Cesar Rogelio Martinez Altamirano

Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Cesar Rogelio Martinez Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 746/2023; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea el quince de junio de dos mil veintitrés (fojas 2), ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de la las Naciones Unidas, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 746/2023 y en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés previa prevención (diecinueve de junio del año en curso), se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la moral quejosa a la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, es: ( Oficio ******************** de siete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual comienza las facultades de comprobación en su modalidad de revisión de gabinete y solicita al quejoso diversa información y documentación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema |Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó (a través del Director de los Contencioso de la Dirección General Jurídica encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán), al rendir su informe justificado (foja 83). Certeza que se corrobora con las documentales que exhibió la responsable en cumplimiento al requerimiento que realizó este juzgado, consistente en las copias certificadas del oficio reclamado, citatorio de siete de junio de dos mil veintitrés, acta de notificación de ocho del citado mes y año y escrito presentado por el quejoso ante la responsable. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes. La Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, señaló que en el presente amparo se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso a), esta última a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que el juicio se debe promover contra la sentencia que ponga fin al juicio. No se actualiza la causal alegada. Argumento que es infundado. Al respecto, los preceptos legales en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y [.]". De la lectura a la fracción III del artículo 107 antes transcrito, se infieren dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. No puede dejar de observarse que en las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo de fiscalización es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva. Sin embargo, lo infundado de la causal de improcedencia deriva porque contra la orden de revisión de escritorio o gabinete es procedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, considerado como de imposible reparación, en tanto que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal. Lo anterior, porque al igual que la orden de visita domiciliaria, constituye un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, su persona, papeles y posesiones, ya que con apoyo en ella, las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, entre otros, informes, datos, documentos y la presentación de su contabilidad; como sucede en el caso, en que mediante el acto concreto de aplicación reclamado se requirió lo siguiente: 1.- En original y copia fotostática para su cotejo de los avisos presentados ante el Registro Federal de Contribuyentes. 2.- En original y copia fotostática para su cotejo de las declaraciones bimestrales normales y en su caso complementarias del Impuesto al valor Agregado y declaraciones bimestrales normales y en su caso complementarias del Impuesto Sobre la Renta. 3.- Registros de medios o sistemas electrónicos, de ingresos, egresos, inversiones y deducciones del período fiscal, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. 4.- Cédulas de papeles de trabajo en la que consten los cálculos y determinación de las declaraciones bimestrales del Impuesto al Valor Agregado y declaraciones bimestrales del Impuesto Sobre la Renta, que sirvieron de base para la presentación de las declaraciones correspondientes a las contribuciones antes señaladas. 5.- En original y copia fotostática para su cotejo de los estados de cuenta de cada una de las Instituciones Bancarias con las que realizó sus operaciones. Asimismo, se precisó que deberá proporcionar todos los datos e informes que sean necesarios, y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión; con el apercibimiento que en caso de no proporcionar de manera completa, correcta y oportuna la documentación e información solicitada, se le ubicaría en el supuesto de la infracción prevista en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, lo cual le informan que se sanciona de conformidad con los establecido en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento. Por lo anterior, es que resulta infundada la causal de improcedencia formulada, en tanto que en contra de la revisión de escritorio o gabinete reclamado, procede el juicio de amparo indirecto, por las razones antes mencionadas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 63/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 708 del Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 169804, que dice: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN PARA PRACTICARLA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO. El procedimiento de revisión de escritorio o gabinete previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, inicia con la notificación de la orden respectiva y concluye con la resolución que determina las contribuciones o aprovechamientos omitidos, o con el oficio que da por concluida la revisión por falta de observaciones, por lo que la citada orden forma parte del procedimiento de fiscalización, pues con apoyo en ella las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos, documentos