Cesar Humberto Kantún Mena

Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
300/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Cesar Humberto Kantún Mena
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Sexto de Distrito En el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V. Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se sobreseyó en el presente en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el inciso a), del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. [...]

  2. Principal

    V. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 300/2023-V, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el actos reclamado al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, consistente en la omisión de dar trámite a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el quejoso, solicitadas mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente ********************. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 300/2023, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción. Se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman dilaciones dentro de un procedimiento civil; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe con justificación, el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, aceptó los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional En el particular, la acción constitucional puede ejercerse en cualquier momento, pues se reclama un acto de naturaleza omisiva el cual se actualiza de momento a momento, hasta que cese la omisión, por ende, no está sujeta al término de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa reclamó la omisión de acordar diligencias solicitadas mediante escrito de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la jurisdicción voluntaria ********************. Al rendir su informe con justificación, el Juez responsable acompañó las constancias con las que acreditó que posterior a la presentación de la demanda de amparo, impulsó el procedimiento y proveyó sobre la solicitud de la pare quejosa. Ciertamente, en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente natural, el Juez responsable acordó que el siete de febrero del presente año, se llevaran a cabo las testimoniales de ******************** y ********************, solicitadas por el quejoso en su escrito de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En ese panorama, han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, que el quejoso haya alegado que la conducta la autoridad responsable incurre en prácticas para dilatar la continuación del procedimiento, ya que en el juicio de amparo sólo pueden analizarse aquellas que se han actualizado, sin que sea posible adelantarse a las que pudieran ocurrir en otras etas procesales. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, La omisión de dar trámite a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el quejoso, solicitadas mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE [...]

  3. Principal

    Agréguense a los autos el informe justificado rendido por LA JUEZ SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 300/2023-V, promovido por ***, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Umán, Yucatán. (...) CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Para decidir sobre la suspensión definitiva debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el informe previo; por lo que el Juez debe partir de que la autoridad responsable aceptó que el acto reclamado es cierto. En esa lógica, deben tenerse por satisfecho este. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera) así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. En el presente asunto, se reclaman actos con efectos positivos que podrían ejecutarse, por lo que sus consecuencias son susceptibles de suspenderse, ya que de continuarse el procedimiento por cada una de sus etapas el juicio de amparo quedaría sin materia. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que, de ser procedente, la suspensión del acto reclamado no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. Análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia P./J.15/96 que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, esto es, en tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente asunto, se reclama un acto de naturaleza omisiva; sobre este tipo de actos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no impiden la procedencia de la suspensión, cuando existe posibilidad de restituir provisionalmente a la parte quejosa. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En el caso particular, el suscrito considera que no es procedente la suspensión, pues se reclama la transgresión al derecho de la impartición de justicia, por lo que de concederse la suspensión, los efectos harán nugatorios una eventual sentencia de amparo. En efecto, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable de trámite a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el quejoso, solicitadas mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el cual fue registrado con el número de expediente 926/2022 del índice de la autoridad responsable, ello extinguiría el acto reclamado y restituiría en forma terminante el derecho transgredido, por lo tanto, no es posible conceder la suspensión provisional, pues se desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además que a través de su informe justificado, la responsable expone que dio contestación al escrito de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, sin embargo, no anexa constancia con la cual se advierta que lo realizó, con lo cual se entiende que la afectación al quejoso subsiste. Por su contenido, apoya lo resuelto el precedente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU DISTINCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. En los actos reclamados de naturaleza omisiva (como en el caso de la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León de contestar un escrito de petición), es improcedente conceder la suspensión, ya que se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se emita en el juicio de amparo, aunado a que se dejaría sin materia el mismo. En cambio, en los actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos (como la omisión de dar cumplimiento a una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León), sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios, pues en una apariencia del buen derecho, debe ordenarse a la autoridad vencer su abstención y cumplir con las obligaciones que la ley le ordena. De ahí que no cualquier acto omisivo da lugar a conceder la suspensión con efectos restitutorios, sino sólo en los casos en que la omisión derive del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley." En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ***, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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