Christian Gilberto López Lomelí

Expediente 832/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
832/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Christian Gilberto López Lomelí
  • Administradora Desconcentrada de Recaudación Adscrita A la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1", de la Administración General de Recaudación, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ***TEPIC, NAYARIT, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de ocho de agosto del presente año, que sobreseyó el presente juicio de garantías fuera de audiencia (foja 47). En consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el artículo 214 del ordenamiento legal invocado, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, ante el desistimiento del directo quejoso, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. De igual manera, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 76 a 81, del cuaderno incidental original); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente devuélvanse a la autoridad responsable denominada Administradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1", de la Administración General de Recaudación, con sede en esta ciudad, las copias certificadas relativas al crédito fiscal de la parte quejosa que acompañó en su oportunidad, solicitándosele el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se observa que fue presente en este Órgano Jurisdiccional el quejoso *, con la finalidad de ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el uno del presente mes y año (foja 38), en el que desistió de la demanda que originó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el precepto 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio de garantías. En ese tenor, se deja sin efecto la fecha prevista para la celebración de la audiencia de ley en el presente sumario, fijada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del trece de septiembre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, enviado vía correo electrónico, a través del cual, acusa recibo del exhorto 241/2018-IV, derivado del juicio de amparo 1374/2013, mismo que registró bajo el número 98/2018; asimismo, informa que señaló las once horas del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la toma de muestra de escritura que proporcione el quejoso Eduardo Valencia Castellanos; consecuentemente, hágase del conocimiento la anterior determinación a las partes, a fin de que estén en aptitud de presentarse al desahogo de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la Tesis I.3o.P.41 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil cuarenta y nueve, del tomo III, correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada, así como a los diestros Eduardo González Muro y Víctor Franco Maya. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. Doy fe. Miac JUICIO DE AMPARO 1374/2013 4021. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL EN BUCERÍAS, NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4022. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4023. OFICINA REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO, CON SEDE EN BUCERÍAS, NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4024. DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT (AUTORIDAD RESPONSABLE) En autos del juicio de amparo número 1374/2013, promovido por EDUARDO VALENCIA CASTELLANOS, se dictó el siguiente auto que a la letra dice: TEPIC, NAYARIT, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, enviado vía correo electrónico, a través del cual, acusa recibo del exhorto 241/2018-IV, derivado del juicio de amparo 1374/2013, mismo que registró bajo el número 98/2018; asimismo, informa que señaló las once horas del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la toma de muestra de escritura que proporcione el quejoso Eduardo Valencia Castellanos; consecuentemente, hágase del conocimiento la anterior determinación a las partes, a fin de que estén en aptitud de presentarse al desahogo de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la Tesis I.3o.P.41 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil cuarenta y nueve, del tomo III, correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido".

  4. Principal

    20342En dos de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta a la Juez, con el escrito signado por el agraviado Christian Gilberto López Lomelí, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo. Registro 20342.- CONSTE. TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Christian Gilberto López Lomelí, mediante el cual manifiesta desistirse del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses; sin embargo, el mismo no se encuentra debidamente ratificado ante la presencia judicial; luego entonces, atendiendo a lo anterior y considerando que el juicio de garantías siempre se sigue a instancia de parte agraviada, con fundamento en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, comisiónese a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, para que se constituya en el domicilio procesal señalado por el promovente y lo requiera para que ratifique su escrito de desistimiento, en el propio acto de la notificación, o bien, dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la misma, comparezca ante la presencia judicial con esta finalidad; una vez hecho lo anterior, se proveerá lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y cinco, Tomo XXIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Por otro lado, como lo solicita el promovente, de conformidad con el arábigo 108, fracción I, en relación con el diverso 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngasele designando como nuevo domicilio procesal el que indica en su líbelo de mérito y por revocado el anterior. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo acordó y firma la Licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la Secretaria Dominga García Flores, que autoriza y da fe. woha

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