Christian Michelle Meza Cortes
Expediente 1974/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1974/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Christian Michelle Meza Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1974/2023 índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad. (...) SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En este asunto, no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario estudiar cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Habida cuenta que la medida de apremio consistente en el arresto conlleva un riesgo inminente de privación de su libertad personal, opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, debido a que la materia del juicio que se resuelve reside en decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la orden de arresto dictada dentro de un procedimiento familiar, al ser un acto que atenta contra la libertad de la parte quejosa procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 16/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO". En suplencia de la queja, el suscrito considera fundados los conceptos de violación, ya que el arresto decretado el once agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, de su índice, es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce la garantía de legalidad como herramienta para salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad; en esencia, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. En el sistema jurídico mexicano, tradicionalmente, la fundamentación de un acto de autoridad consiste en la cita del precepto legal aplicable al caso concreto. La motivación reside en el razonamiento contenido en el mismo acto de autoridad, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige está ajustado exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Además, respecto a las órdenes de arresto dictadas dentro de los procedimientos judiciales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Ahora, el suscrito considera que el arresto de treinta y seis horas impuesto al quejoso el once de agosto de dos mil veintitrés, es contraria al principio de legalidad, ya que la Jueza responsable omitió motivar la temporalidad. En efecto, es verdad que el artículo 83 del código adjetivo familiar yucateco, prevé como medida de apremio el arresto hasta por treinta y seis horas; sin embargo, esa temporalidad no se trata de una duración fija para el arresto; es decir, la norma no es inflexible a que el arresto sea por ese término, ello en atención a que en su redacción se utilizó la palabra "hasta", preposición que permite advertir que lo que se pretendió con esa redacción, es que la sanción máxima comprendiera a treinta y seis horas. En ese sentido, el legislador dejó abierta la posibilidad de que la sanción también pudiera ser menor de ese lapso, siendo que el mínimo resulta ser una hora, toda vez que la hora corresponde a la unidad de medida, empleada para establecer la multicitada disposición de apremio; de igual manera, se advierte que no se establece de manera expresa cuál debe ser el orden lógico que debe seguirse a efecto de que la autoridad jurisdiccional haga uso de las medidas de apremio contenidas. En ese tenor, los jueces al imponerse el arresto como medida de apremio deben razonar cuál es su duración; ello, a efecto de que la medida se fije en la exacta proporción de la conducta contumaz realizada, sobre todo cuando lo que se impondrá es una medida que trastocará un derecho fundamental, como lo es la libertad. En ese contexto, se tiene que cuando la autoridad jurisdiccional considere imponer un arresto, debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 Constitucional, para lo cual debe razonar y pormenorizar los motivos que tuvo para fijar esa medida de apremio -en el caso de treinta y seis horas- y su duración, tomando en cuenta elementos objetivos que corresponden a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor, para así determinar legalmente el tiempo de arresto que le correspondía al aquí quejoso. En ese orden de ideas, se tiene que la Jueza responsable, al ordenar el arresto por treinta y seis horas al aquí quejoso, debió ajustarse a los principios de legalidad y seguridad jurídicos a que se refiere el artículo 16 Constitucional; empero, al no haber actuado así, la fijación genérica e imprecisa de la medida de apremio, conculcó el derecho humano de seguridad jurídica del impetrante y se le dejó en estado de indefensión, al no conocer en forma precisa los motivos por los que consideró resultaba aplicable la temporalidad máxima. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 89/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que para hacer cumplir sus determinaciones, los Magistrados y los Jueces pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Además, para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor". En virtud de lo expuesto, lo procedente es conceder la protección constitucional a ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la imposición de la medida de apremio consistente en el arresto, decretado en su contra dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente; concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora pues no se reclama su participación por vicios propios. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de este. En ese tenor, la concesión de amparo es para los efectos siguientes Que Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, deje insubsistente el arresto decretado el once agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********************; lo que debe hacer del conocimiento a las autoridades ejecutoras. Dicte uno nuevo, quedando en libertad de jurisdicción, para que pueda imponer al aquí quejoso esa u otra medida de apremio; en cuyo caso, deberá acatar las exigencias derivadas del artículo 16 Constitucional, emitiendo una determinación debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la imposición de la medida de apremio consistente en el arresto decretado el once de agosto de dos mil veintitrés, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, por los motivos indicados el considerando octavo, y para los efectos indicados en el considerando noveno. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. (...). CÚMPLASE.
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Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Asimismo, se advierte que los días uno, dos y tres de noviembre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, de conformidad a lo establecido en la Circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En virtud de lo anterior, y vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a la parte tercero interesada en proveído de nueve de octubre de la presente anualidad, con los informe justificados rendidos por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a la parte tercero interesada en proveído de nueve de octubre de la presente anualidad, con los informe justificados rendidos por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Asimismo, agréguese a los presentes autos, el alegato signado por Erik Jiménez Contreras, autorizado del tercero interesado Renato Meza Rodríguez, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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