Cesar Marquez Nuñez

Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Cesar Marquez Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho, toda vez que a la fecha no se ha recibido escrito alguno; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, sin que resulte de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiéranse el juicio y el cuaderno original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 26 y 29 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 07 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante sentencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, modificada sólo en un aspecto de la concesión a través de la ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés pronunciada en el amparo en revisión 16/2023, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, se concedió la protección constitucional al quejoso a efecto de que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: I. Deje sin efectos la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós pronunciada en el toca de apelación ********************, la cual modificó el auto de dieciocho de enero del año en curso pronunciado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, dentro del proceso penal ********************, que se instruye al quejoso por los delitos de secuestro y extorsión; ll. Deje intocados y reitere los aspectos de la resolución que no fueron impugnados; lll. Ordene al juez de la causa, que de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimientos Penales aplicable, requiera al quejoso para que en el término de tres días, señale si desea que se tramite un incidente no especificado sobre el plazo razonable, a efecto que se determine si en el caso específico, se justifica o no la prolongación de la prisión preventiva pese al transcurso del plazo razonable, esto es, si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar; IV. Ordene al juez de la causa, que prescinda de ordenar el desahogo del dictamen médico que se requiere conforme al Protocolo de Estambul y que en todo caso, la consecuencia de la falta de ese dictamen, tenga repercusión directa al momento de la valoración probatoria que se realice en el dictado de la sentencia definitiva; ello, sin dejar de considerar que en el tema de tortura, la carga probatoria corresponde al Estado; V. Con libertad de jurisdicción y atendiendo a las consideraciones expuestas en el apartado respectivo, se pronuncie nuevamente en torno a la necesidad e idoneidad de los careos procesales ordenados por el juez responsable en el auto apelado; VI. Con libertad de jurisdicción y atendiendo a las consideraciones expuestas en el apartado correspondiente, se pronuncie nuevamente en torno a la designación de asesores jurídicos de las víctimas; y, VII. Finalmente, también instruya al juez del proceso de origen, para que una vez concretado todos los puntos anteriores de concesión, una vez llegada la etapa procesal oportuna, con plenitud de jurisdicción y atendiendo a las consideraciones expuestas en antepenúltimo apartado considerativo de este fallo, se pronuncie en torno a las pretensiones del quejoso recurrente, referentes a las conclusiones del Ministerio Publico, a efecto de que determine lo que en derecho proceda, con la debida atención a los derechos fundamentales de cada una de las partes del proceso. En cumplimiento a lo anterior, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y siguiendo cada uno de los lineamientos trazados en cada uno de los puntos como a continuación se detalla, realizó lo siguiente: Respecto del punto I, relativo a que deje sin efectos la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós pronunciada en el toca de apelación ********************, la cual modificó el auto de dieciocho de enero del año en curso pronunciado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, dentro del proceso penal ********************, que se instruye al quejoso por los delitos de secuestro y extorsión: *Por oficio recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de mayo dos mil veintitrés, dejó sin efecto la resolución pronunciada el diez de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal ********************, y solicitó prórroga para dar cabal cumplimiento, la cual en auto de diez de mayo del año en curso, le fue concedida por quince días más. Con relación al punto concesorio ll, para que deje intocados y reitere los aspectos de la resolución que no fueron impugnados: *Mediante oficio recibido en este juzgado el diecinueve de mayo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciocho del mismo mes y año, en la que dejó intocados los aspectos ajenos a la protección constitucional. En relación con el punto lll, para que ordene al juez de la causa, que de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimientos Penales aplicable, requiera al quejoso para que en el término de tres días, señale si desea que se tramite un incidente no especificado sobre el plazo razonable, a efecto que se determine si en el caso específico, se justifica o no la prolongación de la prisión preventiva pese al transcurso del plazo razonable, esto es, si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar: *En la misma resolución de dieciocho de mayo del año en curso, ordenó a la Juez de la causa para que, de conformidad con el artículo 186 del CPPEM aplicable, requiera al inculpado ******************** a fin de que en el término de tres días, señale