César Octavio Martínez Cerpa y Otros.

Expediente 600/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
600/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • César Octavio Martínez Cerpa y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 12175/2019-III, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 1760/2019 (824/2019-E-A-P), derivado del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, que se envió para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara a los quejosos el citado auto; advirtiéndose de las constancias que se adjuntan al oficio de cuenta que la notificación se hizo el cuatro de diciembre del año en curso. ...Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, dictado por el titular de ese órgano jurisdiccional dentro del juicio de amparo 1073/2019-A de su estadística, por el que acusa recibo del comunicado 21320 de vintiuno de los corrientes, y hace del conocimiento de este juzgado que acepta la competencia declinada y se avoca al estudio de la demanda que motivó el presente asunto. ...; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. ..Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Octavio Martínez Cerpa y Víctor Flores Romero, por su propio derecho, contra actos que atribuye a la Directora General del CEFERESO número 2 Occidente, con residencia en Zapotlanejo, Jalisco y otras autoridades; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 600/2019. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Ahora bien, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualiza que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Al respecto es aplicable la tesis 1a. II/92 consultable en la página 94, tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, cuyo texto y rubro dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender el planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el Juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este contexto, de la lectura integra de las constancias que conforman el presente sumario constitucional, que se advierte en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados los consistentes en: "IV.- Acto Reclamado.- . no permitirnos tener una adecuada atención médica ya que hemos realizado peticiones administrativas al Juez de ejecuciones y sanciones mismo que ha hecho omisión a las mismas ya que los ahora recurrentes de protección Constitucional no han sido valoradas." Donde se advierte que el acto antes precisado (falta de atención médica adecuada), es inminente que se comenzara a ejecutar en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "CPS-Occidente", ubicado en el Salto, Jalisco, lugar donde se encuentran recluidos los quejosos. Motivo por el cual, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto, es aquél que ejerza jurisdicción en donde se comenzó a materializar el acto que por esta vía se reclama en agravio de Octavio Martínez Cerpa y Víctor Flores Romero, que en el caso, son los Juzgados de Distrito con residencia en Zapopan, Jalisco. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ESTE JUZGADO DECLARA CARECER DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio al Juez de Amparo competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Por otro lado, no es factible pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que en el caso se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, además de que, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso el criterio siguiente: Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2018548 1 de 1 Primera Sala Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Pag. 230 Jurisprudencia(Común, Penal) "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. Por otro lado, toda vez que los quejosos Octavio Martínez Cerpa y Víctor Flores Romero, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "CPS-Occidente", ubicado en el Salto, Jalisco; con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de su adscripción, se constituya en el Centro Federal antes referido, y notifique personalmente este proveído a los quejosos. Copias. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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