Cirila Josefina Pérez Lagunas
Expediente 314/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cirila Josefina Pérez Lagunas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés En atención a la certificación de cuenta y con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Ahora bien, en razón que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. IV. Por tanto, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 17 del citado acuerdo, se considera que este expediente es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia ahí dictada ordenándose su archivo; asimismo, que mediante interlocutoria dictada en este incidente por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. V. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 314/2023 promovido por ***, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales **, en contra de actos del encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras autoridades. ANTECEDENTES De la información que se tiene acreditada en el expediente, así como en el juicio de amparo 360/2022 que se tiene a la vista, consta que por escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, recibido por la responsable encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la misma fecha (cuatro de agosto de dos mil veintiuno), la aquí impetrante hizo diversas solicitudes relativas a que se le concediera la pensión por viudez a su favor, que se beneficiara a su hija con la pensión por orfandad y se le hiciera el pago de marcha fúnebre, todo lo anterior, con motivo del deceso del trabajador pensionado ***, y su concubino, según lo manifiesta la impetrante. En el juicio de amparo 360/2022, se sobreseyó en el juicio debido a la cesación de efectos del acto reclamado que consistía en la omisión a acordar el aludido escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ya que la aludida responsable atendió las peticiones contenidas en el referido ocurso, mediante oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, respondiendo, entre otras cosas, lo siguiente: Enumerando los requisitos y documentación necesaria para la transmisión de pensión por muerte del trabajador, respecto del fallecido(a), su esposo(a), hijos menores de edad y concubino(a). Haciéndole del conocimiento que al realizar una búsqueda en los sistemas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encontró que "el finado ***, sostiene una pensión alimenticia a favor de su esposa ************". Misiva que le fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por conducto de **, a quien la impetrante había autorizado para tal efecto en el escrito de cuatro de agosto de dos mil veintidós (recibido en la misma fecha por la responsable). Contra la contestación dada por la responsable mediante oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió la demanda de amparo en el expediente 360/2022, y en dicho asunto por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó la remisión de la aludida ampliación a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y dio motivo al presente juicio de amparo. Asimismo, derivado de dicha respuesta [oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós], la quejosa también señaló como actos reclamados la negativa de proporcionar la atención médica a la menor de edad de iniciales **, y de renovarle la tarjeta de citas médicas. Por oficio SP/DAPE/AV/JRP/325/2023 de quince de junio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del documento titulado "CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS DEL TRABAJADOR", del que se observa que la aludida menor de edad aquí quejosa, fue dada de alta el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por escrito de la quejosa de tres de junio de dos mil veintitrés, manifestó a este órgano jurisdiccional que a la aludida menor de edad de iniciales ** ., le fue renovado el carnet de citas médicas el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, con vigencia hasta el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, como se aprecia de la copia simple que anexa a dicho ocurso. Mediante misiva DM-147/2023 de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, la directora de la Clínica Médica Familiar de esta entidad federativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada del resultado de la cita médica realizada a la quejosa menor de edad de iniciales ***., realizada el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, donde le diagnosticaron y recetaron lo siguiente: Dx: Infección en Vías Urinarias Altas. Plan: Trimetoprim/sulfametoxazol tabs 80/400mg, Tomar 2 tabletas cada 12 hrs. abundantes líquidos claros Solicito BHC QS EGO Cita con paralcinicos cuidados generales Actividad física diaria Cita abierta a urgencias En oficio REP/ISSSTE/UJOAX/3521/2023, de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), representación Estatal Oaxaca, remitió copia certificada de diversos documentos, entre los que se encuentran: el oficio DM-180/2023 de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que la directora de la Clínica Médica Familiar de esta entidad federativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informa que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se tomaron a la menor de edad quejosa estudios de laboratorio y se le citó para seguimiento el doce de septiembre de dos mil veintitrés, e indica que la aludida impetrante menor de edad se encuentra afiliada al citado Instituto desde el diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Siendo esa circunstancia el último dato que se tiene en relación con los actos reclamados. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***., promovió juicio de amparo mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (ampliación), remitido a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec por auto de veintitrés de ese mismo mes; y turnado a este Juzgado el veinticuatro de marzo siguiente, al que correspondió por razón de turno. La parte quejosa denunció la violación de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 314/2023, desechándose en parte, en el auto de once de abril de dos mil veintitrés, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión o dilación de contestar el escrito que le dirigió el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al haber sido materia del diverso juicio de amparo 360/2022 del índice propio; previo cumplimiento de la prevención del auto inicial de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. En dicho acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados, a la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca (autoridad ordenadora) y otras, consistentes en la negativa a darle trámite a la solicitud de pensión por viudez para la suscrita y pensión por orfandad de su hija menor de edad solicitada mediante escrito de cuatro de agosto del año dos mil veintiuno y otros; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; además que se otorgó la intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa señala como autoridades responsables al encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca (autoridad ordenadora), al director del Hospital Regional Presidente Juárez y al director de la Clínica Médica Familiar con Especialidades y Quirófano (autoridades ejecutoras), todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), consistentes en: De la autoridad ordenadora: La negativa a darle trámite a la solicitud de pensión por viudez para la suscrita y pensión por orfandad de su hija menor de edad solicitada mediante escrito de cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. De las autoridades ejecutoras: La negativa y/o suspensión de proporcionar la atención médica a la menor de edad de iniciales ***., con número de tarjeta de citas médicas 5245660 y de derechohabiente MAPR440505/80. La negativa de renovar la tarjeta de citas médicas número 5245660, respecto de la derechohabiente menor de edad MAPR440505/80. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables director (autoridad ejecutora) de la Clínica Médica Familiar con Especialidades y Quirófano y encargado (autoridad ordenadora) de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no rindieron informe justificado a pesar de haber quedado notificados de la solicitud del mismo el trece de abril de dos mil veintitrés; por lo que, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Por su parte la autoridad responsable ejecutora encargado de la Dirección del Hospital Regional "Presidente Benito Juárez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, aludiendo que a la fecha de su emisión -veinticuatro de abril de dos mil veintitrés-, no había recibido referencia de la Clínica de Medicina Familiar a la que se encuentra adscrita la derechohabiente o beneficiaria; sin embargo, como los actos reclamados fueron presumidos ciertos en el párrafo anterior por lo que hace a la autoridad ordenadora, la negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reprochado al ente ejecutor aquí referido. VI. PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, señala que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Así, como que los actos reclamados consistentes en la negativa y/o suspensión de proporcionar la atención médica a la menor de edad de iniciales ***., y a renovar la tarjeta de citas médicas número 5245660, respecto de la aludida derechohabiente aquí quejosa menor de edad, cesaron sus efectos al haber sido dada de alta en el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); haberle renovado el carnet de citas médicas con vigencia a partir del veintiséis de abril de dos mil veintitrés hasta el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro; y haber recibido atención médica el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, donde fue diagnosticada con una infección en vía urinaria altas y haberle recetado el medicamente correspondiente. Todas esas circunstancias son apreciables de las constancias exhibidas en autos, que adquieren valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2, se evidencia la existencia de un recurso de queja, mediante el cual la impetrante de amparo solicitó se dictaran las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de la sentencia, lo que hasta la fecha en que se resuelve no ha acontecido. De ahí, que se concluye que cesaron los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de atender la demanda laboral antes referida, así como un ocurso donde, entre otras cosas se señaló un nuevo apoderado y domicilio para recibir notificaciones, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, únicamente por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la negativa y/o suspensión de proporcionar la atención médica a la menor de edad de iniciales ***, y la negativa de renovar la tarjeta de citas médicas. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL Por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la negativa a darle trámite a la solicitud de pensión por viudez para la suscrita y pensión por orfandad de su hija menor de edad solicitada mediante escrito de cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, donde a dicha solicitud respondió lo siguiente: Con fundamento en los artículos 1, 2, 5, 6, 10, fracción III, 19, fracción XIII, 26, inciso A, fracción II y XXVI y 29, fracción X y fracción XII, del Reglamento de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en relación con los preceptos 1, 2, 60, fracción II, 79, 80, 81, del Estatuto Orgánico de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Para iniciar el trámite de la pensión por viudez y orfandad, debía presentarse en Subdelegación de Prestaciones en la puerta cuatro correspondiente al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, en un horario de ocho a trece horas, debido a que es un trámite de carácter personalísimo en el que el proceso de tramitación se lleva a cabo con la toma de firmas y huellas dactilares del interesado y no de oficio por parte de esa institución, además que deberá cubrir los siguientes requisitos: "REQUISITOS PARA LA TRANSICIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE PENSION POR MUERTE DEL TRABAJADOR DECIMO TRANSITORIO. TRABAJADOR FALLECIDO. 1.- Acta de defunción del trabajador reciente menor a 6 meses (original y copia). 2.- Talón de pago 2 copias de la quincena en que falleció. 3.- Credencial de elector (original y 2 copias). 4.- 2 juegos de copias Clave Única de Registro de Población (CURP)5.- Copia de la hoja única de servicios. ESPOSA/ESPOSO. 1.- Acta de matrimonio original y copia reciente menora 6 meses. 2.- Acta de nacimiento de la viuda reciente menor a 6 meses (original y copia.3.- 2 juegos de copias Clave Unica de Registro de Población (CURP)4.- 2 Fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate, que no sean instantáneas, sin lentes, ni sombreros. 5.- Contrato o estado de cuenta bancario donde especifique se número de cuenta y clave interbancaria del banco en donde decida a perturbar su cuenta. EN CASO DE TENER HIJOS MENORES DE EDAD 1.- Acta de nacimiento reciente menor a seis meses (original y copia) 2.- 2 juegos de copias Clave Única de Registro de Población (CURP) 3.- 2 Fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate; que no sean instantáneas, sin lentes ni sombreros. EN CASO DE TENER HIJOS MAYORES DE EDAD QUE SE ENCUENTREN ESTUDIANDO 1.- Acta de nacimiento reciente menor a seis meses. 2.- 2 juegos de copias Clave Única de Registro de Población (CURP) 3.- Constancia de estudios del semestre vigente original y copia4.- Credencial de elector (original y dos copias. 5.- 2 Fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate; que no sean instantáneas sin lentes, ni sombreros. 6.- Escrito libre, donde manifieste bajo protestada decir verdad que carece de trabajo remunerado y permanece soltero. 7.- Constancia de soltera expedida por el registro civil. EN CASO DE TENER HIJO QUE PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD.1.- Acta de nacimiento reciente menor a seis meses (original y copia)2.- 2 juegos de copias Clave Única de Registro de Población (CURP).3.- Dictamen médico de discapacidad emitido por el ISSSTE original y copia.4.- Credencial de elector (original y 2 copias). 5.- 2 Fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate, que no sean instantáneas sin lentes, ni sombreros. 6.- Escrito libre, del representante legal o tutor donde manifieste bajo protestada decir verdad que el solicitante carece de trabajo remunerado y permanece soltero. 7. Constancia de soltería expedida por el registro civil. CONCUBINA/O1.- Jurisdicción voluntaria en la que se acredite que ambos convivían en unión libre, durante los cuales estuvieron en libre matrimonio expedida por un Juez de Familiar. 2.- Acta de nacimiento de la viuda (Original y Copia). 3.- Clave Única de Registro de Población CURP (Original y 2 Copias).4. Credencial de Elector Para Votar INE (Original y2 Copias)5 Comprobante de domicilio reciente (Original y 2 Copias), asÍ como 3 comprobantes anteriores al fallecimiento y 3 posteriores al mismo en (Original y 2 Copias). 6.- 2 fotografías tamaño infantil a color B/N, que no sean instantáneas sin lentes ni sombreros. 7.- Contrato a Estado de Cuenta Bancario donde especifique número de cuenta interbancaria de los siguientes bancos donde decidió aperturar su cuenta. QUE TODAS LAS ACTAS CUENTEN CON IDENTIFICADOR ELECTRONICO". Asimismo, le indicó que al realizar una búsqueda en los sistemas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encontró que "el finado ***, sostiene una pensión alimenticia a favor de su esposa ***". Este órgano jurisdiccional determina que resulta infundado el concepto de violación que hace valer la impetrante de amparo, al aducir que la respuesta dada por la responsable encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Oaxaca (autoridad ordenadora) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no satisface sus pretensiones porque se limita a mencionar cuales son los requisitos necesarios para el trámite y domicilio, pero no expresa de manera pormenorizada, fundando u motivando el por qué no se tramita