César Ochoa Arellano y Otros.

Expediente 531/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
531/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
07/12/2018

Partes del expediente

  • César Ochoa Arellano y Otros.
  • Carlos Ixta Ixta
  • Carlos Ixta Ixta y Otros.
  • César Ochoa Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se efectuó la compensación en el sistema de turno SISE-OCC v.1.1.0.56, relativo al juicio en que se actúa, quedando asentado en el sistema de turno con el número de orden 000793/2018, del rubro de turno de demanda de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente juicio, se advierte que se tuvo por recibido el oficio del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió los autos del juicio de amparo 146/2018 de su índice, promovido por César Ochoa Arellano y Carlos Ixta Ixta, por si y en cuanto ex defensores de Eulogio Granados Pedraza, al considerar que tiene relación con el diverso juicio de amparo 113/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, del cual se aceptó el returno planteado. Por tanto, se ordena remitir copia del oficio en cita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que se haga el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/4748/2018, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 531/2018, promovido por César Ochoa Arellano y Carlos Ixta Ixta, por sí y en cuanto ex defensores de Eulogio Granados Pedraza; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho (fojas 7-11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, César Ochoa Arellano y Carlos Ixta Ixta, por sí y en cuanto ex defensores de Eulogio Granados Pedraza, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Desechamiento de la demanda e interposición de la queja. En proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 40), el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, -previo cumplimiento a requerimiento- desechó la demanda de amparo (146/2018), al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que previo a la promoción del juicio de amparo debieron promover el recurso de revocación, contenido en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inconformes con dicha determinación, Carlos Ixta Ixta y César Ochoa Arellano, interpusieron recurso de queja [27/2018] (fojas 44-45), el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en sesión pública de diecinueve de abril de dos mil dieciocho por el Tribunal, en el sentido de declararlo fundado (fojas 56-67). Ello, al considerar que la causa de improcedencia invocada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, no era manifiesta ni indudable, ya que para ello era indispensable constatar, de manera fehaciente, si se actualizaban las hipótesis de procedencia del recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sólo en ese caso, era factible exigir a los quejosos que, previa, la promoción del juicio de amparo agotaran el recurso ordinario en cita. Segundo. Admisión de la demanda. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 68-70), el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, admitió la demanda de amparo; requirió el informe justificado a la autoridad responsable; ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención correspondiente; reconoció el carácter de tercera interesada a María Guadalupe Domínguez López a quien ordenó emplazar por conducto de la licenciada Mónica Iris Madrigal Lemux; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 176-179), el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ordenó remitir el juicio de amparo a este órgano jurisdiccional, al considerar que ya había conocido del juicio de amparo 113/2018, el cual derivó de la misma causa penal de que deriva el juicio constitucional en estudio, esto es, la 265/2017. Tercero. Continuación del trámite de la demanda por este juzgado. El veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 190-193), este juzgado continuó con el trámite de la demanda de amparo, determinó que era innecesario requerir el informe justificado a la responsable, se convalidó el emplazamiento realizado a la tercera interesada; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por los quejosos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, es: La remoción de su cargo de defensores del imputado Eulogio Granados Pedraza, en la audiencia intermedia celebrada el dos de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 265/2017. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al rendir su informe justificado (foja 75). Certeza que se corrobora con el disco versátil de videograbación que adjuntó el juez responsable a su informe justificado, que contiene copia de la audiencia intermedia de dos de febrero de dos mil dieciocho así como de la carpeta administrativa con que se cuenta en la dirección de gestión del sistema de justicia penal acusatorio y oral región Morelia, las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2012, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, registro 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente, que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que, de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer; sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, sólo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio referido, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de dichas fracciones. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Así como la jurisprudencia I.4º C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, con relación a la observancia del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, con motivo del interés superior de la menor, concluyó que, será posible dejar de observar tal principio, cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea de que la parte quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir el acto de que se duele, resulta conveniente recordar que el acto reclamado consiste en la remoción de los quejosos del cargo de defensores del imputado Eulogio Granados Pedraza, dentro de la audiencia intermedia de dos de febrero de dos mil dieciocho, en el proceso penal 265/2017. Ahora bien, resulta conveniente traer a glosa los diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la procedencia del recurso de revocación, los cuales son del contenido siguiente: "CAPÍTULO II RECURSOS EN PARTICULAR SECCIÓN I Revocación "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta". Del contenido de los preceptos transcritos se advierte -en lo de interés-: El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Procede en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto del recurso será que el órgano que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia y por escrito, conforme a las reglas siguientes: Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Ahora bien, este juzgado, se pronunció en relación a la interpretación que debe dar al artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello, dentro del juicio de amparo 113/2018, promovido por Eulogio Granados Pedraza, en relación a lo cual se determinó: ".Y con relación al argumento en el que el magistrado responsable señaló que no procedía que se admitiera el recurso de revocación, porque el recurso de apelación no se resuelve sin substanciación, ya que la ley prevé una serie de pasos para su trámite, como la vista a las partes, correr traslado con los agravios, entre otros; resta decir que, aunque no se comparte la interpretación que de esa porción normativa del artículo 465 realizó, por las razones que a continuación