Celina Gersel Beltrán Miranda
Expediente 359/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Celina Gersel Beltrán Miranda
- Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicita copia de la resolución incidental de primero de agosto del presente año, atento a su solicitud, mediante oficio que al efecto se libre, remítase copia de la resolución incidental en mención, a fin de que la responsable integre su debidamente su expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales de imposible reparación exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en esa medida, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese el presente incidente al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso c, del referido acuerdo y en apoyo a lo establecido en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido por la Dirección General de Archivo y Documentación, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. SENTENCIA CONSTITUCIONAL Uruapan, Michoacán, a quince de agosto de dos mil veintidós. Vistos; para resolver, en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 359/2022, que promovió Celina Gersel Beltrán Miranda, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Celina Gersel Beltrán Miranda, promovió demanda de amparo contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. El quejoso expuso que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 31 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Trámite y Audiencia constitucional. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, se recibió la demanda de amparo, se registró con el número 359/2022, y se previno a la parte quejosa aclarara su escrito de demanda, hecho lo anterior, en auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, fue admitida la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta respectiva. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán, mismo que se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso y, al atender a los antecedentes marcados en la demanda de amparo, así como las constancias que integran el sumario, la parte quejosa reclama: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. De la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México. La expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, expedida por la Jefa del Servicio de Administración Tributaría, el diecisiete de diciembre de dios mil veintiuno, relativa al Régimen Simplificado de Confianza, que establece cuáles contribuyentes pueden tributar en dicho régimen. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir el informe justificado, negó el acto que se le atribuye. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, respecto de la citada autoridad y acto señalado que se le reclama, conforme al artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, máxime que la parte quejosa no desvirtúo de manera alguna la precitada negativa. Con relación a ello, se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/20 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe justificado. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos combatidos, al tenor de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cabe reiterar que, en el caso, se reclaman la expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución de miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós; entonces, no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Al rendir su informe justificado la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, señaló que el presente juicio de garantías debe sobreseerse, pues en su decir, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que transcurrió en exceso el término legal que tenía la parte quejosa para instar la acción de amparo en contra de la regla reclamada de la miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós. Es fundada la mencionada causa de improcedencia. Los numerales 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de los citados artículos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan para tal efecto. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Se exceptúa de lo anterior cuando se reclame una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos que causen perjuicio a los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; cuando importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de un procedimiento penal o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. En el caso en estudio el acto reclamado por la parte quejosa versa sobre la expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, expedida por la Jefa del Servicio de Administración Tributaría, relativa al Régimen Simplificado de Confianza, que establece cuáles contribuyentes pueden tributar en dicho régimen. Ahora, respecto de la regla contenida en la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, que se reclama con motivo de su aplicación, debe señalarse que el acto de aplicación de una ley o de los dispositivos que la integran, cuya constitucionalidad pretende controvertirse a través del juicio de amparo, puede consistir en un acto dirigido en forma concreta y específica hacia el peticionario de amparo, o bien, en una diversa disposición de observancia general. De las disposiciones señaladas y de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto contra leyes, puede promoverse cuando se reclamen leyes generales, entre ellas las leyes de los Estados, por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa, esta última hipótesis, es la que se actualiza en el presente caso, por lo que aquella debió acudir a esta instancia constitucional, dentro del término de quince días que establece el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, los cuales de conformidad con el diverso 22 de la citada Ley, corrieron a partir del día siguiente hábil, de la fecha del primer acto concreto de aplicación, de lo contrario resultaría improcedente en términos de lo dispuesto en dicho numeral, en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, en la idea conducente, la tesis XIV/89, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. ACTO DE APLICACIÓN. PUEDE CONSISTIR EN UN ORDENAMIENTO GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo reclamándola como heteroaplicativa