Cesar Garibay Ibarra
Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cesar Garibay Ibarra
- Javier Calderon Tinoco
- Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 549/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con el pedimento 576/2020 presentado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente y por precluido el derecho de las demás partes para hacer alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Secretaría de Acuerdos de Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, facultada para recibir escritos de término, César Garibay Ibarra, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la mencionada junta. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio como amparo directo. Por oficio J-II-158/2020 de diez de marzo de dos mil veinte y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, presentó su informe justificado, al cual envió la demanda de amparo promovida por César Garibay Ibarra y diversos anexos. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; órgano colegiado que lo registró como 148/2020 y por Acuerdo Plenario de doce de marzo de dos mil veinte, determinó carecer de competencia legal para conocerlo y ordenó remitirlo junto con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán para que a su vez lo reenviara al juzgado de distrito en turno. Tercero. Trámite como amparo indirecto y returno por conocimiento previo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, órgano jurisdiccional que en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte lo registró como 279/2020 y ordenó reenviarla a este juzgado de distrito bajo el argumento que el acto reclamado [interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral J.2A-06/2016] fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 113/2019 del índice de este órgano jurisdiccional. Cuarto. Acepta returno y suspensión del procedimiento. El catorce de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, la registró con el número de expediente 549/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reconoció el carácter de tercero interesado a Javier Calderón Tinoco y ordenó su emplazamiento; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo la aclaración de la fecha correcta de la audiencia constitucional y se ordenó notificarlo personalmente a las partes. El seis de noviembre de dos mil veinte, se solicitó al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, remitiera a la brevedad posible los tomos de prueba relacionados con este juicio, lo que ocurrió el veinticuatro siguiente. El procedimiento se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 así como al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado de distrito emitió el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de labores ordinarias y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este órgano jurisdiccional; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por el quejoso a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución interlocutoria emitida el treinta de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral J.2A-06/2008, en la que se ordenó modificar el auto catorce de mayo de dos mil dieciocho para ahora ordenar poner al trabajador ejecutante en posesión real y material de la cuarta parte o de la parte alícuota que le correspondía del inmueble adjudicado a su favor. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó su Presidenta al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe, consistentes en los autos originales del expediente laboral J.2ª-06/2008, promovido por Javier Calderón Tinoco en contra de César Garibay Ibarra y otros [dos tomos]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, de las que se advierte la resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil veinte [fojas 664-667, tomo de pruebas II]; de ahí que se tenga debidamente probado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV -aplicada contrario sensu- primer párrafo; ambos numerales de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también será improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, señala que cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que, si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en ejecución de sentencia, como en el presente caso que nos encontramos en la fase de cumplimiento, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Al respecto, resulta preciso señalar que debe distinguirse de procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y de procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquélla en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; ello, de acuerdo con la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el quejoso reclama la resolución interlocutoria emitida el treinta de octubre de dos mil diecinueve dentro del expediente laboral J.2A-06/2008, en la que la autoridad responsable declaró improcedente la revisión de actos de ejecución de la Presidencia de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, interpuesto por el actor -aquí tercero interesado- Javier Calderón Tinoco por conducto de su apoderado jurídico. En dicha interlocutoria, la junta determinó modificar el proveído impugnado, esto es, el auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, para quedar de la forma siguiente: "II. Con apoyo en el artículo 975, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, se ordena poner al trabajador-ejecutante Javier Calderón Tinoco, en posesión real y material de la cuarta parte o de la parte alícuota que le corresponde respecto del bien inmueble consistente en una vivienda unifamiliar en condominio, modelo II, identificada como casa habitación 31, con el número oficial 180, de la calle Tomás de la Huerta, construida sobre el lote XVIII, del módulo 4, del conjunto habitacional Ocolusen II o Fran Antonio de San Miguel Iglesias de esta ciudad de Morelia, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, bajo el registro 01 del tomo 012311, de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Morelia; comisionándose a cualquiera de los actuarios adscritos a esta Junta a fin de que asociado con el acto, se constituya en legal y debida fa (sic) en el domicilio donde se encuentra dicha inmueble y una vez determinado con precisión la ubicación del mismo, ponga al trabajador en posesión real y materia de la parte alícuota que le corresponde; autorizándose al actuario para que solo en caso de ser necesario, en el desahogo de la diligencia haga uso de los medios previstos por el artículo 951, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo". De lo transcrito se advierte que la resolución reclamada de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del juicio de origen, pues ésta debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1941 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Décima Época, registro 2011342, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." De igual forma, no se advierte que el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Por tanto, si el acto reclamado se encuentra vinculado con la ejecución de la sentencia, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que tampoco se está en presencia de actos de imposible reparación dentro de dicho procedimiento ajenos a la cosa juzgada; de tal suerte que, al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de esa etapa, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Asimismo, sirve de sustento a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Determinación que no es contraria lo resuelto por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 113/2019, pues si bien en éste también se reclamaba la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve relativa al recurso de revisión contra actos de la Presidencia de la Junta especial responsable y el juicio de amparo se consideró procedente ello se debió a que la determinación fue impugnada por el trabajador y era contraria a la analizada en el caso, todas vez que declaró improcedente la revisión contra el auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, en el que se acordó que no había lugar a proveer sobre el desalojo del inmueble y poner en posesión al actor Javier Calderón Tinoco; esto es, la resolución materialmente impedía u obstaculizaba la ejecución de lo sentenciado. Incluso en el considerando "cuarto" del juicio de amparo 113/2019 se establecieron las razones por las cuales éste juzgado analizaría su estudio a pesar de que no se trataba de la última resolución en el procedimiento de ejecución; esto es, que se trataba de un caso excepcional porque la resolución reclamada materialmente impedía u obstaculiza el cumplimiento de la sentencia. En cambio, el presente asunto, fue promovido por la parte demandada y en cumplimiento a lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión 143/2019, la junta dejó insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, y emitió la que constituye el acto reclamado en este juicio en la que determinó modificar el auto de catorce de mayo, para ahora, ordenar poner al trabajador-ejecutante Javier Calderón Tinoco, en posesión del inmueble que le fue adjudicado; proveído que no impide la ejecución del laudo, sino que, por el contrario, es tendente a su cumplimiento; y, de estimar procedente el presente juicio de ampro éste último sería el que impediría o entorpecería la ejecución del laudo. Esto es, este supuesto excepcional tiene dos vertientes, la primera de ellas en la que el amparo resulta procedente se da cuanto el acto reclamado es el que entorpece u obstaculiza la ejecución; mientas que la segunda de ellas en la que el amparo resulta improcedente se da cuando el acto reclamado tiende a ejecutar la sentencia o laudo y el amparo es lo que entorpece. En las anotadas condiciones, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, pues como ya se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 107, fracción IV, primer párrafo, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por César Garibay Ibarra, en contra del acto y autoridad responsable precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de éste juzgado, así como en el sistema SISE, la resolución de 8 de marzo de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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