se precisarán, esa inconsistencia por sí misma, no es suficiente para estimar que sí procedía que en una interpretación extensiva de dicho numeral, se admitiera la revocación, simplemente porque como ya quedó anotado, el auto que desecha la apelación concluye la instancia y por ello, no es de mero trámite. Pues bien, la razón por la que este juzgador no comparte el argumento del magistrado en el que señaló que no procedía aplicar extensivamente el artículo 465, porque el recurso de apelación sí requiere una trámite especial, estriba en que se verificó una interpretación errónea de esa disposición. Es así, porque el artículo 465 dispone que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; y que el objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En ese sentido, la interpretación gramatical de esa porción, arroja que el recurso de revocación procede contra resoluciones de mero trámite, pero al mismo tiempo, establece la tramitación de ese medio de impugnación, la cual exige resolverse sin substanciación; es decir, obviando la vista a las partes con la interposición, el traslado de los agravios, la citación a la audiencia y demás requisitos, que contrariamente, sí exige la tramitación de la apelación. No obstante ello, en el auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el magistrado responsable estableció que no procedía admitir el recurso de revocación en contra del diverso que inadmitió la apelación, porque la apelación no se resuelve sin substanciación, ya que la ley prevé una serie de pasos para su trámite; lo que a juicio del suscrito es incorrecto, porque la parte que dice que deberá resolverse sin substanciación, se refiere al trámite del recurso de revocación y no como erróneamente lo indicó el magistrado, a la determinación o auto que se pretenda impugnar a través de la apelación.". De lo que se advierte que para su procedencia sólo se necesita que al resolución recurrida será de mero trámite, esto es, determinaciones que no estén relacionadas con el fondo; ya que la expresión "sin sustanciación" no se refiere a la determinación que se pretende combatir, sino al trámite de recurso de revisión. Por tanto, si en el caso, se advierte que el acto reclamado es una resolución de mero trámite, porque la remoción como defensores del imputado no está relacionado con el fondo del asunto, es evidente que los quejosos debieron interponer en su contra el recurso de revocación previo a promover el amparo. No se pasa por alto que el Tribunal Colegiado En Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en la queja 27/2018, adujo: "[.] 29. En el caso justiciable, se estima ocioso establecer en este momento si esa remoción de los defensores constituye o no un acto de mero trámite, pues con autonomía de ello, a partir de lo expresado por los quejosos en la demanda, los escritos aclaratorios y sus anexos, al menos hasta el momento en que el juez de Distrito se pronunció sobre la inadmisión de la demanda de amparo, es infactible establecer de manera indudable lo relativo a que la remoción del cargo de defensores controvertida por los quejosos se emitió sin sustanciación, esto es, sin debate previo de las partes. 30. Esto porque de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron lo siguiente: "5. En tal tesitura, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la hora y día señalado, por lo que el Juez respectivo le dio intervención al agente del Ministerio Público, quien manifestó que las pruebas ofrecidas por la defensa eran conforme al Sistema Mixto Vigente anteriormente, por lo que se carecía de capacidad técnica para una defensa adecuada. Por tanto, en uso de la palabra de la defensa se expresó ser abogados con cédula profesional registrada ante este Tribunal, que contrario al indicado por el C. Fiscal, las pruebas ofrecidas por escrito con anterioridad, se encontraban ajustadas a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el Juez procedió a leer todos y cada uno de dichos elementos de convicción, concluyendo que los mismos no eran procedentes en razón de que esas pruebas serán para acreditar los antecedentes de la conducta de la víctima, lo que no era el motivo sino de los hechos de la imputación, y que por ello en la defensa existía una manifiesta incapacidad técnica para llevar una defensa adecuada a favor del imputado, que deberíamos desalojar totalmente la Sala (.)". 31. De lo que se sigue que, mínimamente, existió expresión de las partes sobre el tema de la aludida "incapacidad técnica" de los defensores y aquí quejosos, para continuar con la defensa del imputado en el procedimiento penal de origen; lo que impide considerar que, de manera manifiesta, la remoción del cargo de defensores controvertida mediante la demanda de amparo, se produjo sin previo debate; incluso, tal aspecto debe constatarse a través del examen de lo aducido en la parte relativa de la audiencia intermedia en que, de modo indudable, llevará a establecer indudablemente si hubo o no hubo debate previo. 32. Circunstancias que no pueden establecerse a partir de las constancias que glosan hasta ahora el juicio de amparo, por lo que, deberá ser dentro de la secuela procedimental del biinstancial de origen, que el juez de Distrito las constate fehacientemente y determine lo conducente". Sin embargo, como se asentó, este juzgador ya se pronunció sobre la interpretación del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el juicio de amparo 113/2018, promovido por Eulogio Granados Pedraza, aunado a ello, de la copia digital de la audiencia intermedia en la que se acordó la remoción reclama, se advierte que hubo debate pero respecto al ofrecimiento de las pruebas por parte de los aquí quejosos, no respecto de la remoción en sí. Aunado a ello, no era impedimento que hubieren sido removidos del cargo de defensores del imputado para que estuvieran en posibilidad de interponer el recurso de revocación. Ello, porque si bien el juez les dijo desalojaran la Sala de audiencias, previo a ello debieron interponerlo, pues así lo establece el artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que dicho medio de impugnación debe promoverse verbalmente antes de que termine la audiencia. De ahí que dicho medio de impugnación satisfaga los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto revocar o modificar la determinación reclamada en esta instancia, está establecido en el código de la materia y tiene determinado un procedimiento para su resolución; y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio de origen, a fin de que el juzgado responsable se pronuncie, específicamente, sobre la no admisión de la reconvención. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. En consecuencia, al no haber interpuesto el recurso de revocación previo a la promoción del presente juicio de amparo, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado en la presente instancia constitucional. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro: 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Finalmente, cebe decirse la presente determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los términos siguientes: A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso la parte quejosa, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por César Ochoa Arellano y Carlos Ixta Ixta, por sí y en cuanto ex defensores de Eulogio Granados Pedraza, contra el acto y autoridad que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo.. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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