no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede serlo un acto normativo general dirigido a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, pero en virtud del cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada pueden dar lugar a que se considere por el quejoso que lo afectan en su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un acuerdo que establezca reglas de aplicación de un decreto constituya un acto de aplicación del mismo para efectos del juicio de amparo si en virtud de su expedición y vigencia surge la situación apuntada." En esos términos, tratándose de juicios de amparo en que se reclame la inconstitucionalidad de una ley con motivo de un acto de aplicación, se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente, y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Sirven de apoyo a lo anterior, en la idea jurídica y sustancialmente conducente, los siguientes criterios: Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor literal: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." También es necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.- El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Asimismo, es aplicable la tesis publicada con el número 2a.CLXXV/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA". Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Ahora, la parte quejosa refiere en su demanda de amparo que la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo con la cual impugna la entrada en vigor de la regla 3.13.10 de la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, lo es el primer acto de aplicación que lo constituye la actualización de obligaciones que pretendía realizar el veintiocho de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa con anterioridad a la mencionada fecha, ya había presentado el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones con data veintitrés de febrero de esta anualidad, y en el cual, ya había solicitado tributar en el régimen simplificado de confianza que establece la entrada en vigor de la mencionada regla de la resolución de miscelánea fiscal para año dos mil veintidós, por lo que se estima, que éste es el primer acto de aplicación de la citada regla de la miscelánea fiscal que reclaman este juicio de amparo. Para mayor ilustración se reproduce la parte conducente de la captura de pantalla, que refiere la quejosa: En tales condiciones resulta necesario distinguir cuál debe ser considerado como primer acto de aplicación de la norma impugnada, es decir, si la actualización de obligaciones que refiere la quejosa realizó el veintiocho de mayo de dos mil veintidós o la presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones realizado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, en la que se observa que trató de acceder al beneficio que contempla la regla 3.13.10, esto es, al régimen simplificado de confianza, al que no accedió por contar con características fiscales que no son compatibles con ese régimen. Para dicho tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 356/2013, sostuvo que para considerar aplicada una norma general es menester que de manera expresa, o incluso, tácita, se actualicen las hipótesis normativas correspondientes, esto es, que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta; luego, el primer acto de aplicación, será aquel en que por primera vez se actualice esa hipótesis normativa. Dichas consideraciones dieron pauta a la tesis aislada, que se cita en la idea jurídica sustancial y conducente, la cual dispone lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." Por tanto, se concluye que el primer acto de aplicación de la regla impugnada de la miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, lo es aquél en que presentó el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones realizado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, en la que se observa que trató de acceder al beneficio que contempla la regla 3.13.10 de la citada miscelánea fiscal, esto es, al régimen simplificado de confianza, al que no accedió por contar con características fiscales que no son compatibles con ese régimen, tal y como se advierte de la imagen digitalizada con anterioridad. De ahí, que existió previamente un acto de aplicación de dicha regla, que era lo que la legitimaba, en esa época, para promover el juicio de amparo contra la regla 3.13.10 de la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós; sin embargo, no se advierte que fuera impugnada ni se observa debate alguno por la parte quejosa para justificar que en su momento si combatió la constitucionalidad de dicha regla. Por tanto, el término legal para acudir en demanda de amparo contra el acto de aplicación de la regla 3.13.10 de la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, debe computarse, en el presente caso, a partir del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (al constituir el primera acto de aplicación de la regla que controvierte la parte quejosa, de ahí que al ocho de junio de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda de amparo, transcurrió en exceso el plazo para combatir la mencionada regla de la miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós. En tales condiciones, se concluye que el presente juicio de amparo, resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo, en cuanto a la citada norma al resultar consentida tácitamente. Se cita, en la idea jurídica sustancial y conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial número 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Asimismo, se cita en la idea jurídica sustancial y conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." De igual forma, se cita en la idea conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Si el quejoso consintió las leyes en que se apoya el acto que se reclama, por no haberlas reclamado dentro del plazo de 15 días, después de la fecha en que le fueron aplicadas por primera vez, y dichas leyes se refieren al cobro de impuestos, los cobros posteriores basados en las mismas leyes, deben considerarse como actos derivados de otros consentidos y, por lo mismo, debe sobreseerse en el amparo que contra dichos cobros se pida." En esas condiciones, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución miscelánea fiscal para el año de dos mil veintidós, expedida por la Jefa del Servicio de Administración Tributaría, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al Régimen Simplificado de Confianza, que establece cuáles contribuyentes pueden tributar en dicho régimen. Por otro lado, ha de señalarse, si bien basta una sola causa de improcedencia para sobreseer en el juicio de amparo, lo cierto es, que igual se advierte la actualización de una diversa en este controvertido constitucional. En efecto, en el caso se actualiza, además, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]." El artículo y fracción transcritos rigen la causa de improcedencia del juicio de amparo en relación con la falta de interés jurídico, correspondiendo al juzgador determinar en cada caso, la naturaleza de la relación jurídica imperante en los litigios sometida a su jurisdicción, con el fin de determinar si es necesario acreditar un interés jurídico o legítimo, atendiendo a la vulneración de los derechos humanos alegada respecto del sistema jurídico imperante. Se destaca que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, que transgrede un derecho subjetivo protegido por alguna norma, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Por lo tanto, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las normas generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden de ideas, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso concreto, como ya se ha mencionado la parte quejosa reclama la expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución miscelánea fiscal para el año dos mil veintidós, relativa al Régimen Simplificado de Confianza, que establece cuáles contribuyentes pueden tributar en dicho régimen. Entonces, para determinar si esa regla de la resolución miscelánea causa perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa, es indispensable verificar si la quejosa se halla o no en los supuestos hipotéticos de la norma jurídica de que se trata; por lo cual es conveniente imponerse del contenido literal de ésta, que es el siguiente: "Contribuyentes que pueden tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas 3.13.10. Para los efectos del artículo 113-E, octavo párrafo, fracción I, de la Ley del ISR, quedan exceptuados de lo previsto en dicha fracción, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales que tributen en el Título III de la Ley del ISR, siempre que no perciban de estas el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de la misma Ley. II. Sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción XIII de la Ley del ISR, aun y cuando reciban intereses de dichas personas morales. III. Sean socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas, dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, en términos del artículo 74, fracciones I y II de la Ley del ISR, siempre que dichos socios cumplan por cuenta propia con sus obligaciones fiscales. Para efectos de lo anterior, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico." De la regla de la resolución de la miscelánea fiscal transcrita, se advierte que va dirigida a las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de: Personas morales que tributen en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que no perciban de estas el remanente distribuible. Personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta (instituciones o sociedades creadas con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro). Sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas, dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Bajo ese contexto, es evidente que la norma que combate la parte quejosa, requiere que la persona a la que va dirigida reúna las características descritas en la normativa, consistente en que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales con fines no lucrativos, sociedades cooperativas de producción y personas cuyo objeto sea administrar fondos o cajas de ahorro. Cabe precisar que la parte quejosa, en su demanda de amparo sostiene que es socia de una sociedad agrícola; sin embargo, no acredita con medio de convicción apto y suficiente que se ubique dentro de los supuestos que prevé en sus tres fracciones la regla 3.13.10 que controvierte en este amparo, ello, ya que no demuestra que es socia de alguna persona moral, y que la persona moral de la que es socia se ubica en alguna de las tres hipótesis que refiere la mencionada regla. En este contexto, la parte quejosa a efecto de acreditar su interés jurídico exhibió las siguientes documentales: Constancia de situación fiscal, expedida el treinta de mayo de dos mil veintidós, de la que sólo se puede advertir de forma relevante, el régimen bajo el cual tributa la quejosa (régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales). Copia de la credencial de elector, prueba documental de la que sólo se desprende los datos de identificación de la parte quejosa. Documentales que se les concede valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el numeral 2. Medios de prueba que resultan insuficientes para acreditar la afectación que le puede causar a la parte quejosa la normativa reclamada, pues, no obstante que se les otorgó valor probatorio, no se advierte que la promovente del amparo sea socia, accionista o integrante de una sociedad de las previstas en la regla 3.13.10, que tilda de inconstitucional y que por ese motivo no se le permite tributar conforme al régimen simplificado de confianza; de ahí que, no acreditó fehacientemente que haya reunido las características indicadas en la normativa combatida. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Asimismo, se cita en apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución miscelánea fiscal para el 2022, relativa al Régimen Simplificado de Confianza. SEXTO. Publicidad. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Celina Gersel Beltrán Miranda, por los actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, ambos, con sede en la Ciudad de México, consistente en la expedición de la regla 3.13.10, contenida en la resolución miscelánea fiscal para el 2022, relativa al Régimen Simplificado de Confianza. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
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