Cesar Humberto Kantun Mena

Expediente 1206/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1206/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Cesar Humberto Kantun Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Demanda de amparo El treinta de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda de amparo promovida electrónicamente por **********, contra los actos de las autoridades siguientes: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad: La omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en los autos del juicio laboral ****** del índice de la responsable. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su único punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que las autoridades señaladas como responsables, realizaran lo siguiente: "Que dentro del juicio laboral *****, se emplace a juicio a las demandas ******** y ************, con diez días de anticipación a la audiencia conciliación, demanda y excepciones señalada en dicho expediente." III. Análisis del cumplimiento al fallo protector. En proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdos de veintidós de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintitrés se tuvieron por recibidos los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y anexó las constancias para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis de los oficios en comento, y anexos que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene lo siguiente: Que el once de mayo de dos mil veintitrés, se emplazó a las demandadas***************************; y, El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se difirió la audiencia de conciliación demanda y excepciones para que medien el término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo; audiencia en la que se señaló las once hora del veinte de junio de dos mil veintitrés, actuando en el juicio laboral de origen ******. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo; y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro ius 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el dieciséis de mayo del año en curso, fecha en la que se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para que medie el término previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral de origen *****. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el informe justificado del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, respecto a su contenido y anexos, adjuntos como justificación a su informe de ley, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable, el siguiente acto reclamado: - La omisión de proveer respecto del escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en autos del expediente ********************, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria para la acreditación de hechos, en el que solicitó se gire oficio a la Policía Estatal de Investigación a efecto de que realice un calcado al vehículo correspondiente. De las constancias que la autoridad responsable acompañó con su informe justificado, se obtiene que mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, posterior a la presentación de la demanda, y que lo fue el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se pronunció en sentido negativo en relación a su solicitud de girar oficio a la Policía Estatal de Investigación, para la realización del calcado correspondiente. Lo cual se acredita con las constancias remitidas para acreditar tales hechos. En ese sentido, se estima ya han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. No obsta lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que aún no se había girado el oficio correspondiente a la Policía Estatal de Investigación solicitado, pues en el caso, el acto reclamado consistió en la omisión de proveer su solicitud, la cual fue emitida en sentido negativo por la autoridad responsable, motivo por el cual se considera que en lo atinente a la omisión materia del acto reclamado es con dicha contestación que se considera ya han cesado sus efectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 489/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ******, contra omisiones de la Oficina de Representación Estatal en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, y Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en Ciudad de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Marín Cervantes, contra actos de la Oficina de Representación Estatal en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. (...) SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque para ello deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, en la página 38, que determina en su rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la especie, la parte quejosa señala, en esencia, que las responsables transgreden en su perjuicio el principio de acceso a la justicia pronta y expedita al dejar de observar los plazos legales que tienen para actuar, pues no han resuelto su solicitud de enajenación del predio denominado "Cacaoche", ubicado en el municipio de Tekax, Yucatán, por lo cual refiere que se contraviene el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el derecho fundamental consagrado en el aludido dispositivo constitucional es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que, en su caso, le haya formulado éste. Por ende, la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditada a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Sin embargo, atendiendo a la protección a que alude el ordinal 1° constitucional, relativo a la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es necesario acotar que, tal y como también lo señaló la parte quejosa, el acto reclamado afecta los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de la Norma Suprema. Dicho artículo atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1691, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, visible en la página 1655, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo y atendiendo a la causa de pedir. Ahora, a fin de demostrar la ilegalidad de la conducta de las autoridades responsables, conviene tener presente el artículo 17 Constitucional que, como ya se dijo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido a través de la garantía de seguridad jurídica que, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En el asunto que se analiza, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 42/2007 que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Expuesto lo anterior, respecto a la enajenación onerosa de terrenos nacionales, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural dispone lo siguiente: "Artículo 113. El solicitante de la enajenación