su petición de pensiones por viudez y orfandad. De acuerdo a la determinación emitida en el oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la quejosa y en su caso su menor hija, debieron haber acudido de manera presencial ante la Subdelegación de Prestaciones en la puerta cuatro correspondiente al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, en un horario de ocho a trece horas, debido a que el trámite que solicitaron es carácter personalísimo en el que el proceso se lleva a cabo con la toma de firmas y huellas dactilares del interesado; circunstancia que no acataron, pues el escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, recibido por la responsable en la misma fecha, que contiene la solicitud de pensión por viudez y orfandad, al que se anexó, copia certificada de las siguientes constancias: Constancia de concubinato entre la quejosa *** y el fallecido ** de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Acta de nacimiento de la menor de edad aquí quejosa de iniciales **. Comprobante de pago de pensión del fallecido*** Reporte de pagos cancelados a nombre del aludido finado. Acta de defunción de **. Factura de servicio funerario del finado ** Documentos que no coinciden con los descritos en los requisitos enunciados para iniciar los trámites de la pensión por viudez y orfandad que la responsable argumenta necesarios para proceder con la solicitud. Como tampoco carece de fundamentación pues, los artículos necesarios para dar contestación se citaron como 1, 2, 5, 6, 10, fracción III, 19, fracción XIII, 26, inciso A, fracción II y XXVI y 29, fracción X y fracción XII, del Reglamento de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en relación con los preceptos 1, 2, 60, fracción II, 79, 80, 81, del Estatuto Orgánico de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): Del Reglamento de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de cumplir con la Ley, el Estatuto Orgánico y las demás disposiciones aplicables. Artículo 2. Las Delegaciones son Órganos Desconcentrados que tienen por objeto promover, operar y vigilar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto en su demarcación, de acuerdo con las atribuciones que les confiere la Ley, el Estatuto Orgánico, este Reglamento y demás normatividad aplicable. Artículo 5. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la Dirección Jurídica del Instituto, en términos del artículo 57, fracción XVI del Estatuto Orgánico. Artículo 6. Los servidores públicos de las Delegaciones Estatales y Regionales deben responder de manera oportuna, fundada y motivada las solicitudes ciudadanas en cumplimiento a lo establecido en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que se le presenten en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la que se les requiera para la atención de los asuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El incumplimiento de esta función se sanciona conforme a las disposiciones aplicables. Artículo 10. Las Delegaciones para el cumplimiento de su objeto, cuentan con las siguientes áreas administrativas: [.] III. Subdelegación de Prestaciones: a) Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas; b) Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene; c) Departamento de Acción Social, Cultural y Deportivo; d) Departamento de Vivienda; y e) Direcciones de áreas administrativas. Artículo 19. Los Subdelegados tienen las siguientes funciones: [.] XIII. Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o con fundamento en el artículo octavo constitucional. El incumplimiento de esta función se sanciona conforme a las disposiciones aplicables; Artículo 26. Los Subdelegados de Prestaciones además de las funciones previstas en el artículo 19 del Reglamento, tienen las siguientes: A. En materia de prestaciones económicas: [.] II. Dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones derivadas de la Ley y sus reglamentos, además de resolver y dar seguimiento a las peticiones, recursos administrativos y judiciales de su competencia, dentro de los términos concedidos, así como ejercer las atribuciones conforme a lo establecido en el artículo 60, fracción XXII, del Estatuto Orgánico; [.] XXVI. Emitir las resoluciones con la asesoría que brinde la Unidad Jurídica, respecto a las solicitudes, inconformidades, derechos de petición, resoluciones jurisdiccionales y las que se deriven de los medios alternativos de solución de controversias que aplique el Instituto en materia de pensiones; y Artículo 29. El Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, tiene las siguientes funciones: [.] X. Responder o atender, en los tiempos establecidos, las solicitudes o peticiones que se le presenten en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o con fundamento en el artículo octavo constitucional. El incumplimiento de esta función se sanciona conforme a las disposiciones aplicables; [.] XII. Realizar las acciones necesarias para la certificación de los documentos que obren en poder del Departamento y para la expedición de las constancias que se requieran en las materias de su competencia; y Preceptos de donde se observa la competencia de la autoridad ordenadora para emitir la respuesta dada a las disidentes mediante oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, así como para hacerles del conocimiento los requisitos necesarios para dar