Christian Felipe Gómez Pérez

Expediente 2029/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2029/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Christian Felipe Gómez Pérez
  • Titular de la Subdelegación Tepic, Nayarit, del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito signado por ****, tercero interesado en este incidente de suspensión y anexo certificado que acompaña, a través del cual pretende promover incidente de revocación en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo contra la resolución interlocutoria de modificación a la suspensión definitiva de trece de septiembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 990/2018; luego, debido a su voluminosidad, se ordena conservar por separado el anexo certificado de que se trata. Ahora bien, en atención al ocurso de mérito dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que dicho medio impugnación es improcedente contra la resolución que pretende combatir según lo establece el artículo 81 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, por lo que, en su caso, procedería el recurso de revisión, mismo que se tuvo interpuesto por el ocursante en proveído de veintiocho de septiembre de la presente anualidad. Es oportuno precisar, que dicho recurso de revisión fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, como se aprecia en proveído de veintidós de octubre de la presente anualidad.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, esto es, que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los artículos tildados de inconstitucionales de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que, anexa la notificación por la cual informó lo anterior al quejoso; asimismo, refiere que la devolución correspondiente se encuentra en cálculo por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad; al respecto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda en vías de cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación de dicha secretaría, por medio del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente sumario; sin embargo, la citada autoridad omite remitir la copia del comprobante de la operación de transferencia realizada al quejoso. Consecuentemente, agréguense a sus autos para que obren como corresponda el libelo en cuestión; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que reciba el oficio de la notificación respectiva, dé cumplimiento total al fallo protector concedido; es decir, remita la constancia que acredite su debido cumplimiento.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintisiete de septiembre del año en curso (fojas 84 a 86), el delegado del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiocho del mes próximo pasado (foja 87), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el cuatro del actual mes (fojas 88 a 90); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del ocho al diez de este mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 33 a 57), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, con número de referencia 00097000156A16106266 y la constancia de pago exhibida por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de esa Secretaría, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el treinta de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas referido no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora(.)" Resolución que causó ejecutoria el diecisiete de julio de este año (fojas 67 y 68). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlos en contra de la promovente del amparo. Se le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $3.00 (Tres pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad de $*, por concepto de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintisiete de septiembre del actual año (fojas 84 a 86), el delegado del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia con firma original del cheque número 0000848 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $*, por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente, el cual le entregó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $*,luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $3.00 (Tres pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la comisión bancaria que se indicó en el formato del pago de que se trata. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Secretario responsable tenía que devolver la cantidad de $10,173.36 (Diez mil ciento setenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 6 y 31) y el seis de septiembre del año en curso, la autoridad responsable expidió a la aquí quejosa el cheque antes indicado (foja 85); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de este año entre el índice para el mes de julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436; y para el mes de julio de esta anualidad fue de 132.991 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0041. Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $10,173.36 (Diez mil ciento setenta y tres pesos 36/100 Moneda Nacional), se obtiene $10,215.07 (Diez mil doscientos quince pesos 07/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Secretario responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $10,215.99 (Diez mil doscientos quince pesos 99/100 Moneda Nacional) por los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario responsable debía devolver a la agraviada era de $*; sin embargo, éste reintegró la diversa de $*, es decir, entregó el excedente de $0.92 (Cero pesos 92/100 Moneda Nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio del numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 110 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de siete de septiembre del año en curso (foja 113), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el diez del citado mes y año (foja 114); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del doce al diecisiete de septiembre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 59 a 80), se determinó conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)a) Los artículos 23, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, pago que fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de treinta de julio de la presente anualidad (fojas 98 a 100), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 112), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había entregado el cheque número 0000781, al quejoso por la cantidad de $******************** moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $******************** moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril dos mil dieciocho, y el cuatro de septiembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a agosto de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436; y para el mes de agosto de esta anualidad fue 100.492 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $******************** moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $******************** moneda nacional); sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $******************** moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $27.32 (veintisiete pesos 32/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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