y la presentación de su contabilidad, traduciéndose en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular su persona, papeles y posesiones. En esa virtud, la orden de revisión puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, dentro de los plazos legales correspondientes, independientemente de que se agote en uno o varios actos, pues de lo contrario se obligaría al gobernado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las consecuencias de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos por ese precepto fundamental, esto es, constar en mandamiento escrito proveniente de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, no debió producir efecto alguno." Finalmente, toda vez que no existen más causas de improcedencia que las partes hubieren hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna; se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Síntesis de los conceptos de violación. Ahora, los argumentos de inconformidad exteriorizados por la parte quejosa se encuentran plasmados en el capítulo correspondiente, en los que en síntesis aduce: 1) La orden combatida carece de fundamentación y motivación, porque su actuar contraviene lo dispuesto en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que, en ninguna parte del acto reclamado, se advierta que la autoridad responsable precise claramente el objeto de la revisión, pues lo realiza de manera genérica, sin mencionar el fundamento legal de los impuestos a revisar, pues no es suficiente lo que menciona en la página dos del acto reclamado, que señala: "...esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, con el objeto o propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales; Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta...". Esta parte es competencia material de la autoridad emisora de una orden de revisión de gabinete. 2) En la solicitud de documentación, la responsable refiere que si no se cumple en la forma y términos establecidos, podría proceder en términos del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, aplicando de manera genérica en su integridad el citado precepto, lo cual genera incertidumbre jurídica, en virtud de que se desconoce la manera en que procederá la autoridad fiscalizadora. 3) La fracción III, fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por ello, al invocar en su totalidad dicho artículo, sin excluir la fracción III, ni precisar cuál podría aplicar ocasiona que el acto reclamado se encuentre indebidamente fundado y motivado. 4) La solicitud de información y documentación realizada al amparo de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio PO/0495/2023 y materialización en el acta parcial de inicio de siete de junio de dos mil veintitrés, resulta inconstitucional al no contar con la fundamentación y motivación necesaria para emitir actos de molestia en el Estado de Michoacán. De la lectura de la cláusula cuarta, conviene en que las facultades de la secretaría que conforme a ese convenio se delegan a la entidad del Estado de Michoacán, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las demás autoridades fiscales que, conforme a las disposiciones jurídicas locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. Del fundamento empleado por la autoridad fiscal utiliza diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración y el Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, destacando una competencia escalonada para que la autoridad responsable pueda emitir actos de molestia. Luego, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Conviene con el Gobierno del Estado de Michoacán, para que sea a través de este o las autoridades fiscales que conforme a las disposiciones jurídicas locales estén facultadas, sin embargo, la autoridad responsable es omisa en fundamentarse también en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberana de Michoacán de Ocampo, lo cual era necesario para que establecer que las funciones de la autoridad fiscalizadora serán ejercidas dentro del territorio de esta entidad. 5) La solicitud de información y documentación transgrede los artículos 28, 38, fracción IV, 42, fracción II, 48 del Código Fiscal de la Federación; 1, 14 y 16 constitucionales en relación con los diversos 8, 21 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, porque la responsable requirió sin justificación y fundamento alguno a la quejosa la entrega de la contabilidad que es de su propiedad, lo privo del derecho al uso y goce de sus bienes, por lo que únicamente se debió solicitar su exhibición. 6) No se puede apreciar que el oficio reclamado cuenta con firma autógrafa al momento de emitirse, ni se puede apreciar que provenga de autoridad competente 7) Ausencia de fundamentación y motivación al requerirle información relacionada al impuesto al valor agregado de manera genérica, esto es del ejercicio fiscal comprendido del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, debido a que la Ley del Impuesto al Valor Agregado se calcula el impuesto por cada mes calendario, salvo los casos señalados en los artículos 5-E, 5-F y 33, de conformidad con el artículo 5-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como en los casos en que las declaraciones sean bimestrales como en el caso de la quejosa, cuando se debió señalar bimestre por bimestre a efecto de que la quejosa tuviera la certeza del mes o meses que iba a revisar. Análisis de los conceptos de violación y calificación. Los motivos de disenso expuestos, resultaron infundados en una parte e inoperantes en otra. a. Marco normativo [premisa legal]. Atendiendo que los tópicos bajo los cuales se plantea la litis atañen esencialmente al derecho de