Christian Michelle Meza Cortes

Expediente 2090/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2090/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Christian Michelle Meza Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario CERTIFICA: que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el acuerdo de admisión, el informe con justificación de las autoridades responsables, y el emplazamiento de ********************, tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con la documental ofrecida por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, consistentes en copia certificada de las constancias de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, con el cual se formó el LEGAJO I. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba ofrecida, la cual se desahoga por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon y el Ministerio Público de la Federación formuló pedimento. El Juez acuerda: En atención a la relación secretarial, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al representante social formulando alegatos, sin embargo su contenido no será analizado al dictar sentencia, pues no forman parte de la litis. Finalmente, se declara cerrada esta fase de la audiencia, y no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 2090/2023 índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la imposición de la medida de apremio consistente en el arresto, decretado en su contra dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este a este Juzgado de Distrito. En acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 2090/2023, y se previno al promovente para que el acto reclamado. Una vez que se cumplió con la prevención, el once de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo. En la secuela procesal, se dio intervención al representante social de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó a ********************, tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibió el informe con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida. El auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento de arresto por treinta seis horas. Secretaria de Seguridad Pública, con residencia en Mérida. La ejecución de la orden de arresto. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado En su informe con justificación, la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con residencia en Mérida, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Se corrobora lo expuesto por las responsables con la fotocopia certificada del procedimiento natural; documental que tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo El juicio de amparo es procedente, ya que el acto reclamado se ubica en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la orden de arresto se emitió en un procedimiento de jurisdicción voluntaria concluido, cuya ejecución afecta directamente el derecho a la libertad deambulatoria de la parte quejosa. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo El juicio de amparo se presentó dentro del plazo legal; se explica. A. Acorde al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, porque se reclama el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento de arresto por treinta seis horas. B. El plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto. El acto reclamado se notificó al quejoso el ocho de septiembre de dos mil veintitrés; comunicación procesal que en términos del artículo 191 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, surtió efectos el mismo día. En relación con el tema, se cita en forma ilustrativa la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.) del Alto Tribunal de rubro: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA." C. El plazo para ejercer la acción de amparo transcurrió del doce de septiembre al tres de octubre de dos mil veintitrés; plazo del cual debe descontarse los sábados y domingos, al ser días inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la materia, así como el catorce y quince de septiembre del año en curso, porque fueron declarados inhábiles. D. Entonces, la acción de amparo se ejerció oportunamente, porque la demanda se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, es decir, se hizo oportunamente. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe con justificación: Diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos. En el expediente ********************, el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, conoce de las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, promovidas por ********************, en contra de ********************. Una vez agotado el procedimiento, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Jueza Familiar dictó resolución en la que condenó a ********************, a pagar ******************** pesos en forma mensual, por concepto de pensión alimenticia a favor de ********************, suma que incrementaría conforme lo haga el salario mínimo; igualmente, se condenó a depositar ******************** para garantizar el pago de alimentos. Requerimientos de cumplimiento. El deudor alimentario no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia, por lo que la Jueza Familiar impuso las medidas de apremio siguientes: A. Multas. En autos de veintiséis de mayo y once de agosto de dos mil veintitrés, se le impuso a ********************, una multa equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización. B. Consignación. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiséis de mayo pasado, y con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Familiares, se consignó el expediente a la Fiscalía General del Estado, por el delito de desacato a un mandato legítimo. C. Inscripción en el registro de deudores alimentarios. El once de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Familiar giró oficio a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para que inscribiera a ******************** en el registro de personas deudoras alimentarias. D. Arresto. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Jueza Familiar apercibió a ********************, con la imposición de un arresto hasta por treinta y seis horas, en caso de que continuara incumplimiento don el pago de alimentos. Determinación que se notificó el catorce de julio del año en curso. El once de agosto de dos mil veintitrés, la Jueza Familiar hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de julio pasado, por lo que, con fundamento en la fracción III del artículo 83 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, impuso ******************** un arresto por el término de treinta y seis horas, para su ejecución giró oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado (acto reclamado en el juicio de amparo 1974/2023). En el mismo proveído, la Jueza Familiar requirió el cumplimiento de la pensión a ********************, apercibiéndolo con la imposición de otro arresto por treinta y seis horas. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento al demandado y la Jueza Familiar impuso otro arresto por treinta y seis horas. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En este asunto, no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario estudiar cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Habida cuenta que la medida de apremio consistente en el arresto conlleva un riesgo inminente de privación de su libertad personal, opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, debido a que la materia del juicio que se resuelve reside en decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la orden de arresto dictada dentro de un procedimiento familiar, al ser un acto que atenta contra la libertad de la parte quejosa procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 16/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO". En suplencia de la queja, el suscrito considera fundados los conceptos de violación, ya que el arresto decretado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, de su índice, es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce la garantía de legalidad como herramienta para salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad; en esencia, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. En el sistema jurídico mexicano, tradicionalmente, la fundamentación de un acto de autoridad consiste en la cita del precepto legal aplicable al caso concreto. La motivación reside en el razonamiento contenido en el mismo acto de autoridad, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige está ajustado exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Además, respecto a las órdenes de arresto dictadas dentro de los procedimientos judiciales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Ahora, el suscrito considera que el arresto de treinta y seis horas impuesto al quejoso el once de agosto de dos mil veintitrés, es contraria al principio de legalidad, ya que la Jueza responsable omitió motivar la temporalidad. En efecto, es verdad que el artículo 83 del código adjetivo familiar yucateco, prevé como medida de apremio el arresto hasta por treinta y seis horas; sin embargo, esa temporalidad no se trata de una duración fija para el arresto; es decir, la norma no es inflexible a que el arresto sea por ese término, ello en atención a que en su redacción se utilizó la palabra "hasta", preposición que permite advertir que lo que se pretendió con esa redacción, es que la sanción máxima comprendiera a treinta y seis horas. En ese sentido, el legislador dejó abierta la posibilidad de que la sanción también pudiera ser menor de ese lapso, siendo que el mínimo resulta ser una hora, toda vez que la hora corresponde a la unidad de medida, empleada para establecer la multicitada disposición de apremio; de igual manera, se advierte que no se establece de manera expresa cuál debe ser el orden lógico que debe seguirse a efecto de que la autoridad jurisdiccional haga uso de las medidas de apremio contenidas. En ese tenor, los jueces al imponerse el arresto como medida de apremio deben razonar cuál es su duración; ello, a efecto de que la medida se fije en la exacta proporción de la conducta contumaz realizada, sobre todo cuando lo que se impondrá es una medida que trastocará un derecho fundamental, como lo es la libertad. En ese contexto, se tiene que cuando la autoridad jurisdiccional considere imponer un arresto, debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 Constitucional, para lo cual debe razonar y pormenorizar los motivos que tuvo para fijar esa medida de apremio -en el caso de treinta y seis horas- y su duración, tomando en cuenta elementos objetivos que corresponden a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor, para así determinar legalmente el tiempo de arresto que le correspondía al aquí quejoso. En ese orden de ideas, se tiene que la Jueza responsable, al ordenar el arresto por treinta y seis horas al aquí quejoso, debió ajustarse a los principios de legalidad y seguridad jurídicos a que se refiere el artículo 16 Constitucional; empero, al no haber actuado así, la fijación genérica e imprecisa de la medida de apremio, conculcó el derecho humano de seguridad jurídica del impetrante y se le dejó en estado de indefensión, al no conocer en forma precisa los motivos por los que consideró resultaba aplicable la temporalidad máxima. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 89/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que para hacer cumplir sus determinaciones, los Magistrados y los Jueces pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Además, para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor". En virtud de lo expuesto, lo procedente es conceder la protección constitucional a ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la imposición de la medida de apremio consistente en el arresto, decretado en su contra el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente; concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora pues no se reclama su participación por vicios propios. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos de este. En ese tenor, la concesión de amparo es para los efectos siguientes Que Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, deje insubsistente el arresto decretado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********************; lo que debe hacer del conocimiento a las autoridades ejecutoras. Dicte uno nuevo, quedando en libertad de jurisdicción, para que pueda imponer al aquí quejoso esa u otra medida de apremio; en cuyo caso, deberá acatar las exigencias derivadas del artículo 16 Constitucional, emitiendo una determinación debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en la imposición de la medida de apremio consistente en el arresto decretado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, por los motivos indicados el considerando octavo, y para los efectos indicados en el considerando noveno. NOTIFÍQUESE

