Cindy Damara Palma Spindola
Expediente 1411/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cindy Damara Palma Spindola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que los disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de la documental relativa al disco versátil digital que los justiciables *** adjuntaron a su escrito inicial, devuélvase ese instrumento personalmente a la parte quejosa al momento de realizar la notificación de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar el presente auto se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia correspondiente asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en la razón actuarial que elabore para tal efecto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1411/2021 del que deriva la presente incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el veinticuatro de diciembre posterior, se negó la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente se negó la suspensión provisional y la definitiva conforme a lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, en relación con el diverso 21, inciso c), de la propia norma de observancia general, el presente cuaderno original es susceptible de destrucción. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva el presente incidente no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1411/2021 promovido por *** en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, los quejosos afirman que el Fiscal General de Oaxaca, el Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto y el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, las dos últimas autoridades de la Fiscalía General de esta entidad federativa, dictaron órdenes de aseguramiento del inmueble donde se encuentra establecida la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicado en la calle García Vigil cuatrocientos dieciséis, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respecto del cual se ostentan como poseedores, cuya ejecución atribuyen al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca. Los inconforme estiman que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 5, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y causan afectación a su esfera jurídica. II. TRÁMITE Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, *** promovieron juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 1411/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que pretende ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes combate los actos siguientes: Del Fiscal General de Oaxaca, el Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto y el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, las dos últimas autoridades de la Fiscalía General de esta entidad federativa, reclama: La orden de aseguramiento del inmueble donde se encuentra establecida la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicado en la calle García Vigil cuatrocientos dieciséis, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respecto del cual se ostentan como poseedores. Del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, impugna: La ejecución de ese mandamiento. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS COMBATIDOS No son ciertos los actos atribuidos al Fiscal General de esta entidad federativa, Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, las tres últimas autoridades la Fiscalía General de Oaxaca, consistentes en la orden de aseguramiento del inmueble donde se encuentra establecida la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicado en la calle García Vigil cuatrocientos dieciséis, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y la ejecución de tal mandamiento, respectivamente. Se sostiene lo anterior, porque las mencionadas responsables en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Informes justificados Fiscal General de Oaxaca. La orden de aseguramiento del inmueble donde se encuentra establecida la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicado en la calle ***, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respecto del cual se ostentan como poseedores. Negó el acto Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Oaxaca. La orden de aseguramiento del inmueble donde se encuentra establecida la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicado en la calle García Vigil cuatrocientos dieciséis, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respecto del cual se ostentan como poseedores. Negó el acto Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Oaxaca. La orden de aseguramiento del inmueble donde se encuentra establecida la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicado en la calle***, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respecto del cual se ostentan como poseedores. Negó el acto Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca. La ejecución del citado mandamiento. Negó los actos Por otro lado, los justiciables no desvirtuaron dichas negativas porque no ofrecieron algún medio de convicción con ese propósito. Se sostiene lo anterior, porque si bien adjuntaron a su ocurso inicial y al diverso recibido por auto de catorce de enero pasado, copias certificadas de las documentales siguientes: a) una credencial de residente permanente expedida a favor de *** por el Instituto Nacional de Migración; b) un contrato de arrendamiento del bien raíz ubicado en la calle ***, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, celebrado entre *** y una diversa persona el uno de agosto de dos mil diecinueve, con una vigencia de dos años; c) la revalidación al padrón fiscal municipal por el expendio de bebidas alcohólicas de dos mil veintiuno, expedida el dieciocho de noviembre del año en curso, a favor de *** por el Subdirector de Ingresos de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; d) un recibo impreso emitido por la Comisión Federal de Electricidad con servicio *** a nombre de *** y, e) un comprobante de pago por consumo de energía eléctrica del servicio *** de cuatro de enero del año en curso, a los cuales se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, lo cierto es que con esos instrumentos los disconformes no acreditan la certeza de las actuaciones combatidas. Es así, porque con la credencial de residente permanente y la revalidación al padrón fiscal municipal por el expendio de bebidas alcohólicas de dos mil veintiuno, los promoventes sólo demuestran que *** tiene la calidad de residente permanente en el territorio nacional y que *** tiene autorización para vender bebidas alcohólicas en la negociación denominada "EL BARRACUDA" ubicada en la calle***, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pero con esas documentales no prueban las órdenes de aseguramiento de ese bien raíz ni la ejecución de tales mandamientos. En cuanto al contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la ***, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, celebrado entre *** y una diversa persona el uno de agosto de dos mil diecinueve, se advierte que su vigencia era de dos años, por lo que el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, dejó de tener vigencia; en ese sentido, con tal instrumento sólo se acredita que uno de los justiciables tuvo el derecho de uso de ese bien raíz hasta la última de las datas indicadas, pero con dicha prueba no se evidencia la existencia de los actos combatidos. Respecto del recibo y ticket emitidos por la Comisión Federal de Electricidad y que tienen origen en el servicio *** a nombre de ***, sólo se acredita que uno de los justiciables tiene derecho al acceso que presta esa institucional en relación al servicio de luz en ese bien raíz, sin que sean pruebas que demuestren que se llevó a cabo el aseguramiento que reclaman. Por otra parte de las diversas impresiones fotográficas y videograbaciones ofrecidas, estas carecen de valor probatorio para demostrar la existencia de los actos combatidos. Para evidenciar lo anterior es necesario tener en consideración lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic), deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo inserto se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en lo establecido en la jurisprudencia 194 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Por otra parte, precisa señalar que el Máximo Tribunal Constitucional de este país ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal trascrito con antelación cabe considerar que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el Juzgador de que realmente existen. Lo expuesto encuentra respaldo en lo que se sostiene en la jurisprudencia 3a. 18 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Con base en esas consideraciones es factible sostener que las fotografías y videograbaciones aportados son insuficientes y no son viables para demostrar la existencia del acto reclamado, porque no obra en autos un diverso medio de prueba que adminiculado con aquéllas perfeccionen su contenido. Así, las documentales descritas valoradas en lo individual y adminiculándolas no tienen el alcance para probar la certeza de las actuaciones atacadas, ni la participación de los entes responsables en esos actos en los términos que dispone el arábigo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, si los inconformes no desvirtuaron las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de ocho días previsto por el arábigo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados que las autoridades responsables Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca y Fiscal General de esta entidad federativa rindieron y de las documentales que la última entidad pública aportó, por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las CATORCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. En atención a su contenido, con fundamento en lo estatuido por el numeral 119 de la ley de la materia ténganse a los inconformes Cindy Damara Palma Spindola y Oliver Benjamín Kotopoulis por anunciadas las documentales que exhiben, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. En otro punto, se tiene a los justiciables por formulados sus alegatos en términos de lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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