seguridad jurídica, en su vertiente de legalidad, a continuación, se establece el marco referencial de derecho donde se contempla, mismo que servirá de parámetro para el estudio de los conceptos de violación. Fundamentación y motivación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya transgresión en su contra es acorde en reclamar la parte quejosa condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas. La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 de la Constitución Federal deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el citado precepto de nuestra Carta Magna, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en que: i. El órgano del Estado del que provenga el acto esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo; ii. El propio acto se prevea en dicha norma; iii. Su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan; y, iv. El acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen. La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. En relación con las referidas exigencias, es menester traer a la atención que, de conformidad con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: - La fundamentación debe entenderse como la expresión precisa del precepto o preceptos aplicables al caso; y - La motivación, implica señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Motivos aducidos que, ineludiblemente habrán de adecuarse a las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lineamientos los anteriores que se obtienen de los razonamientos esgrimidos por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 204, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.". En efecto, el precepto de la Constitución Federal que se analiza, consagra una de los derechos fundamentales que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestra Magna Carta, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es posible citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, sin exponer razones sobre hechos que no carezcan de relevancia para dichas disposiciones; dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los que deben manifestarse en base a los hechos probados y las circunstancias y modalidades objetivas del caso, para que éste encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos, debe formularse precisamente, en el propio mandamiento escrito, y no en otro diverso con el objeto de que el afectado por el acto de autoridad, pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Por otra parte, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación, pues mientras la primera es una violación formal que se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso pueda subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. De tal manera, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos; siendo la segunda una violación material o de fondo, que corresponde cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal. Empero, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa, o se incurrió en incorrecta motivación, que ocurre cuando las razones que tienen en consideración la autoridad para emitir el acto, no están probadas, o lo están de manera deficiente; o están en disonancia con el contenido de la norma legal invocada como aplicable al caso, sea por falta de demostración o por insuficiencia o defectuosa valoración de las pruebas que originaron la emisión del acto. Es decir, implica un defecto en el juicio de los hechos, la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales. Tiene aplicación al caso, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.". De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, la tesis número VI. 2o. J/248, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del título: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.". Ambos deberes, tienen que ser acatados por toda autoridad administrativa y judicial que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados. No se excluyen uno del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. Ahora, los principios de legalidad y de fundamentación y motivación adquieren notas esenciales tratándose de actos que ocurren en el seno de la Administración Pública y que no trascienden inmediatamente a la esfera jurídica de los gobernados, pues en tal caso no será posible exigir la existencia de un mandamiento escrito, sino que lo preceptuado en el artículo transcrito implica únicamente que la autoridad actúe dentro de su esfera de competencia, y con base en antecedentes fácticos que actualicen la hipótesis de la norma en que se fundó. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 50/2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." No obstante, cuando el acto reclamado no sólo produzca sus efectos en el seno de la administración pública, sino que vaya más allá, causando una molestia al quejoso, el principio de legalidad exigirá que tal actuación se dicte por autoridad competente en forma escrita, fundando y motivando debidamente su proceder, esto es, expresando los dispositivos legales en que la autoridad justifique su actuación, así como los razonamientos por los que, desde su punto de vista, los hechos de la hipótesis se ajustan al caso concreto. Además, en el supuesto de actos emitidos por la autoridad administrativa, para que se estime satisfecho el principio de fundamentación debida, al establecer los preceptos legales de los que se desprenda la facultad específica con base en la cual se está emitiendo el acto de autoridad, si se trata de disposiciones normativas que contemplen varios supuestos, resulta indispensable que ésta precise con claridad y exactitud el apartado, fracción, inciso y subinciso en que apoye su actuación, con el objeto de dar seguridad jurídica al gobernado, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, al no estar en aptitud de determinar si dentro del cúmulo de facultades de la emisora se encuentra el supuesto conforme al cual se emitió el acto reclamado. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en las jurisprudencias 57/2001 y 10/94, emitidas por la Segunda Sala y por el Pleno, respectivamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." y "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.". No obstante, en el caso de que las normas complejas -que contienen varios supuestos en cuanto a las atribuciones que le competen a una autoridad por razón de materia, grado y territorio-, por una falta de técnica legislativa, no se subdividan en apartados, fracciones, incisos y/o subincisos, pero contengan una serie de párrafos que guarden interrelación al regular la competencia de las diversas autoridades que integran a un mismo órgano de gobierno, la autoridad administrativa debe transcribir la parte correspondiente de la norma en que le sea conferida la competencia para actuar. Cobra aplicación la jurisprudencia 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.". Ahora bien, a fin de analizar lo expuesto, conviene señalar que del oficio de requerimiento de información de siete de junio de dos mil veintitrés que se combate, la autoridad sustentó su actuación los siguientes numerales: "De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafos primero, fracción II, y segundo, y 48, párrafos primero, fracciones I, II y III, y último del Código Fiscal de la Federación con Fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II; TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto; OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero y DÉCIMA, párrafo primero, fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 4 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Primera y Segunda fracción III del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Michoacán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el 14 de Mayo de 2014; modificado por Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 29 de abril de 2020; artículos 1, 8, 9, 11, 14, 17, primer párrafo, fracción II y 19, párrafo primero, fracciones IX, XIV, XVII y LXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 8 de octubre de 2021; reformado por decretos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, de fechas 28 de diciembre de 2021 y 22 de diciembre de 2022, artículos 1º, 2º, 4º, 6º y 15 párrafo primero, fracción I, inciso b), 16 párrafo primero, fracción XIX y XX, 20, párrafo primero, 24, párrafo primero, fracción I, inciso a), III, IV, XIII, XV, XVI, XX, XXXIX y último párrafo; y artículo Transitorio Segundo, del Reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de febrero de 2022, reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de fecha 12 de diciembre de 2022; artículos 2°, 2°-A primer párrafo, fracciones III y IV, 16, 26 párrafo primero fracciones IV y VI, 28, párrafo primero, fracción XVII; y 30 del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, vigente; Apartado III. Atribuciones, primer párrafo, fracciones IX, XIII, XIV, LII y LXXV; Apartado IV. Estructura Orgánica, 1.0 Secretaría 1.1 Subsecretaría de Ingresos, 1.1.2 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal; Apartado V, Organigrama; Apartado VII. Funciones Generales, De las Unidades Administrativas de la Secretaría, numerales 7 y 16; Apartado VIII. Funciones Específicas, 1.0 De la Secretaría, 1.1. De la Subsecretaría de Ingresos, 1.1.2 De la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, numerales 3, 4, 10, 36 y 39, del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y Administración, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 21 de diciembre de 2022; se dirige a ese contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala [.]. Como puede advertirse, los citados preceptos legales no son de naturaleza compleja, pues contienen atribuciones generales que corresponden al Servicio de Administración Tributaria, sin distinguir de entre los diversos órganos que forman parte de su estructura administrativa; mientras que las disposiciones reglamentarias reproducidas, sí son de naturaleza compleja. Sin embargo, como puede advertirse, los preceptos del Reglamento Interior referidos sí se encuentran divididos en apartados, fracciones, incisos y subincisos; de ahí que para que exista una fundamentación y motivación debida no es necesaria su transcripción por parte de la autoridad responsable. De igual forma, se aprecia en lo que en el caso interesa, que el Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, teniendo entre sus atribuciones la de recaudar impuestos, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos federales de acuerdo a la legislación aplicable, así como la de vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y ejercer las facultades de comprobación, así como allegarse de la información necesaria para determinar el origen de los ingresos. De esa manera la legislación también prevé que para la consecución de su objeto el Servicio de Administración Tributaria contará con las unidades administrativas que disponga su reglamento interior, el cual en su artículo 2, prevé entre sus unidades administrativas centrales a la Administración General de Auditoría Fiscal, así como a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal. La legislación también dispone que los administradores generales tendrán entre sus facultades la de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban la contabilidad y proporcionen