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Segunda de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas en torno a sus concesión de la suspensión definitiva dictada en el presente cuaderno incidental; de lo toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales que correspondan. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2090/2023, promovido por********************contra actos de la Juez Segundo de Oralidad Familiar turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida,********************promovió juicio de amparo contra los actos que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de once de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, tiene verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Ahora, en el capítulo de acto de acto reclamado, la parte peticionaria de amparo destacó como acto reclamado: El acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se decretó un arresto administrativo por treinta y seis horas en contra del hoy quejoso, en autos de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria ******************** de su índice, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno Vespertino, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos que se les reclaman. Por tanto, es cierto. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dado que la autoridad ordenado aceptó el acto se tiene por ciertos los actos atribuidos a la ejecutora. CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 128 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que exista solicitud del agraviado; b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso concreto, se satisfacen los requisitos para que proceda la medida cautelar, puesto los actos reclamados se tratan de actos de naturaleza positiva y de inminente ejecución, cuya consecuencia es la privación de la libertad del quejoso, aunado a que existe solicitud expresa de la parte agraviada, toda vez que los actos reclamados, a decir de la parte quejosa, fueron librados en su contra. Además, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, puesto que el acto reclamado afecta la libertad de una persona y con la concesión de la suspensión provisional no se genera impunidad ni evita el sometimiento del indiciado al juicio y con la ejecución de tal acto se ocasionarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, pues se afectaría temporalmente su libertad personal y no podría restituirse al peticionario de amparo aun cuando obtuviera el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, con fundamento en los artículos 132, 133, 136, 143 y 150, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el arresto administrativo por treinta y seis horas decretado en contra del hoy quejoso, en autos de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria ******************** de su índice, así como su ejecución, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es, no se prive de la libertad personal al quejoso, con motivo de la orden de arresto hasta en tanto quede firme la resolución que ponga fin al expediente principal del que deriva este incidente, sin perjuicio de la práctica de cualquier diligencia relacionada en el expediente de origen, lo que es de orden público y por tanto insuspendible. GARANTÍA. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de $6,426.00 (seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 m.n.), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". En primer término, debe señalarse que se tomará como cantidad base para contabilizar la garantía fijada, el monto de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al importe que adeuda el hoy quejoso en lo tocante al pago de alimentos a que fue sentenciado en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria con Tramitación Especial ********************. En ese tenor, la cantidad de $6,426.00 (seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 m.n.), se obtuvo de las operaciones aritméticas siguientes: Se multiplico la cantidad base antes referida, por la tasa de inflación mensual del Índice de Nacional de Precios al Consumidor (0.38%), que se multiplicó nuevamente por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio principal). Cabe señalar que el porcentaje inflacionario nacional es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica http://www.inegi.org.mx; tales operaciones, dan como resultado la cantidad de $1,824.00 (mil ochocientos veinticuatro 00/100 moneda nacional), por concepto de daños. A ello se suma el diverso monto, que corresponde al resultado de la multiplicación de la cantidad base, por la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (11.507%), entre doce (para obtener la cantidad mensual), y por los seis meses que se estima que podría durar este juicio de amparo, y que corresponde a los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio los inmuebles que en esta vía se defienden, dando como resultado la cantidad de $6,426.00 (seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 m.n.). Es necesario precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México http://www.bancxico.org.mx. En la inteligencia de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre de la parte quejosa (depositante), 2. Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía, 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía, 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía, 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Finalmente, cabe señalar que dicha medida será revocada en caso de que el quejoso no exhiba la garantía antes citada o incumpla con las obligaciones derivadas del procedimiento de origen. Asimismo, la presente suspensión no tiene aplicación para actos y autoridades diversas de las señaladas como responsables, ni surtirá efecto alguno si se pretende privar de la libertad a la parte agraviada en los supuestos de flagrancia y urgencia, o bien, si con dicha concesión se causan perjuicios al interés social o contravienen disposiciones de orden público o se propicie la consumación o continuación de delitos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2006, de la Novena Época, con número de registro 174590, de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, página 264, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO. La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento -origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado." Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a********************respecto al acto atribuido a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando último de esta resolución incidental. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación a la vista dada en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por otra parte, agréguense a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el autorizado de la parte tercera interesada, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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