de terrenos nacionales deberá presentar los siguientes documentos: I. Solicitud que contenga: a) Nombre, edad, estado civil, ingreso mensual y anual aproximado y ocupación del solicitante, y b) El nombre del predio, así como la superficie aproximada, colindancias y ubicación de éste; II. Plano en el que se precise el nombre del predio, superficie aproximada, ubicación cartográfica, coordenadas, referencias y colindancias; III. Constancia que acredite la nacionalidad mexicana; IV. Cédula de Identidad Ciudadana o Credencial para Votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, y V. En su caso, constancia que acredite la posesión del predio, en términos de lo establecido por el artículo 112 del presente Reglamento." "Artículo 114. Recibida la solicitud de enajenación de terrenos nacionales, la Secretaría integrará el expediente respectivo y la evaluará. Cuando se trate de terrenos nacionales con vocación agrícola, ganadera o forestal, deberá solicitar al Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría, la realización del avalúo; cuando la vocación del predio sea turística, urbana, industrial o de otra índole no agrícola, ganadera o forestal, el avalúo se solicitará al Instituto. La vocación del predio de que se trate, será determinada por la Secretaría, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) La constancia de uso de suelo autorizada en el Plan de Desarrollo Municipal que, en su caso, emita la autoridad municipal donde se ubique el predio, y b) A falta de la constancia señalada en el párrafo anterior, la ubicación y características del predio, considerando el potencial que por estas u otras causas implique." "Artículo 115. El costo del arancel y gastos que se generen con motivo de la realización de los trabajos valuatorios del predio de que se trate, deberán ser cubiertos por el solicitante de la enajenación de terrenos nacionales al Órgano Valuador competente, previamente a la emisión del avalúo respectivo." "Artículo 116. El avalúo que al efecto emita el Comité Técnico de Valuación deberá incluir el valor catastral para referencia y el valor comercial de enajenación, ubicación geográfica del terreno, características topográficas, uso y clase de la tierra, vías de comunicación e hidrografía. El Comité Técnico de Valuación, cuando lo determine la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, tomará en cuenta al momento de emitir el avalúo, factores de carácter socioeconómicos del solicitante y de la región en que estén ubicados los terrenos nacionales correspondientes." "Artículo 117. La vigencia de los avalúos emitidos por el Comité Técnico de Valuación y el Instituto, no podrá exceder de un año, contado a partir de la fecha de su emisión; el valor consignado seguirá surtiendo sus efectos legales durante el plazo concedido por la Secretaría para cubrir el pago correspondiente, siempre y cuando haya sido aceptado el precio por los solicitantes de la enajenación de que se trate, dentro de la vigencia del avalúo." "Artículo 118. La Secretaría deberá verificar si en el predio de que se trate existen poseedores. Si el o los poseedores manifiestan su interés en adquirir el predio, la Secretaría deberá emitir el acuerdo que corresponda, que será de procedencia si están satisfechos los requisitos exigidos por la Ley y este Reglamento o de improcedencia, en caso contrario. Si el acuerdo emitido es de procedencia de la enajenación, dentro de los treinta días naturales siguientes deberá notificar el monto del avalúo al poseedor para que sea cubierto en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados éstos a partir de que la misma se realice. Si el poseedor no cubre el pago en este plazo, caducará su derecho de preferencia y la Secretaría deberá, de inmediato, emitir un acuerdo de revocación de procedencia; pasando el predio a formar parte del inventario de terrenos nacionales disponibles que deberá administrar la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría, por conducto de la unidad administrativa facultada por las normas aplicables. Las notificaciones a que se refiere este artículo se harán en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 19 del presente Reglamento." "Artículo 119. En caso de inconformidad con el avalúo emitido por el Comité Técnico de Valuación, los interesados tendrán treinta días hábiles para formular mediante escrito libre sus observaciones, contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo de procedencia respectivo; en tratándose de avalúos emitidos por el Instituto, tendrán el plazo que establezca la normativa del propio Instituto que al efecto resulte aplicable, debiendo exponer en la petición de reconsideración los elementos de juicio necesarios que justifiquen la misma ante la Secretaría, quien los remitirá al Instituto." "Artículo 120. De no existir poseedores o en caso de que éstos no hubieren ejercido el derecho de preferencia a que se refiere el artículo 118 de este Reglamento, la Secretaría notificará al interesado la procedencia de la enajenación y el valor de la misma. Asimismo, la Secretaría requerirá el pago correspondiente dentro de un término no mayor a treinta días a la emisión del acuerdo, que deberá ser cubierto en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contado a partir de su requerimiento y podrá ser prorrogado por una sola vez hasta por noventa días. Cuando el adquirente sea el posesionario del terreno nacional a enajenar, la Secretaría podrá acordar otorgarle un plazo no mayor de cuatro años. De resultar conveniente para los intereses de la Federación a juicio del Titular de la Secretaría, podrá emitir acuerdo de procedencia de la enajenación en subasta pública y, en su caso, deberá seguirse el procedimiento previsto en la Sección II de este capítulo." "Artículo 121. Una vez cubierto el pago total al Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural, se elaborará el título de propiedad respectivo, el cual será suscrito por el Titular de la Secretaría." "Artículo 122. La Secretaría tramitará la inscripción del título correspondiente ante el Registro y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa en donde se localice el predio. De igual manera, deberá solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal la inscripción correspondiente. Los gastos de inscripción serán por cuenta del adquirente." Las normas citadas describen el procedimiento para la enajenación onerosa de terrenos nacionales, el cual comenzará con la solicitud de la parte interesada que cumpla con los requisitos legales ahí establecidos. Una vez recibida, la autoridad administrativa integrará el expediente respectivo y la evaluará, dependiendo del tipo de predio se ordenará