la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y fedatarios públicos los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones respecto de los asuntos de su competencia, esa misma facultad también la reconoció el legislador para los administradores desconcentrados, como lo es en el caso la autoridad emisora de la solicitud de información impugnada. En relación con lo anterior, la autoridad citó el artículo 24, párrafos primero, fracción I, inciso a), III, IV, XIII, XV, XVI, XX, XXXIX y último párrafo, del referido reglamento que prevé la competencia y las atribuciones de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, considerando entre ellas, la de solicitar a los contribuyentes, datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización, así como revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y accesorios de carácter federal, entre otros. De esa manera se estima que es infundado el argumento de la parte quejosa en el que sostiene que la autoridad responsable no fundó ni motivó y que carece de competencia para requerir la información que solicita, pues del contenido de los artículos invocados se aprecia que el legislador le confirió facultades para que en ejercicio de sus facultades de comprobación y fiscalización requiera a los contribuyentes la información necesaria de su contabilidad, datos, e informes necesario para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, como ya se verificó si en el caso la autoridad citó los preceptos legales que puntualmente le otorgan competencia para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes se estima que es infundado el argumento propuesto. De ahí que resultaba innecesario que citara el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. De igual forma es infundado, el concepto de violación en el que alega que se encuentra indebidamente fundado el acto reclamado, debido a que debió excluir la fracción III del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Ello resulta de esa forma, porque si bien es verdad que dicha fracción, en la contradicción de tesis 291/2012, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA" (Registro digital: 2002711), estableció que el citado precepto violaba el derecho a la seguridad jurídica; también lo es que ello fue para la legislación antes del dos milo catorce, ya que en el año de dos mil dieciocho, la Primera Sala del alto tribunal, emitió un nuevo criterio (1a./J. 8/2018 (10a.)) en el que estableció que la legislación vigente a partir de dos mil catorce, no vulnera el derecho a la seguridad jurídica. El criterio antes citado es el siguiente: "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014). Los citados preceptos prevén que para el caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se permite a éstas emplear las medidas de apremio previstas en el referido numeral 40; esto es, solicitar el auxilio de la fuerza pública, imponer la multa correspondiente, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente, en términos del artículo 40-A y solicitar a la autoridad correspondiente que se proceda por desobediencia o resistencia a mandato legítimo de autoridad competente. Dichas medidas de apremio deberán practicarse en el orden mencionado, salvo en los casos que expresamente el artículo prevé que el aseguramiento precautorio se practicará directamente, sin atender a la prelación referida, a saber: a) cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales, b) cuando se practiquen visitas a contribuyentes y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública o que no acrediten la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenan y, por último, c) cuando, una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes. Aunado a lo anterior, la autoridad sólo puede practicar el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que haya realizado, para lo cual deberá seguir un orden, atendiendo a los casos de excepción. Ahora bien, los artículos 40, primer párrafo, fracción III, y 40-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir de 2014, no vulneran el derecho a la seguridad jurídica, ya que no prevén una medida desproporcional con el fin pretendido por el legislador y, además, es idónea para ello. Lo anterior es así, en primer lugar, porque el aseguramiento precautorio no se practica como una medida de garantía para un crédito fiscal, sino como una medida de apremio con los límites materiales precisados, pues para su aplicación es necesario que exista un adeudo fiscal presunto, el cual es realizado por la autoridad y marca el límite material a dicha medida y, en segundo, porque el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación, establece un procedimiento detallado, además de la prelación normal que deben seguir las medidas de apremio para la imposición del aseguramiento precautorio; por lo que dicho procedimiento, junto con la limitante de asegurar solamente hasta la cantidad presunta que resulte, y no sobre la totalidad de los depósitos bancarios del contribuyente, demuestra que los límites materiales a la actuación de la autoridad han sido restringidos, por lo que no hay lugar para su actuación arbitraria y, por ende, el contribuyente sabe a qué atenerse." Por otra parte, respecto al motivo del que derivó la solicitud de información, en el que la autoridad debe especificar si la finalidad era: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas; debe señalarse que el mismo sí se acredita porque del oficio que se analiza se aprecia que la autoridad adujó que finalidad tenía la información solicitada, pues solo señaló que el propósito era verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que este afecto como sujeto directo, en materia del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta. Ello es así, pues en la foja 2 del oficio reclamado (foja 96 del expediente), señaló: ". . .Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, con el objeto o propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. . .". Aunado a lo anterior, se aprecia que la autoridad en el requerimiento de información que se analiza, expresó la documentación que requiere, la categoría que atribuyó al contribuyente como causante directo. De igual forma es infundado, el concepto de violación en el que señala que la solicitud de información y documentación transgrede los artículos 28, 38, fracción IV, 42, fracción II, 48 del Código Fiscal de la Federación; 1, 14 y 16 constitucionales en relación con los diversos 8, 21 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, porque la responsable requirió sin justificación y fundamento alguno a la quejosa la entrega de la contabilidad que es de su propiedad, lo privo del derecho al uso y goce de sus bienes, por lo que únicamente se debió solicitar su exhibición; sin embargo, la misma si bien se ésta solicitando no es para privarla de la posición de la misma, pues como se dijo, lo es para verificar las facultades de comprobación fiscal, lo que no se traduce en una privación de documentos. Asimismo, es infundado el hecho de que señala que el oficio no cuenta con firma autógrafa al momento de emitirse, ni se puede apreciar que provenga de autoridad competente, pues contrario a ello, se aprecia la firma del Director de Auditoría y Revisión Fiscal; dado que en la foja 3 del oficio PO/0495/2023 (foja 97 del expediente), se advierte el nombre de ********************, en cuanto Director de Auditoria y Revisión Fiscal, y sobre el nombre, se aprecia una rúbrica ilegible en color negro, como se advierte de la imagen siguiente: Con lo anterior, contrario a lo manifestado por el quejoso, se demuestra que dicho oficio si se encuentra firmado. Por otra parte, la quejosa sostiene que el citado requerimiento es ilegal porque se trata de un requerimiento de información genérico y ambiguo, en virtud de que la autoridad no funda la causa de su actuar, que la autoridad no detalla el objeto de la revisión ni las razones por las que está siendo sujeta a las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria; lo cual también resulta infundado. En principio conviene señalar que el artículo 42, fracción II, del Código Fiscl de la Federación que cita la autoridad prevé las facultades de comprobación con las que cuenta la autoridad hacendaria para el cumplimiento de las normas tributarias, de esa manera ese acto constituye uno de molestia que debe ser consecuencia de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo anterior se estima que para que las autoridades fiscales emitan una orden de verificación de escritorio o gabinete, o vinculada con esta facultad realicen algún requerimiento de información, en ejercicio de las facultades concedidas en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el contenido de los artículos 16, párrafo primero constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, deben mediar un mandamiento por escrito, en el que además de fundar su competencia, deben precisar con qué carácter solicitan al sujeto gobernado la documentación que requieren, deben señalar cuál documentación es la requerida y cuál es la facultad que se ejerce, citar expresamente los preceptos aplicables al caso y señalar, con claridad, las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisión de tal orden, lo cual obliga a la autoridad fiscal a citar la denominación de las contribuciones y el periodo que debe abarcar la verificación, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y así evitar el ejercicio indebido o excesivo de la facultad de revisión de escritorio o gabinete en perjuicio de los personas causantes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 68/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DE REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.". Esto es, la orden de revisión de gabinete tiene que satisfacer los mismos requisitos necesarios para la emisión de una orden de cateo, entre ellos que se indique el objeto por el cual se emite. De la lectura del oficio reclamado se aprecia que se comunicó a la parte quejosa el propósito del mismo era realizar la revisión fiscal del periodo comprendido del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, para el Impuesto al Valor agregada, y para el Impuesto Sobre la Renta como sujeto directo y como retenedor. Ahora, respecto de las obligaciones fiscales derivadas de los impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado, es necesario que el requerimiento de la información correspondiente no se haga de forma genérica, sino que se especifique los meses del año calendario respecto del cual se solicita la información, ya que, como lo menciona la parte quejosa, la forma en que se tributa dicho impuesto es distinta a las demás contribuciones. Así, contrario a lo señalado por la promovente del amparo, la autoridad hacendaria sí especificó los períodos por los cuales se solicitó la información, a saber: del uno de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, para el Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo. Por ende, se indicó con claridad el período de los meses respecto de los cuales se requirió la documentación correspondiente, así como el impuesto que sobre el que se haría la revisión (Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado); por lo que se encuentran debidamente motivada la orden combatida; sin que tenga trascendencia que no se indicara si era por bimestre y cuáles, o por meses y cuáles, pues si se marcó un periodo de un año completo, es obvio que se está pidiendo la información de todos los periodos, sean mensuales o bimestrales los que se encuentran dentro de ese año. Además, en cuanto al objeto a revisar, la orden es clara en señalar que es el Impuesto Sobre la Renta, y el Impuesto al valor Agregado; con la calidad de contribuyente; de manera que no existe incertidumbre en relación a las obligaciones fiscales sujetas a revisión. Es ilustrativa, por las ideas que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 113/200210 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual también cita la parte quejosa en su conceptos de violación, que dice lo siguiente: "VALOR AGREGADO. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN FACULTADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO NO HUBIERA FINALIZADO EL EJERCICIO FISCAL, EL SUJETO PASIVO NO HUBIERA PRESENTADO LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO O, EN SU DEFECTO, NO HUBIERA TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, NO ASÍ PARA DETERMINAR, EN ESOS SUPUESTOS, CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, YA QUE EL CÁLCULO DEL GRAVAMEN ES POR EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias pueden ejercitar las facultades de comprobación que establece dicho numeral, de manera conjunta, indistinta o separadamente, a fin de verificar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, sin que se establezca alguna limitante en cuanto a los periodos que puede abarcar dicha revisión, con excepción de lo que establece el artículo 67 del ordenamiento legal en cita, en el sentido de que las facultades de comprobación se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo o se presentó o debió haberse presentado la declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarla mediante declaración. Ahora bien, dicha situación pone de manifiesto que las autoridades fiscales pueden, válidamente, en ejercicio de sus facultades de comprobación, revisar el cumplimiento a las disposiciones fiscales en materia de pagos provisionales respecto al impuesto al valor agregado, aun cuando el ejercicio fiscal respectivo no haya concluido, el contribuyente no haya presentado la declaración del ejercicio o, en su defecto, no haya transcurrido el plazo para su presentación; sin embargo, en esos supuestos, las autoridades fiscales deben ajustar su actuación a lo previsto en el artículo 41 del Código citado, esto es, sólo pueden exigir la presentación de las declaraciones respectivas ante las oficinas correspondientes, procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los siguientes actos: a) hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión de presentar la declaración provisional, una cantidad igual a la contribución que hubiera determinado en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad o la que se conozca de manera fehaciente con motivo de la aplicación de las tasas a los actos o actividades realizados por el contribuyente, como pago provisional, sin que ello lo libere de presentar la declaración omitida; b) embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios; y c) imponer las multas que correspondan en términos de lo dispuesto por el propio código, por lo que sólo se encuentran facultadas para determinar créditos fiscales por esas cuestiones, pero no por concepto de impuesto al valor agregado, ya que dada la mecánica que prevé la ley que lo regula, el cálculo del gravamen es por ejercicios fiscales completos". Sin que obste el hecho de que se haya omitido la cita específica de los preceptos legales que regulan los tributos en comento, dado que no es un requisito exigible para este tipo de contribuciones. Por el contrario, cuando se trate de órdenes de revisión de gabinete, basta con que se identifique claramente el tributo que se va a verificar para que se colme la exigencia constitucional. Lo anterior no desatiende los criterios sustentados en las contradicciones de tesis 448/201211 y 145/201812 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubros y textos: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE GABINETE. DELIMITACIÓN DE SU OBJETO TRATÁNDOSE DE LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y DIESEL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. Tratándose de las órdenes para verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la delimitación válida del objeto correspondiente exige que, junto a la precisión de esa porción normativa u otro sustento legal vinculado específicamente con ésta, se identifique su denominación bajo el concepto de "impuesto especial sobre producción y servicios". Lo anterior es así, en tanto que del propio rubro del ordenamiento en cuestión se extrae que fue ese nombre y no otro el que de manera general el legislador decidió imprimir para los supuestos de causación ahí previstos, aunado a que la delimitación del objeto en las condiciones anotadas logra dar certidumbre al contribuyente de lo que será materia de comprobación, siendo éste el límite de actuación de la autoridad administrativa, con lo que se satisface el propósito del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE GABINETE. LA DELIMITACIÓN DE SU OBJETO TRATÁNDOSE DE LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DEL IMPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO RESPONDE A FÓRMULAS RÍGIDAS E INMUTABLES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 26/2013 (10a.), concluyó que para delimitar el objeto en una orden de visita domiciliaria o revisión de gabinete para verificar el cumplimiento de obligaciones relativas a la venta final al público en general de gasolinas