César Cazarín Molina

Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
42/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • César Cazarín Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    EN RAZÓN DE QUE EL LICENCIADO JORGE ARRIAGA NOYOLA, DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL CON TAL CARÁCTER CESAR CAZÁRIN MOLINA (PARTE QUEJOSA), no compareció dentro de los dos días hábiles siguientes en términos del aviso, que se les dejo en el domicilio señalado en autos, el quince de noviembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y la notificación de los proveídos de OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y DIVERSO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMOS PROVEÍDOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN:Uruapan, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Encargado del Despacho de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que se designa al Licenciado *** como defensor público del quejoso *** de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, en atención al contenido del oficio de cuenta se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, esto es, el ubicado en las oficinas que ocupa el Instituto de Defensoría Pública Federal, con residencia en esta ciudad -Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, Carretera Uruapan-Pátzcuaro 1380, Fraccionamiento Lomas del Valle, Uruapan, Michoacán. Consecuentemente a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado de Distrito a fin de que notifique al Licenciado *** el presente proveído, así como el diverso de data veinticinco de enero del año en curso -auto que desechó la demanda de amparo-. De igual modo, lo requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale si acepta y protesta el cargo conferido para brindar la defensa y representación jurídica correspondiente al quejoso ***y además, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas en el domicilio que fue proporcionado en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO ***EL PRESENTE PROVEÍDO, ASÍ COMO EL DIVERSO DE VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Uruapan, Michoaán; a veinticinco de enero de dos mil veintidos.-isto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintitrés de enero del año en curso, se ordenó proveer en cuanto al fondo, lo que conforme a derecho proceda, término de cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, dado que se trata de una incompetencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, al no encontrarse la demanda de amparo situada en alguno de los supuestos prohibitivos establecidos en el artículo 22 constitucional, así como tampoco se está en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo; consecuentemente se procede a proveer lo conducente: *RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo 90/2022, de su índice. Lo anterior, toda vez que en auto de veintitrés de enero del presente año, dictado por el Juez declinante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Inocente Sánchez Jiménez, en representación del quejoso, y se ostenta defensor del quejoso Cesar Cazarín Molina, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tiene ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. SE ACEPTA DE COMPETENCIA. Estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo1 , a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO del escrito inicial de demanda promovida por por Inocente Sánchez Jiménez, en representación del quejoso, y se ostenta defensor del quejoso Cesar Cazarín Molina, contra 1 "Artículo 48. [.] Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. [.]" (lo subrayado es propio). 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 3 actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral del escrito de demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "Los actos consistentes en el ataque a la libertad fuera de procedimiento que está sufriendo el ahora quejoso Cesar Cazarín Molina, y consecuentemente la ilegal orden de traslado y acuerdo de recepción de traslado a distinto centro carcelario; que se pretende llevar a cabo en la persona del quejoso Cesar Cazarín Molina del lugar en donde actualmente se encuentra recluido que es el Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPSMichoacán", con domicilio en carretera la Ruana-Tazumbos, ejido 18 de marzo, Buenavista, Tomatlán, Michoacán, a un lugar diverso del que actualmente se encuentra, señalado que dicho acto reclamado se pretende efectuar fuera de todo procedimiento, dejándolo en completo estado de indefensión, mismos actos reclamados que le causan daños de imposible reparación al quejoso en caso de llevarse a cabo ." DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 4 El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito2 , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y 2 Tesis jurisprudencial I.13°.A. J/6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, tomo XX, Novena Época, Materia Común, página 1631. 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 5 tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito3 , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730. 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 6 Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". 4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época. Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia(Común) 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 7 En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 8 Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente como la posible orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, a un diverso centro penitenciario y sus consecuencias, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es así, pues el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 9 un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Así, resulta necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de impugnación denominado controversia judicial, previsto por los artículos 52, último párrafo, 117, fracción III, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal5 . 5 "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y; (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 10 De dicho dispositivo legal se tiene que, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través del medio legal de defensa antes referido, o bien, a través del recurso de apelación correspondiente. En ese orden, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 11 controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además que, el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que dicho medio de impugnación deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Mientras que, el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Como se ve, ante las relatadas circunstancias, en contra de la posible orden de traslado administrativa que pudiera ejecutarse, procede el medio de impugnación denominado controversia 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 12 judicial; el cual, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto combatido; razón por la cual, se actualiza la excepción a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de dicha legislación; aunado a que, dicho acto reclamado se presume estar fundado y motivado, al encuadrar como una orden de traslado urgente o excepcional en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En suma, previo a promover el juicio de amparo contra los actos reclamados consistentes en la posible orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPSMichoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, a un diverso centro penitenciario y sus consecuencias, la parte quejosa debió agotar los medios de impugnación ordinarios que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, al no haberlo hecho así, con apoyo en el dispositivo 113, en relación con el 61 fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en las cuales determinó apartarse del criterio previamente sostenido, para ahora considerar que, en el caso de los traslados administrativos sin control judicial previo, no se está frente a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se trata de actos dentro del procedimiento administrativo seguido para el traslado, el cual es susceptible de control a través del recurso ordinario, ante autoridad judicial, de referencia. Asimismo, mediante el comunicado de prensa 100/2021, de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su 24/11/23 22:49:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53.6d MARIA TERESA AGUILAR RAMIREZ 13 libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia, quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. Tiene apoyo la jurisprudencia siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo6 .". NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En atención al principio pro persona, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: ? Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", localice al quejoso directo Cesar Cazarín Molina y le notifique personalmente el presente proveído. ? Asimismo, lo requiera para que manifieste si el promovente Inocente Sánchez Jiménez tiene la calidad de su defensor o representante con el que se ostenta. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que se nombran en la demanda, esto es, Alejandro Aquino Rodríguez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el 6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2023736. Instancia: Primera Sala. Undécima Época. Materias(s): Penal, Común. Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: JurisprudenciA Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. No ha lugar a tener a los quejosos señalando como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indican en sus demanda, toda vez que el mismo se ubica en la Ciudad de México, esto es, fuera del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Ahora, tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue promovido por Inocente Sánchez Jiménez, por tanto, resérvese acordar lo que a derecho corresponda en relación al acceso al expediente electrónico que solicita, hasta en tanto se cuente con la notificación personal que al efecto se formule del presente proveído, en el cual, se le requirió al quejoso directo para que manifieste si el licenciado Sánchez Jiménez es su Defensor. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós.****************************************Visto el estado que guardan los autos, específicamente el proveído de veintiuno de abril del año en curso, se requirió al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, a fin de que tuviera a bien designar un defensor público que asesore al quejoso ********************, en el presente juicio, sin que a la fecha obre respuesta alguna de dicha circunstancia.****************************************Por tanto, a fin de no dejar al quejoso directo en estado de indefensión, mediante atento oficio que al efecto se gire, solicítese de nueva cuenta al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, designe un defensor público que asesore al referido ******************** en el presente asunto, asimismo, remítase copia de la demanda de amparo a fin de que se encuentre en condiciones de valorar si son o no competentes de atender el requerimiento que se les formula; lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. ****************************************NOTIFÍQUESE.*

