenida en el escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicitó: Pensión por viudez (al haber sido concubina del extinto trabajador pensionado Rosalino Martínez Pérez). Pensión por orfandad en beneficio de su hija menor de edad de iniciales *** El pago de marcha fúnebre (con motivo del deceso del trabajador pensionado ***). En atención a lo anterior, en misiva en cuestión, la responsable determinó que debía hacer del conocimiento de la ocursante aquí quejosa lo siguiente: Los requisitos y documentación necesaria para la transmisión de pensión por muerte del trabajador, respecto del fallecido(a), su esposo(a), hijos menores de edad y concubino(a). Y que al realizar una búsqueda en los sistemas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encontró que "el finado ***, sostiene una pensión alimenticia a favor de su esposa ***. Misiva que le fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por conducto de ***, a quien la impetrante autorizó para tal efecto en el escrito de cuatro de agosto de dos mil veintidós (recibido en la misma fecha por la responsable). Todas esas circunstancias son apreciables de las constancias exhibidas en autos, que adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando que antecede. De ahí, que se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión o dilación a contestar el escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO... Máxime que por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó enviar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el escrito de ampliación de demanda intentada por la parte quejosa en atención a la vista de quince días que se le dio en cumplimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para que fuera turnado como asunto nuevo. Lo anterior, dio origen al expediente de amparo 314/2023 del índice propio, promovido por la aludida parte quejosa contra diversas autoridades responsables y actos reclamados, misma que fue prevenida en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para su aclaración; circunstancia que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO... SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO... Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Resulta importante destacar, que este órgano jurisdiccional, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Sin que haya lugar a abarcar actos posteriores a la fecha en que se dictó la resolución del aludido recurso origen de este juicio de amparo, es decir, en relación a la respuesta emitida mediante oficio por la responsable, pues se trata de una actuación futura. Apoya lo anterior, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por sí misma y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

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