trámite a la solicitud de las pensiones requeridas, por lo que resulta evidente que el listado de los requisitos enunciados en la misiva antes dicha se debió a que la documentación exhibida resultaba insuficiente para proceder de manera satisfactoria con el otorgamiento del beneficio pedido. En ese sentido, la condicionante para que las disidentes pudieran acceder a las pensión que refieren, se encuentra supeditada a la presentación de los requisitos que la responsable les enuncio en el oficio citado en el párrafo anterior, lo que hace evidente que ante la falta de exhibición de los documentos respectivos y la presentación material de las solicitantes en las oficinas de la Subdelegación responsable, la respuesta de la autoridad no podría haber sido otra más sino únicamente ceñirse a indicar los requisitos exactos que se necesitan para la procedencia de la pensión por viudez y orfandad así como el hecho de la asistencia presencial de los interesados. Lo anterior, en términos de los artículos 5, 6, 10, fracción III, 19, fracción XIII, 26, inciso A, fracción II y XXVI y 29, fracción X y fracción XII, del Reglamento de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por tanto, se reitera que conforme al actuar de la responsable, contestó congruentemente la solicitud de pensión de la parte quejosa, así como de manera fundada y motivada, indicándole la razón de su proceder. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, únicamente por lo que hace a los actos reclamados consistentes en en la negativa y/o suspensión de proporcionar la atención médica a la menor de edad de iniciales **, y la negativa de renovar la tarjeta de citas médicas. Sin que haya lugar a abarcar actos posteriores a la fecha en que se dictó la resolución del aludido recurso origen de este juicio de amparo, es decir, en relación al fallo emitido en atención al medio de impugnación antes referidos, pues se trata de actuaciones futuras, inciertas e indeterminadas, lo que hace que a la fecha no sea evidente la omisión o dilación. Apoya lo anterior, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Al ser infundado el único concepto de violación formulado en relación al acto reclamado consistente en la negativa a darle trámite a la solicitud de pensión por viudez para la suscrita y pensión por orfandad de su hija menor de edad solicitada mediante escrito de cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, contenida en el oficio SP/DPSHT/1522/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, y al no actualizarse algún supuesto de suplencia de queja señalado en el artículo 79, de la Ley de la Materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***., contra la autoridad y actos reclamados a que se refiere el apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Se niega a la parte quejosa **, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales ***, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos y con las condiciones precisadas en la última parte del considerando VII de esta resolución Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado (ISSSTE) en Oaxaca y téngasele manifestando los argumentos que produce en relación al impedimento que tiene para rendir informe justificado; y en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que en copia simple exhibe con la misiva de cuenta, mismas que desde este momento se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Asimismo, como de los referidos anexos exhibidos por la responsable ocursante, se observa que refiere que en el diverso juicio de amparo 360/2022 del índice de este Juzgado, le fue notificada a la quejosa el veinticinco de agosto de dos mil veintidós el oficio SP/DPSHT/1522/2022 de esa misma fecha, con el que dio respuesta a la petición que hizo mediante escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno [relativa a la pensión por viudez y orfandad que solicitó] con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se ordena traer a la vista el citado juicio de amparo 360/2022 al momento de resolver el presente asunto. Ello es así, porque la anterior circunstancia, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a lo estatuido por su numeral 2, porque se trata de un asunto que corresponde a la estadística propia, el cual se tiene a la vista al dictar este acuerdo y no es necesario agregar copia certificada de las constancias enunciadas. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que expone la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por otra parte, de la misiva de cuenta, también se advierte que la autoridad responsable exhibe diversas documentales en copia simple, que indica haber enviado al titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado (ISSSTE) en Oaxaca, mismos que guardan relación directa con los actos reclamados en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al aludido titular del área jurídica, para que dentro del plazo de tres días, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de todas y cada una de las constancias que le fueron enviadas por la ocursante mediante oficio SP/DPSHT/JA/3185/2023, recibido el seis de septiembre del actual [como se advierte del acuse que se acompañó a la misiva de cuenta]. Se apercibe a la aludida autoridad, que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista.
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