la realización del avaluó ante el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría o al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Además, se deberá verificar si en el predio de que se trate existen poseedores. Después, la Secretaría emitirá el acuerdo que corresponda, que será de procedencia si están satisfechos los requisitos exigidos por la Ley y este Reglamento o de improcedencia, en caso contrario. Si el acuerdo emitido es de procedencia de la enajenación, dentro de los treinta días naturales siguientes deberá notificar el monto del avalúo al poseedor para que sea cubierto en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados éstos a partir de que la misma se realice. Si el poseedor no cubre el pago en este plazo, caducará su derecho de preferencia y se emitirá un acuerdo de revocación de procedencia. Una vez cubierto el pago total al Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural, se elaborará el título de propiedad respectivo, el cual será suscrito por el Titular de la Secretaría, se tramitará la inscripción del título correspondiente ante el Registro y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa en donde se localice el predio. De igual manera, deberá solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal la inscripción correspondiente. Así, se obtiene que el procedimiento para la enajenación de bienes, está integrado de una serie de pasos que se siguen unos de otros, hasta llegar a la resolución que autoriza la venta del bien al interesado. Ahora, si bien en la legislación aplicable no se establecen plazos para transitar en cada una las fases del procedimiento, estas no pueden quedarse inactivas en forma permanente más allá de un plazo razonable. En el particular, desde el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo los trabajos de medición y deslinde del predio denominado "****", ubicado en el municipio de Tekax, Yucatán y el uno de julio de ese mismo año, el Perito Deslindador adscrito al Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Yucatán emitió su informe de comisión; sin que, hasta la fecha, las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, hayan gestionado los actos necesarios para resolver la solicitud de enajenación onerosa de la quejosa Víctor Manuel Marín Cervantes. Circunstancia que ha paralizado el procedimiento administrativo desde esa fecha, sin que las autoridades responsables hayan continuado con las siguientes fases. No se inadvierte que, con el fin de resolver la solicitud de enajenación del predio denominado "****", ubicado en el municipio de Tekax, Yucatán, se han llevado a cabo diversos actos para el deslinde del mismo; sin embargo, a la fecha en la que se dicta este fallo, han transcurrido seis años desde la solicitud respectiva y casi cuatro años desde la última actuación de las responsables, se insiste, sin que se haya resuelto en definitiva la petición de enajenación en comento. En esas condiciones, es incuestionable que se ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional; y, en consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión del amparo tiene los siguientes efectos: De inmediato se continúe con el procedimiento administrativo para la enajenación onerosa del predio denominado ****, ubicado en el municipio de Tekax, registrada sin folio, presentada el seis de abril de dos mil diecisiete por el quejoso Víctor Manuel Marín Cervantes, y se emita la determinación que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, contra las omisiones de las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando séptimo de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V. V I S T O S para resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva derivado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 140/2023-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *** (parte quejosa); y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo e incidente de suspensión Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través del buzón judicial, ***, promovió demanda de amparo contra los actos que reclamó de la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Dicha demanda, se radicó en auto de veintisiete posterior, en el cual se ordenó tramitar por cuenta separada el incidente de suspensión. SEGUNDO. Suspensión definitiva Seguido el trámite del incidente de suspensión, en resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. TERCERO. Incidente de modificación a la suspensión definitiva Por escrito presentado el trece de abril del presente y año, la parte quejosa solicitó la modificación de la suspensión definitiva en el presente incidente, respecto de los actos reclamados. Por auto de dieciocho de abril del año en curso se admitió a trámite el incidente de modificación a la suspensión definitiva; se pidió a la autoridad responsable su informe respectivo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgador es legalmente competente para conocer y decidir sobre la modificación a la suspensión definitiva solicitada, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128, 144 y 154, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que la resolución de suspensión definitiva respecto de la cual se pide su modificación, fue dictada en el incidente de suspensión del presente juicio de amparo, cuyo conocimiento es de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Inexistencia de materia para resolver Ahora bien, en el presente incidente no existe materia de estudio, debido a que se ha pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, el artículo 154 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." De precepto legal en cita, se advierte que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva, podrá modificarse o revocarse mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En el presente caso, es un hecho notorio para el suscrito juzgador, que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, en el expediente principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa. Por tanto, el presente incidente de modificación de la suspensión definitiva ha quedado sin materia, pues incluso la suspensión definitiva sólo tiene efectos hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, lo que en la especie ya aconteció. En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, no es procedente el estudio del presente incidente, al haber quedado sin materia sobre la que deba versar. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 146 y 154 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de modificación a la suspensión definitiva promovido por ***. Notifíquese.[...]

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