y diésel, resulta suficiente precisar la porción normativa correspondiente y su denominación bajo el concepto de "impuesto especial sobre producción y servicios". Sin embargo, esa apreciación no constituye una fórmula rígida e inmutable, sino que para salvaguardar la seguridad jurídica de los contribuyentes, basta con que se identifique de manera clara e indubitable, bajo cualquier redacción o forma posible, que se trata del impuesto establecido en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios". Lo anterior, porque como se desprende de las mismas, basta que se identifique de manera clara e incuestionable el impuesto que se revisa, identificando su denominación, pues con eso se delimita el objeto de la revisión. Tampoco existe confusión en torno al uso de las locuciones "periodo" y "ejercicio" para determinar la temporalidad de la documentación requerida, ya que, "período" precisa un lapso específico; en tanto que, "ejercicio" hace referencia al año fiscal en que se causaron los tributos. Además, contrario a lo que asevera la parte quejosa, como se ha hecho alusión, aunado a que se citaron las fundamentos que sustentaron la competencia de la autoridad, el objeto para el cual se emitió y las contribuciones a verificar, la autoridad hacendaria también indicó la calidad bajo la cual requería al contribuyente. Esto es, lo hizo en su calidad de contribuyente y sujeto directo de ambos tributos; por lo que se satisfacen los requisitos para la emisión de las órdenes de revisión de gabinete. Por otra parte, es inoperante el motivo de disenso en el que señala que es ilegal que la responsable se haya apoyado en la solicitud de documentación, refiera que si no se cumple en la forma y términos establecidos, podría proceder en términos del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, aplicando de manera genérica en su integridad el citado precepto, lo cual genera incertidumbre jurídica, en virtud de que se desconoce la forma en que procederá la autoridad fiscalizadora, destacando, además, que la fracción III, fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así, ya que en el oficio reclamado, la autoridad responsable, en la parte conducente, expresó lo siguiente: "Se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, fracción I, del Código citado, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción I, del propio ordenamiento, asimismo se le informa que en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código (.)." Como se puede observar del oficio reclamado, se trata de un apercibimiento que hace la autoridad señalada como responsable, e imponer una sanción a la parte quejosa, sino exhibe la documentación que le solicitó mediante sus facultades de comprobación. Ahora bien, debe decirse que los apercibimientos de imposición de una medida de apremio o imposición de un sanción, son actos que no afecten de manera actual derechos sustantivos, sino que son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá un agravio al gobernado, por ello, dicho agravio resulta inoperante, pues por el momento no le causa un agravio personal y directo al aquí quejoso, pues ello dependerá de su actuar, de ahí que se trate de un acto futuro e incierto. Decisión. Bajo ese contexto, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación propuestos, y al haberse demostrado que el acto reclamado en ese aspecto no infringió en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo conducente, es negar la protección de la justicia federal solicitada. Alegatos. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la parte quejosa, por no estar obligado a ello, en términos de la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************por su propio derecho, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy seis de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 746/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por la autoridad responsable. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. José Ramón Rocha González, Maestro en Amparo

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, para el efecto de que manifestara si deseaba ampliar la demanda, limitándose a las cuestiones derivadas de la complementación realizada por la autoridad responsables al rendir su informe de ley, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de julio del año en curso y continúese el trámite del presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el escrito de demanda inicial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso César Rogelio Martínez Altamirano, por el cual, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, en auto diecisiete de julio del año en curso, y dentro del plazo concedido, manifiesta que se reserva el derecho de ampliar la demanda, respecto del informe rendido por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y sus unidades Administrativas, en representación de la Dirección de Auditoria y Revisión Fiscal adscrita a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de autos se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa para que manifieste si desea ampliar su demanda; el cual le fue notificado el diecinueve de julio del presente año y le fenece el nueve de agosto actual; por tanto, se le tiene haciendo las manifestaciones que señala en su ocurso de cuenta, y con fundamento en el artículo 124 de Ley de Amparo, se ordena relacionarlas en forma de alegatos en la audiencia constitucional respectiva. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y en su lugar se fijan para su verificativo las diez horas con veinte minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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