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en que se actúa, se advierte que en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se aceptó la competencia planteada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; sin embargo, del análisis efectuado al expediente, se advierte que no se ha acusado recibo al homólogo federal que planteó la incompetencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento; y, en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente respecto de los autos relativos al juicio de amparo 90/2022, de su índice; asimismo, remítasele copia del proveído de veinticinco de enero pasado adjunto al oficio que para este efecto se envíe. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintidós.****************************************Téngase por recibido el oficio 666 y anexo, firmado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 499/2022 (275/2022-E-A-P), derivado del auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo en que se actúa, enviado para que en auxilio y delegación de la justicia federal llevara a cabo la notificación de dicho acuerdo, así como el diverso de veinticinco de enero del año en curso, al quejoso ********************, dentro del presente juicio, diligencia que se practicó el siete de abril de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias que así lo acreditan. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.****************************************Sin que sea el caso acusar recibo respectivo, toda vez que el oficio y anexo de cuenta, fueron recibidos vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y es el propio sistema el que lo hace.****************************************Solicitud de designación de Defensor Público Federal.****************************************Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto no se le reconoció por parte del quejoso directo el carácter de defensor al promovente de amparo ******************** ********************, pese al requerimiento que se encontraba inserto en proveído de veinticinco de enero del año en curso, para tal fin; consecuentemente, en virtud de no dejar en estado de indefensión al quejoso ********************, requiérase al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante oficio que al efecto se gire, para que tenga a bien designar un defensor público que asesore al quejoso en el presente juicio, en virtud de que dicho quejoso no reconoció abogado alguno que lo represente, así como tampoco autorizados para que en su nombre oigan y reciban todo tipo de notificaciones. ****************************************Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente:****************************************"TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. ******.****************************************NOTIFÍQUESE.****************************************

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