Christian Alberto Álvarez López

Expediente 511/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
511/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Christian Alberto Álvarez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por *********, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se agotó la chequera con la que libera los pagos correspondientes para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas en diversos juicios; por lo que comunica que solicitó una nueva al Banco Santander (México), Sociedad Anónima, y, por tanto, solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector; sin embargo, agréguese a sus autos sin mayor acuerdo, en razón de que en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó al archivo el asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual informa que realizó la entrega al quejoso del cheque 551, expedido por la institución bancaria Santander, por la suma de cuatro mil setecientos sesenta pesos con catorce centavos; en consecuencia, agréguese a sus autos sin mayor acuerdo, en razón de que mediante proveído de treinta y uno de julio del año que transcurre, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó al archivo el asunto que nos ocupa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 84 a 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de doce de julio del año en curso (foja 87), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que compareciera a las oficinas de la responsable a fin de que se le hiciera entrega del cheque emitido a su nombre; asimismo, se le apercibió que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciaría en relación con el cumplimiento efectuado, sin tomar en cuenta las manifestaciones extemporáneas. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciocho de julio del presente año (foja 91); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del veinte al veinticuatro de julio actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de mayo de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 53 a 64), se determinó conceder a Christian Alberto Álvarez López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en Tepic, en el ámbito de su respectiva competencia, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $4,750.57 (cuatro mil setecientos cincuenta 57/100 Moneda Nacional), que pagó en el recibo de fecha de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de depósito de cerveza, así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 10 y 11), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Lo anterior tiene sustento, interpretada a contrario sensu, en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS." (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veintiséis de junio de la presente anualidad (fojas 81 a 82), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el once de julio de dos mil dieciocho (fojas 84 a 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque con terminación numérica 0000551, a favor del quejoso por $4,760.14 (cuatro mil setecientos sesenta pesos 14/100 moneda nacional); sin que el promovente del amparo lo hubiera recogido, a pesar de encontrarse debidamente notificado, situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que el monto total de $4,462.00 (cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, misma que debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y el dos de julio de este año se le efectuó con la expedición del cheque de que se trata; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de este año a junio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecisiete fue 131.508; y para el mes de junio fue 132.282 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00588. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $4,488.23 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $26.23 (veintiséis pesos 23/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $4,488.23 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $4,760.14 (cuatro mil setecientos sesenta pesos 14/100, moneda nacional), es decir, un excedente de doscientos setenta y un pesos 91/100 moneda nacional, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa desapercibido, que la parte quejosa no hubiera recogido el cheque de que se trata, pues dicha circunstancia resulta irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, contrario a la parte quejosa que no ha mostrado interés por que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición de dicha parte, la cantidad a la que fue condenado, sin que pueda cancelarlo al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "...". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 84 a 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de doce de julio del año en curso (foja 87), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que compareciera a las oficinas de la responsable a fin de que se le hiciera entrega del cheque emitido a su nombre; asimismo, se le apercibió que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciaría en relación con el cumplimiento efectuado, sin tomar en cuenta las manifestaciones extemporáneas. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciocho de julio del presente año (foja 91); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del veinte al veinticuatro de julio actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de mayo de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 53 a 64), se determinó conceder a Christian Alberto Álvarez López, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en Tepic, en el ámbito de su respectiva competencia, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $4,750.57 (cuatro mil setecientos cincuenta 57/100 Moneda Nacional), que pagó en el recibo de fecha de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de depósito de cerveza, así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 10 y 11), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Lo anterior tiene sustento, interpretada a contrario sensu, en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS." (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veintiséis de junio de la presente anualidad (fojas 81 a 82), causó ejecutoria la resolución de mérito y, en consecuencia, se requirió al Secretario y Recaudador de Rentas, ambos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el once de julio de dos mil dieciocho (fojas 84 a 86), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque con terminación numérica 0000551, a favor del quejoso por $4,760.14 (cuatro mil setecientos sesenta pesos 14/100 moneda nacional); sin que el promovente del amparo lo hubiera recogido, a pesar de encontrarse debidamente notificado, situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que el monto total de $4,462.00 (cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, misma que debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y el dos de julio de este año se le efectuó con la expedición del cheque de que se trata; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de este año a junio de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecisiete fue 131.508; y para el mes de junio fue 132.282 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00588. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $4,488.23 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $26.23 (veintiséis pesos 23/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $4,488.23 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $4,760.14 (cuatro mil setecientos sesenta pesos 14/100, moneda nacional), es decir, un excedente de doscientos setenta y un pesos 91/100 moneda nacional, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa desapercibido, que la parte quejosa no hubiera recogido el cheque de que se trata, pues dicha circunstancia resulta irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, contrario a la parte quejosa que no ha mostrado interés por que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición de dicha parte, la cantidad a la que fue condenado, sin que pueda cancelarlo al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "...". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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