si desea que se tramite el incidente no especificado sobre el plazo razonable, a efecto que se determine si en el caso específico, se justifica o no la prolongación de la prisión preventiva, pese al transcurso del plazo razonable, esto es, si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar. Respecto del punto de concesión IV, para que se ordene al juez de la causa, que prescinda de decretar el desahogo del dictamen médico que se requiere conforme al Protocolo de Estambul y que en todo caso, la consecuencia de la falta de ese dictamen, tenga repercusión directa al momento de la valoración probatoria que se realice en el dictado de la sentencia definitiva; ello, sin dejar de considerar que en el tema de tortura, la carga probatoria corresponde al Estado: *En la nueva resolución y acatando la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable modificó la decisión apelada, para ahora, determinar que no procede ordenar el desahogo del dictamen médico del inculpado ******************** conforme al Protocolo de Estambul, y que en todo caso, la consecuencia de la falta de ese dictamen, tendrá repercusión directa al momento de la valoración probatoria que se realice en el dictado de la sentencia definitiva; ello, sin dejar de considerar que en el tema de tortura, la carga probatoria corresponde al Estado. Con relación al punto V, para que con libertad de jurisdicción y atendiendo a las consideraciones expuestas en el apartado respectivo, se pronuncie nuevamente en torno a la necesidad e idoneidad de los careos procesales ordenados por el juez responsable en el auto apelado: *El Tribunal de apelación resolvió que contrario a lo que determinó la Juez de la causa en el auto que se revisa, no procede la recepción de los careos ordenados entre el inculpado ******************** y los testigos de cargo ******************** porque de sus exposiciones no derivan contradicciones que deban dilucidarse o esclarecerse dada su falta de pertinencia con el hecho materia del proceso. Por tanto, consideró que tampoco procedía la recepción de los careos que se ordenaron en la primera instancia, entre ********************. -víctima- y los testigos de descargo ********************esencial y específicamente, porque no se advirtió de sus deposados circunstancia alguna que deba dilucidarse o aclararse, esto es, no existe materia para debatir entre las personas antes citadas. Además, argumento que en el caso que fueran ordenados, no sería obstáculo para continuar con el trámite del proceso, la asistencia de la víctima ********************., al desahogo de los careos procesales ordenados entre ********************y testigos de descargo ********************en razón de que no es esencial su presencia en la recepción de esas pruebas. Respecto del punto VI, para que con libertad de jurisdicción y atendiendo a las consideraciones expuestas en el apartado correspondiente, se pronuncie nuevamente en torno a la designación de asesores jurídicos de las víctimas: *La autoridad responsable determinó en tutela de los derechos humanos de las víctimas, que ********************y ********************., tienen derecho a recibir asesoría jurídica y además, disponible su derecho constitucional a recibir asesoría jurídica -oficial o particular-, cual sea su elección. Por ello, que en lo subsecuente, sería su voluntad si deciden o no hacer uso de tal prerrogativa; asimismo, que la decisión que tomen al respecto, debería hacerse constar en diligencia formal, sin que ello sea en sí mismo obstáculo para continuar la tramitación de la causa, pues su inactividad no es motivo de invalidez o nulidad de los actos procesales que tengan que desarrollarse a la luz de las reglas esenciales del procedimiento. Finalmente, por lo que hace al punto VII, para que se instruya al juez del proceso de origen, para que una vez concretado todos los puntos anteriores de concesión, una vez llegada la etapa procesal oportuna, con plenitud de jurisdicción y atendiendo a las consideraciones expuestas en antepenúltimo apartado considerativo de este fallo, se pronuncie en torno a las pretensiones del quejoso recurrente, referentes a las conclusiones del Ministerio Publico, a efecto de que determine lo que en derecho proceda, con la debida atención a los derechos fundamentales de cada una de las partes del proceso: *Se instruyó a la Juez del proceso de origen para que una vez concretados los puntos que sustentan la reposición del procedimiento de la primera instancia y llegada la etapa procesal oportuna, se pronuncie en torno a las pretensiones del inculpado ********************, referente a las conclusiones del Ministerio Público a efecto de que determine lo que en derecho proceda, con la debida atención a los derechos fundamentales de cada una de las partes del proceso. Por ende, ordenó que una vez concluido el término probatorio y el adicional, si es concedido, llegada la etapa procesal oportuna, el A quo, debería de acatar puntualmente, lo dispuesto en el artículo 336 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En consecuencia, este juzgado considera que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio, motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho violado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la sentencia, el proveído y/o resolución de 23 de mayo del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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