Cesar Orlando Chipres Castellanos
Expediente 1118/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cesar Orlando Chipres Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1118/2023; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, Cesar Orlando Chipres Castellanos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales viola1dos en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 1118/2023, se admitió mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (foja 23), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se reconoció el carácter de tercero interesada a Valeria Leticia Juárez Sánchez, por sí y en cuanto representación de los menores C.A.C.J. y R.L.C.J., y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Asimismo, en dicho proveído se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial de la menor; razón por la que en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés (foja 42) se tuvo a Alejandro León Cortés, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se están ejecutando en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por el quejoso es: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, del distrito judicial de Zamora, Michoacán: La admisión de demanda de fecha diez de agosto de dos mil veintidós. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, del distrito judicial de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistente copias certificadas 492/2022 (se formó un tomo). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de oficio su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El caso que nos ocupa, el quejoso sostiene en sus conceptos de violación -en esencia-, que el auto de admisión de demanda de diez de agosto de dos mil veintidós, no se encuentra fundado ni motivado. Que la fijación de los alimentos provisionales equivalente a un cuarenta porciento de todas y cada una de las percepciones salariales rompen el principio de proporcionalidad, ya que atendiendo a sus recibos de nómina que anexó a su demanda de amparo resulta ilegal y desproporcional, pues no se investigó previamente su situación económica personal, y no se toma en consideración las deducciones de ley, como son el IVA, ISR entre otras, descuesto de INFONAVIT, y que incluso hay semanas en las que recibe en ceros. Que no bastaba que se acreditara las necesidades de los acreedores alimentistas, sino también la capacidad económica del deudor. Que no se investigó si la tercera con interés cuenta con un empleo remunerado, lo que no señaló ella en su demanda. En ese tenor, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados ello a pesar de que proceda la suplencia de la queja, dado que en el caso trata de un asunto de alimentos, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, este juzgador no advierte queja deficiente que suplir. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 167, tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 316, Décima Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Los conceptos de violación sintetizados resultan infundados por las razones que se expondrán a continuación. Contrario a lo aducido por el quejoso, basta imponerse del contenido del auto reclamado, para apreciar que el juez responsable para fundar su determinación, invocó los numerales 443, 446, 462, 464, fracciones I y III, 465 y 466 del Código Familiar del Estado de Michoacán. De igual forma, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que era procedente decretar como la medida provisional el cuarenta por ciento de todas y cada una de las percepciones laborales del deudor alimentario, correspondiente veinte por ciento a cada acreedor alimentario. Argumentó que a pesar de que en ese momento no se deducía una capacidad económica diferente del obligado alimentario, aun y cuando en auto no se ha justificado de manera exacta a cuánto asciende las precepciones económicas que obtiene por el trabajo que desempeña, era procedente la cantidad señalada. Asimismo, señaló al considerarse que la actora sabe cuál es la fuente laboral del demandado se presume cierta su afirmación y al considerase la vía más pronta y efectiva para lograr el cumplimiento de las necesidades de alimentos de los menores. Así, la circunstancia apuntada, contrario a lo que establece la parte quejosa, la autoridad responsable fundó y motivo debidamente la fijación de los alimentos provisionales, pues, como se estableció, precisamente, por inexistir prueba eficaz para establecer la capacidad económica del deudor alimentista, en términos del artículo 464, fracción I, del Código Familiar de Michoacán, conforme al cual, en los casos en los cuales no existan pruebas aportadas hasta ese momento de las que se deduzca capacidad económica del deudor alimentario, como ocurrió en el caso concreto, se debe fijar una pensión provisional; razón por la cual, se estima legal la forma de fijar los alimentos provisionales en favor de los menores y su progenitora. De ahí que, si en el caso el juez estableció las razones que le motivaron a decretar la medida provisional, y señaló los preceptos y ordenamiento u ordenamientos legales aplicables al caso concreto, entonces, es evidente que no se actualiza la carencia de fundamentación y motivación que alega el quejoso. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Para proseguir con la explicación de lo infundado de los conceptos de violación, conveniente traer a glosa los preceptos 443, 446, 452, 453, 457, 462, 464, 468, 469 y 470 del Código Familiar del Estado de Michoacán, los que señalan en su orden lo siguiente: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia." "Artículo 446. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. Sin que tal obligación comprenda la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado." "Artículo 451. Los alimentos, fijados por convenio o sentencia en cantidad líquida o determinada, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente." "Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, gozan de la presunción de necesitar alimentos. "Artículo 453. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión tanto del deudor como de sus acreedores." "Artículo 457. Tienen acción para pedir la fijación y el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentista; II. El que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad; III. El tutor; IV. Los hermanos; V. La persona que tenga bajo su custodia al acreedor alimentista; y, VI. El ministerio público, en tratándose de personas con discapacidad que carezcan de representante. "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado." "Artículo 468. Una vez recibidos los informes y demás datos requeridos, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral quien citará a la audiencia de juicio a celebrarse dentro de los cinco días siguientes a su recepción." "Artículo 469. En ella, se procederá al desahogo de las pruebas ya admitidas y que lo requieran, pudiéndose admitir y desahogar aquellas que se ofrezcan en ese momento; una vez llevadas a cabo, se emitirá la resolución correspondiente en la misma audiencia. "Artículo 470. La sentencia que decrete los alimentos: I. Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II. Apercibirá al deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal. De una interpretación sistemática de lo anterior se obtiene que: 1. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor alimentista, comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; gastos para educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales -entre otros-; 2. Los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; 3. En el tema de los alimentos, los menores de edad, gozan de la presunción de necesitar alimentos; 4. Tienen acción para la fijación y aseguramiento de alimentos, entre otros, el que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad; 5. Asimismo, para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pida, y que se justifique, aproximadamente, cuando menos, el caudal del que deba darlos; 6. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una Unidad de Medida y Actualización diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento se deduzca una capacidad económica diferente; 7. Que la autoridad solicitará informes y demás trámites que estime pertinentes para conocer los ingresos del obligado; 8. Una vez recibidos los informes y demás datos requeridos, se citará a la audiencia de juicio en la que se desahogarán las pruebas ya admitidas y aquellas que se ofrezcan en ese momento; una vez llevadas a cabo, se emitirá la resolución correspondiente en la misma audiencia; 9. La sentencia que decrete los alimentos fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional. Lo que pone de manifiesto, que la pensión alimenticia se otorga en dos etapas procedimentales distintas: a). Una provisional, la cual tiene el propósito de asegurar la subsistencia de quienes demandan alimentos mientras se resuelve en definitiva el juicio respectivo. b). Otra definitiva, la cual se otorga al dictarse la sentencia en el juicio de alimentos, con apoyo en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, y que regirá a partir de ese momento y hasta que la obligación alimentaria se extinga. Esto es, la orden de ministrar alimentos puede ser provisional o definitiva, ambas se resuelven en etapas del procedimiento distintos y tienen una naturaleza jurídica: la primera es de naturaleza cautelar; mientras que la segunda constituye la acción principal ejercitada y se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes. Así, en el dictado de la resolución que fija el monto de pensión provisional, no se define el momento a partir del cual deban ser cuantificadas las no cubiertos, sino a partir de la fecha en que se haya presentado la demanda, en tanto que es cuando, mediante el reclamo respectivo, se hace patente la necesidad alimentaria que la actora estima no ha sido satisfecha. Lo que obedece a que la pensión provisional es una medida cautelar -en atención a su naturaleza urgente e inaplazable- de naturaleza temporal, cuyo fin es el asegurar la subsistencia de quien los demanda hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada; provocando así que dicha obligación alimentaria nazca en el momento de su petición ante el Juez de Primera Instancia. En apoyo a lo anterior, es de citar en lo que interesa, la jurisprudencia 1a./J. 58/2009, definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 29, de rubro y texto: "ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIADEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO). Conforme a dichas legislaciones, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional, el cual debe respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos -previo agotamiento del recurso de apelación, en el caso del Estado de Guerrero-; el acreedor, por considerar que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo; lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva, ya que ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, pues si bien es cierto que esta sentencia hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas por las partes, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de ahí que es posible analizar el acto reclamado sin afectar la situación creada por el nuevo que no se reclamó en el amparo solicitado." Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que no asiste razón a la parte quejosa, ya que el juez al admitir la demanda de divorcio sin expresión de causa, registrándola con el número 492/2022, promovido por la tercera interesada Valeria Leticia Juárez Sánchez, señaló que atendiendo al interés superior de los menores, y tomando en consideración que aun cuando no obran constancias fehacientes en autos de las percepciones que obtiene el obligado alimentario a efecto de justificar aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos, y al considerarse que la actora sabe cuál es la fuente laboral del demandado se presume cierta su afirmación y al considerase la vía más pronta y efectiva para lograr el cumplimiento de las necesidades de alimentos de los menores con fundamento en los artículos 443, 446, 462, 464 fracciones I y III del Código Familiar del Estado, por ello fijó de inmediato una pensión provisional durante la tramitación del juicio a cargo del demandado César Orlando Chiprés Castellanos, el equivalente al cuarenta por ciento de todas y cada una de las percepciones laborales del deudor alimentario. Señaló además que corresponde el veinte por ciento para cada acreedor alimentario, por ende, mandó enviar oficio a la fuente de trabajo del obligado alimentario denominada Bimbo S.A. de C.V., con domicilio en la calle Privada Cerro Azul, número doscientos treinta y uno, colonia Jardines de San Joaquín, de esta ciudad, para que realice los descuentos correspondientes al obligado alimentario y la cantidad correspondiente la deposite en la cuenta número 1598036414 de la institución bancaria BBVA Bancomer a nombre de la accionante Valeria Leticia Juárez Sánchez; bajo apercibimiento que de no cumplir, será sancionado en los términos establecidos por la ley y responderá solidariamente con el obligado directo, de los daños y perjuicios que cause a las acreedoras alimentistas por sus omisiones o informes falsos, de conformidad con lo que dispone los artículos 465 y 466 del Código Familiar del Estado. Condición última que actualiza la hipótesis contenida en la fracción I, del artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán, y en la cual correctamente se apoyó el juez responsable para fijar la pensión. En efecto, el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, es aplicable específicamente para el auto de admisión de la demanda, como en el caso que se analiza, toda vez que el acto reclamado (auto de diez de agosto de dos mil veintidós) es en el que se admitió la demanda del juicio de origen. Entonces, si en el caso, como lo determinó el juez responsable, no se encontraban acreditadas las percepciones del aquí quejoso, fue legal su determinación de fijar el equivalente al cuarenta por ciento de todas y cada una de las percepciones laborales del deudor, esto es, veinte por ciento para cada menor, con base en la fracción I, del artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Por tanto, al actualizarle la hipótesis contenida en la fracción I, del artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán tampoco era necesario que el juez recabara pruebas para fijar la pensión alimenticia a cargo del quejoso, pues ese artículo precisamente establece la obligación del juez de instrucción de fijar de inmediato -en el auto de admisión de la demanda- una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los deudores alimentistas sin necesidad de pruebas. Y si bien el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, también señala que el monto que podría variar, en caso de que, con las pruebas aportadas hasta ese momento, se dedujera una capacidad económica diferente, también lo es que en el caso no se actualiza dicha hipótesis pues la actora no ofreció prueba alguna al respecto. Por lo que, contrario a lo señalado por el quejoso, el acto reclamado no es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad. Es aplicable la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2018740, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. Si bien el dictado de una medida cautelar por parte del juzgador puede actualizarse con el conocimiento de las pruebas y los argumentos de sólo una de las partes, no puede soslayarse que esto se debe a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que reguló esa medida, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Ahora bien, en el caso específico de la obligación de ministrar alimentos durante el desarrollo de controversias del orden familiar, el órgano legislativo ha previsto la pensión alimenticia provisional por su instrumentalidad para permitir el acceso a un nivel de vida adecuado o digno de los acreedores alimentarios, lo cual le confiere un carácter de interés social y orden público, que hace que trascienda de quienes integran el grupo familiar. Estas consideraciones constituyen la base objetiva que justifica la existencia de la medida cautelar, mientras que el hecho de que revista esta naturaleza precautoria implica que no rija previamente a su dictado el derecho de audiencia previa, lo cual hace evidente que no se deba escuchar ni recibir pruebas del deudor alimentario. Así, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé, entre otras cuestiones, que tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, no viola el derecho a la igualdad, aun cuando sólo permita al acreedor alimentario alegar y probar con antelación a la fijación de la pensión provisional, pues la diferencia de trato entre el deudor y el acreedor alimentarios no atenta contra la dignidad de las personas, sino que se erige como una consecuencia necesaria del carácter de la pensión alimenticia provisional como una medida cautelar. En efecto, la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que: persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, es proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión". Por tanto, contrario a lo que afirma el quejoso, el Juez no tenía la obligación de revisar de oficio si la tercero interesada era trabajadora o tenía percepciones, pues la pensión fue para los menores no para ella, y en su caso, solo asciende el porcentaje al cuarenta por ciento, quedando una sesenta por ciento para el quejoso. Luego, el hecho de que el quejoso tenga deducciones de ley y diversas como INFONAVIT, ello no es obstáculo para fijar la pensión provisional, pues se reitera, la pensión se fijó de acuerdo al cuarenta por ciento de sus ingresos y ellos es de acuerdo a lo que se le deposita, y cuando se deposita ya es con los descuentos correspondientes y a los que alude el aquí quejoso. No es obstáculo a lo anterior, las pruebas documentales que anexa el quejoso, pues dichos documentos no puede ser tomados en consideración por los motivos antes expuestos, y porque en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Se estima que esa previsión tiene sentido porque se trata de la primera etapa del juicio, en la que sólo se admite la demanda y, por su naturaleza, se provee sobre las medidas cautelares urgentes, entre ellas, las que corresponden a fijar y asegurar, así sea provisionalmente, alimentos de menores de edad involucrados que, por su necesaria inmediatez, deben resolverse desde luego aún sin pruebas. En ese sentido, también es menester señalar que la institución de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, el cual refiere que aquéllos deberán ser proveídos por el obligado tomando en consideración las posibilidades del que deba darlos, así como las necesidades del que deba recibirlos. A fin de cumplir con lo anterior, el juzgador determinara qué debe comprender el concepto de una vida digna y decorosa, según las circunstancias del caso concreto; apreciar la posibilidad de los deudores alimentarios para satisfacer, por sí, los alimentos que logren dicho nivel de vida, y determinar una pensión alimenticia suficiente para satisfacer las necesidades de los menores en sentido amplio. En ese contexto, es necesario precisar que, en atención al carácter provisional de la pensión en análisis, es evidente que únicamente tiene como finalidad asegurar la subsistencia de quienes demandan alimentos mientras se resuelve en definitiva el juicio respectivo, por lo cual, la circunstancia expuesta por el inconforme, tendente a establecer su supuesta capacidad económica limitada, es materia de análisis en el juicio principal, o incluso, a través de la vía incidental, para obtener la reducción del monto correspondiente. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, número cuarenta y dos, primera parte, Séptima Época, página trece, de rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACIÓN DE LOS, SIN AUDIENCIA DEL OBLIGADO A DAR LOS. CONSTITUCIONALIDAD EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE LOS ESTABLECE. El título VII, capítulo XVIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no es inconstitucional al establecer la fijación de alimentos provisionales sin la audiencia previa del deudor alimentario, quien no es privado del derecho de ser oído en cuanto puede contradecir el derecho del acreedor y su obligación de darle alimentos. Las diligencias de jurisdicción voluntaria son, en efecto, actos fuera de juicio en que no se admite contradicción, sino simplemente satisfacer por parte de quien demanda los alimentos los extremos que marcan los artículos 1346 y 1350 del código impugnado y porque tienen por objeto alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere. Es necesario convenir que por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Ahora bien, no es exacto que los alimentos provisionales carezcan del requisito de provisionalidad y de condicionalidad, como también es inexacto que la resolución que los concede viole la garantía de audiencia. Son provisionales como su misma denominación lo indica supuesto que no se decretan en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos al tener a su alcance tanto el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1350, en el juicio a que alude el artículo 1353, o en el incidente que prevé el artículo 1354, para la determinación de la cuantía de los alimentos. Por tanto, se difiere solamente la audiencia en la fijación de los alimentos provisionales, determinada por la propia naturaleza el derecho y la necesidad de que ellos se suministren oportunamente, puesto que la oportunidad de ser oído se presenta en el momento en que en ejercicio de un derecho, el deudor puede apelar de la resolución dictada en la jurisdicción voluntaria, y en los términos que establece el artículo 1350 del código procesal civil que se combate, o bien en juicio de contradicción respecto del derecho que en su contra se ejercita y se objeta únicamente el monto de los alimentos provisionales, en el incidente que otorga el artículo 1254". Por lo que si el quejoso considera que es excesiva la cantidad fijada de alimentos, como ya se señaló, tiene a su alcance el incidente de reducción o modificación de pensión alimenticia, en donde puede acreditar sus condiciones económicas, ya que como se señaló anteriormente, que por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, pues carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. Por lo que no es exacto que los alimentos provisionales carezcan del requisito de provisionalidad y de condicionalidad, como también es inexacto que la resolución que los concede viole la garantía de audiencia; aunado a que son provisionales como su misma denominación