César Ballesteros Luna

Expediente 264/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
264/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • César Ballesteros Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el auto dictado en el presente juicio de amparo el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. ...NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, cual al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el doce de noviembre de dos mil veinte, dentro dentro de la queja 86/2020, de su índice. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a la parte quejosa dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja..." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, toda vez que en auto de dieciocho de septiembre pasado, se suspendió el procedimiento reservándose señalar fecha para la audiencia correspondiente al incidente de incumplimiento dado a la suspensión, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja hecho valer en autos por el quejoso, lo que en la especie ya aconteció; en consecuencia se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para el verificativo de la audiencia de que se trata; lo anterior para los efectos legales conducentes, a través de la plataforma webex. Lo anterior es así, ya que el ocho de junio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, el primero, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; mientras que, el segundo, determina el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado virus covid-19, el cual entró en vigor a partir del dieciséis de junio de la presente anualidad. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente en su artículo 27, fracción III, relativo a la impartición de justicia más expedita, con fundamento en el artículo 28, fracción I, del mencionado Acuerdo General 12/2020, Por tanto, mediante citatorio para audiencia, requiérase a las partes interesadas para que acudan a la hora y fecha indicadas, a quienes se otorga un lapso de hasta quince minutos previos, para preparar el desahogo de la audiencia, así como la implementación de la logística operacional; diligencia que se llevará a cabo virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex. Para lo cual, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo previo al momento de la diligencia en el que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica indicada; o, en su caso manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que las partes que no desean comparecer a la audiencia, al no proporcionar los medios requeridos para entregarles las claves, no tienen interés en presentarse, por lo dicha audiencia se desahogará sin la presencia de las partes y sin llevar a cabo la grabación de la misma. No obstante lo anterior, a fin de garantizar el derecho de audiencia de las partes, se hace del conocimiento el vínculo de acceso en la plataforma de Cisco Webex, Número de la reunión (código de acceso): 146 177 8243, Contraseña de la reunión: Cto11juzg8; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen:"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. *****Del análisis integral de las constancias del expediente en que se actúa, se infiere que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable una causal de improcedencia, misma que debe emprenderse a petición de parte o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.***"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley."Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. **"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ***Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en:*( "Que por actos y omisiones de las autoridades responsables se está violando y vulnerando mi derecho humano a una atención médica profesional y oportuna y consecuentemente mi derecho humano a la protección de mi salud y de mi vida misma, dado que me encuentro privado de mi libertad y recluido en calidad de sentenciado en el Centro de Reclusión de esta ciudad y quienes en su caso, autoricen mis salidas del Centro de Reclusión en que me encuentro a un hospital para ser atendido de mis padecimientos.*.me encuentro enfermo padeciendo de enfermedades visual, aunada de mareos, vómitos, resequedad de boca y garganta y dolores de cabeza, lo anterior, ya que tengo desprendimiento de retina del ojo de lado derecho y no tengo nada de visión, y por lo que respecta del ojo del lado izquierdo tengo miopía, con muy poca visión, en mi único ojo que alcanzo a ver muy poco, el cual constantemente se me infecta .". *Ya que contra ello, procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. *Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso, trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 107.En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y de jurisdicción expresamente ahí señalados.Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla.3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado).4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de que los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son los actos y omisiones de las autoridades responsables para brindarle una atención médica profesional y oportuna, respecto a sus padecimientos de enfermedades visual, aunada de mareos, vómitos, resequedad de boca y garganta y dolores de cabeza, con motivo del desprendimiento de retina de su ojo derecho, y la miopía del ojo del lado izquierdo, el cual constantemente se le infecta; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde están internos, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él (los actos y omisiones de las autoridades responsables para brindarle una atención médica profesional y oportuna, respecto a sus padecimientos de enfermedades visual, aunada de mareos, vómitos, resequedad de boca y garganta y dolores de cabeza, con motivo del desprendimiento de retina de su ojo derecho, y la miopía del ojo del lado izquierdo, el cual constantemente se le infecta), es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.Entonces, precisa concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgente, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE DE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la apreciación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos facticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario."PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. No impide estimar lo anterior, la circunstancia de que en el presente asunto se encuentran señaladas también como autoridades responsables "el Juez de Primera Instancia en Materia Penal y el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, ambos de esta ciudad", toda vez que ambas autoridades negaron la existencia de los actos que se les reclaman, pero además, la segunda de ellas, también indicó: ". no se ha recibido ninguna petición por parte del ahora quejoso respecto a solicitar atención médica derivado de los padecimientos que refiere, tampoco ha existido algún pronunciamiento respecto a la autoridad penitenciaria en el cual se nos informe de alguna solicitud para garantizar el derecho a la salud del quejoso o para el egreso de este con el fin de recibir atención médica.", pues lo anterior evidencia que el quejoso no ha seguido los procedimientos previstos por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, anteriormente señalados y corroboran la actualización de la causa de improcedencia destacada.No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá.Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los que fija la Ley de Amparo para la suspensión.Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para sobreseer en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Finalmente, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018.la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, lo procedente es decretar fuera de audiencia el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento.El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra:"SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las doce horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte.Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte.Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, remitido, por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán; mediante el cual transcribe el proveído de treinta de octubre del año en curso, emitido por el Magistrado Presidente de ese Tribunal de alzada, del que se desprende que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos por el quejoso, la cual quedó registrada con el número de queja administrativa 86/2020, del índice de ese órgano colegiado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.Por otra parte, glósese el oficio remitido el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, mediante el cual en lo que aquí interesa, informa que ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de Morelia, al haberse declarado incompetente para conocer del mismo, sin que se necesario hacer mayor pronunciamiento respecto; toda vez que como se advierte del párrafo que antecede, se tuvo al Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán; informando que el Titular de ese tribunal de alzada admitió a trámite el recurso de queja de mérito; lo anterior para los efectos legales conducentes.Ahora bien, visto el estado de los autos se advierte que en auto de veinte de octubre pasado, se tuvo a la Jefa del Departamento Técnico del Centro Penitenciario de Uruapan. Rindiendo el informe justificado, remitiendo el oficio CSPEMO/CPU/2239/2020 mediante el cual en atención a lo solicitado por diverso 7132 rindió el informe justificado solicitado a la autoridad a la cual iba dirigido dicho oficio; asimismo al oficio de referencia adjunto el diverso CSPEMO/CPU/2227/2020 mediante el cual el Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruíz", con residencia en Uruapan, rendía el informe justificado solicitado en autos, sin que se haya dado vista a la partes de este último; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, téngase por rendido el del Director penitenciario de mérito.Con el informe y las documentales de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional.En tales condiciones, a fin de que las partes se impongan del informe de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy difiere y se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para su verificativo a través de la plataforma webex.Lo anterior es así, ya que el ocho de junio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, el primero, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; mientras que, el segundo, determina el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado virus covid-19, el cual entró en vigor a partir del dieciséis de junio de la presente anualidad. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente en su artículo 27, fracción III, relativo a la impartición de justicia más expedita, con fundamento en el artículo 28, fracción I, del mencionado Acuerdo General 12/2020, Por tanto, mediante citatorio para audiencia, requiérase a las partes interesadas para que acudan a la hora y fecha indicadas, a quienes se otorga un lapso de hasta quince minutos previos, para preparar el desahogo de la audiencia, así como la implementación de la logística operacional; diligencia que se llevará a cabo virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex. Para lo cual, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo previo al momento de la diligencia en el que personal de este juzgado fungirá como organizador de la audiencia por medio de la plataforma tecnológica indicada; o, en su caso manifiesten la imposibilidad material que presenten para ello. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, dicha audiencia se desahogará en esa plataforma virtual, aún sin la presencia de las partes; sin embargo, a fin de garantizar la publicidad, se realizará un registro de la citada videoconferencia, para su posterior consulta; lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracciones I y II, del mencionado acuerdo General1, pues el juicio es en línea y dado la trascendencia de los actos reclamados, materia del amparo es necesario privilegiar la conclusión del asunto, para resolver, acorde con el artículo 17 Constitucional, y se entiende que las partes que no comparezcan a la audiencia, al no proporcionar los medios requeridos para entregarles las claves, no tienen interés en presentarse.Finalmente, súmese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio registrado bajo el consecutivo 10763 que remite el Director del Centro Penitenciario Lic. Eduardo Ruiz de esta Ciudad de Uruapan, Michoacán, toda vez que como se advierte de autos dicha autoridad ya rindió el informe justificado solicitado en autos; lo anterior para los efectos legales conducentes.Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa entregándole además la tarjeta con los datos necesarios para la videoconferencia de encontrarla la actuaria por oficio a la autoridad responsable.

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