Christian Saldaña Jiménez

Expediente 1249/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1249/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
  • Christian Saldaña Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1249/2022 promovido por ********** en contra del acto de las autoridades que más adelante se precisará. I. ANTECEDENTES Al inconforme ********** se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por haber sido vinculado por el delito contra la salud, en la carpeta judicial OAX/000219/2022, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el inconforme **********, presentó un escrito dirigido a la carpeta judicial ***/*****. En dicho libelo solicitó la designación de un defensor público, revoco a los defensores particulares señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones, aduciendo que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a la presente instancia constitucional, no se había dictado el acuerdo que corresponda a esas pretensiones -determinación que constituye el acto reclamado-. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 1249/2022; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones I, inciso f), y II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Del Administrador y la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, combate: La omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ***/*****, en el que designo un defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas copias de la carpeta judicial antes mencionada. V. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No es cierto el acto atribuido a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ***/****, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo en su informe con justificación ni demostró con alguna prueba la intervención de ese ente jurisdiccional en el acto que le reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ***/****, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones. VI. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO La autoridad responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 219/2022, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones; empero, se desvirtúa esa negativa porque a la fecha de la presentación de la demanda - veintiocho de octubre de dos mil veintidós - aún existía la omisión que se le reprocha, es decir, en esa data aún no proveía sobre las pretensiones contenidas en el libelo de veinte de septiembre del año en curso. Además, la omisión atacada se corrobora con las copias certificadas de las diversas actuaciones de la carpeta judicial ***/*******/****, que la responsable remitió como apoyo a su informe justificado y en atención al requerimiento de ocho de noviembre pasado, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas constancias se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la citada autoridad no había dado respuesta a la instancia de la justiciable; de ahí que se tiene por demostrada la existencia del acto reclamado a la responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto impugnado al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 219/2022, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa omisión, porque el siete de noviembre y veinticinco de noviembre del año en curso, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca dictó eso autos en la carpeta judicial OAX/000219/2022, en los cuales se atendieron las pretensiones contenidas en el ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el quejoso reclama del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ***/****, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las actuaciones de la carpeta judicial ***/*******/***, que la responsable remitió como apoyo a su informe justificado y en atención al requerimiento de ocho de noviembre pasado, se advierte que el siete de noviembre y veinticinco de noviembre del año en curso, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, dictó esa determinaciones en la carpeta judicial de mérito, en los cuales se atendieron las pretensiones contenidas en el ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior evidencia que un órgano responsable dictó los proveído de siete de noviembre y veinticinco de noviembre, en los cuales se revocó toda designación de defensa hecha con anterioridad, se tuvo por designado como defensor Público Federal del justiciable al licenciado **********, aunado al acceso a la carpeta digital que se le otorgó, la autorización de la copia de la misma, y la intervención a la Fiscalía que solicito el justiciable, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión de los proveídos de siete de noviembre y veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se demuestra que los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial 219/2022, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la justiciable reclamó al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ***/****, en el que designo defensor público, revoco a los señalados con anterioridad y solicito diversas prestaciones. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en los apartado V y VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Administrador y la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca por rendidos sus informes justificados y por anunciadas las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la respuesta de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto de la designación del defensor, remita copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de las constancias en las cuales se advierta que están atendidas las pretensiones restantes del libelo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente ***, dado que esas actuaciones son indispensables para resolver este medio extraordinario de defensa al estar relacionadas con el acto reclamado. Se apercibe a la citada autoridad que de no atender el requerimiento formulado se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial y anexo señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1249/2022. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ********, en contra de los actos reclamados al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en esta localidad, y otra autoridad. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar, sin que se tramite de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Solicitud de informes justificados. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan sus informes con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir sus informes fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y en el supuesto de no rendirlos se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. En el entendido que, para las autoridades jurisdiccionales responsables, el cómputo del plazo para que actúen en el presente juicio de amparo, no se descontarán los que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, a menos que estén previstos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1/2022, Undécima Época, registro digital 2024510, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintidós y obligatoria a partir de la presente fecha, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables." Asimismo, deberán exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad de los actos reclamados y acompañarán en su caso copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan sus informes justificados. También, deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al Actuario(a) de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de esas autoridades, el cual deberá ser corroborado por el (la) fedatario(a) vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Emplazamiento de la representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. De momento este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo relativo al reconocimiento de terceros interesados en este juicio de amparo, hasta en tanto obren las constancias del procedimiento de origen y esté en posibilidad de determinar a quién le reviste esa calidad. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciada la documental anexa a su libelo inicial, la cual será relacionada, admitida y desahogada en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación. Domicilio y notificación de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del quejoso el que señala en su escrito inicial, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar donde se encuentra recluido actualmente, hasta en tanto su defensor público o asesor jurídico que se designe señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cuyo caso dejará de tenerse como domicilio procesal del justiciable en donde se ubica la penitenciaría señalada. Por tal motivo, se comisiona al Actuario(a) Judicial adscrito(a) a este órgano jurisdiccional para que se constituya el próximo diez de noviembre de dos mil veintidós, en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a fin de que notifique de manera personal al quejoso **********, el presente proveído. Esta determinación no necesita comunicarse al Consejo de la Judicatura Federal, porque ya se hizo lo propio mediante el oficio 16/2017. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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