lo indica supuesto que no se decretan en forma definitiva, y el deudor puede contradecirlos al tener a su alcance los recursos correspondientes, o en el incidente de modificación o reducción, para la determinación de la cuantía de los alimentos. Por tanto, se difiere solamente la audiencia en la fijación de los alimentos provisionales, determinada por la propia naturaleza el derecho y la necesidad de que ellos se suministren oportunamente, puesto que la oportunidad de ser oído se presenta en el momento en que en ejercicio de un derecho, el deudor puede impugnar la resolución dictada, respecto del derecho que en su contra se ejercita y se objete únicamente el monto de los alimentos provisionales, en el incidente que otorga el Código Familiar. En las condiciones relatadas, se concluye que el acto reclamado no infringe en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cesar Orlando Chipres Castellanos, por su propio derecho, en contra del acto reclamado al Juez Primero en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1118/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez, con el escrito registrado bajo el número 18047, de Alejandro León Cortés, representante especial de los menores de iniciales C.A.C.J. y R.L.C.J., a través del cual formula alegatos. El juez provee: Ténganse por recibidos los alegatos vertidos por el representante especial en cita, en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena hacer relación de los mismos en la presente audiencia. Por otra parte, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y con las exhibidas por la autoridad responsable. 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos formulados por Alejandro León Cortés, representante especial de los menores de iniciales C.A.C.J. y R.L.C.J.; asimismo, hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos referidos y se declara precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. José Ramón Rocha González. Maestro en Amparo. (Firmado electrónicamente) Secretaria de Juzgado. Licenciada Karla Martínez Arenas. (Firmado electrónicamente) 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN Archivo Firmado: 64516513_0941000033290923005.p7m Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federa
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Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el informe justificado que rinde la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que anexa la responsable en cita en apoyo a su informe justificado. Se ordena formar un tomo de pruebas. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio y anexo que remite la Juez en cita mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 354/2023 del índice de este juzgado, comunicación que fue girada para que en auxilio llevara a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada Valeria Leticia Juárez Sánchez, lo que fue realizado por la autoridad en cita, tal como se advierte de las constancias que remite con el oficio de cuenta, por lo que se le tiene por emplazada al presente asunto a la tercera de referencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena únicamente agregar los dos oficios que remite la Juez en cita, en donde en el primero de ellos informa que recibió el despacho 354/2023, del índice de este juzgado, para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Valeria Leticia Juárez Sánchez y en el segundo de éstos en el que refiere que recibió el oficio de la admisión de la demanda de amparo y que ya rindió el informe justificado requerido en autos; lo anterior, toda vez que ya se proveyó al respecto tal como se advierte de los párrafos que anteceden. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito signado por Alejandro León Cortés, representante especial de los menores de iniciales C.A.C.J. y R.L.C.J., por medio del cual acepta y protesta el cargo que le fue conferido y solicita que las notificaciones personales se le realicen por vía electrónica en los nombres de usuario que refiere; asimismo, señala como autorizada a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos, tal como lo solicita respecto de los diversos autorizados que refiere en su escrito de cuenta. En otro contexto, el representante especial en cita señala como domicilio procesal los "Nombres de Usuario" "alcleon" y "procham92", registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, que proporciona, asimismo, informe que las notificaciones relativas al expediente en que se actúa, le pueden ser realizadas vía electrónica. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al representante especial en cita el acceso al expediente electrónico a través de los "Nombres de Usuario" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, realícense las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado, toda vez que así lo solicita el ocursante. Sin que resulte procedente autorizar notificaciones al número móvil y cuenta de correo electrónico personal que proporcionó el tercero interesado, toda vez que la Ley de Amparo no contempla dichos supuestos, por lo que únicamente se tienen por señalados dichos medios de comunicación para establecer contacto e informarle en su caso determinaciones administrativas no jurisdiccionales. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en Zamora, Michoacán, mediante el cual informa que recibió el despacho 354/2023, del índice de este juzgado, el cual se envió para que por su conducto en auxilio realice el emplazamiento de la parte tercera interesada, por lo que se estará a la espera de que sea realizada la encomienda requerida para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
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