Christian Humberto Cortez Becerra

Expediente 84/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
84/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
31/08/2018

Partes del expediente

  • Christian Humberto Cortez Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad informa que la parte quejosa devolvió la cantidad devuelta con exceso al momento de dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. .... "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiséis de febrero del presente año (fojas 100 a 116), se determinó conceder a xxxxxx, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de $8,735.13 (ocho mil setecientos treinta y cinco pesos con trece centavos moneda nacional) por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $.....(.... 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 135 y 136). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el diecinueve de abril del presente año (fojas 139 a 141), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 141), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $.....(......), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 24), y que el doce de abril del mismo año se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 141), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil dieciocho al mes de abril del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre del dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.012407023766751. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $....(ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con trece centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $8,560.03 (ocho mil quinientos sesenta pesos con tres centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $....(.....). Ante ello, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $....(.....), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se pone en evidencia un exceso pagado en favor de la parte quejosa, equivalente a $....(......). En consecuencia, la quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de junio de la presente anualidad, en la oficialía de partes de este órgano judicial (foja 167), informó que devolvió la cantidad entregada en exceso, para lo cual acompañó el recibo de pago en original; luego, ante la manifestación de la oficiante en el sentido que efectivamente recibió la cantidad en comento; Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en proveído de dieciséis del mes actual (foja 119), se ordenó girarle a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, copia certificada del comprobante de pago por medio del cual el quejoso *******, devolvió la cantidad que le fue pagada en exceso; sin que a la fecha haya informado lo conducente. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la mencionada autoridad responsable, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento total al fallo protector concedido. En la inteligencia que les continúan subsistiendo los apercibimientos efectuado en autos.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta signado por la delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo requerido en autos, es necesario se le remita el comprobante de pago por medio del cual el quejoso devolvió la cantidad que le fue pagada en exceso; al respecto, envíesele copia certificada del recibo de pago que obra agregado en autos a foja ciento sesenta y ocho, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia que le sigue subsistiendo el apercibimiento indicado en autos.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en once de julio de la presente anualidad (foja 173), se requirió a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días comunicara si recibió el numerario que le fue pagado en exceso al quejoso, sin que a la fecha haya realizado lo propio, no obstante de haber transcurrido el plazo concedido para tal efecto como se aprecia de la certificación de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, requiérase de nueva cuenta a la autoridad en comento, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe si recibió la cantidad señalada en el párrafo que antecede, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que le sigue subsistiendo el apercibimiento indicado en autos. Por otro lado, visto el escrito de cuenta presentado por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal de aquél, mediante el cual informa que requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y al titular de esa Secretaría, a efecto de que se dé cumplimiento con el fallo protector, para lo cual acompaña los acuses de recibo en original; en consecuencia, agréguense a sus autos para que obren como corresponda, en la inteligencia que se estará en espera del acatamiento total de la sentencia concesoria del amparo.

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