Celia Veronica Martinez Negrete
Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Celia Veronica Martinez Negrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusa recibo del oficio por el que le fue devuelto el tomo de pruebas que adjuntó a su informe justificado. Finalmente, se ordena devolver los autos al archivo de este juzgado, de donde fueron extraídos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. Como de la certificación de cuenta se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha diez de enero del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Michoacán, las constancias que remitió como anexo a su informe, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... EL AUTO DICTADO EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS...Morelia, Michoacán, a diez de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registrado con el número mencionado en primer término, mediante el cual informa que en auto de seis de enero pasado determinó carecer de competencia legal para conocer el presente asunto y ordenó remitirlo a la oficina de correspondencia común de los propios juzgados, al que anexa el cuaderno de incompetencia 2/2022, en el que obra la demanda de amparo promovida por -, en su carácter única y exclusivamente de Fiduciario del Fideicomiso Empresarial Irrevocable de Administración y Garantía número "-",cesionaria de la actora -, por conducto de su apoderado jurídico, carácter que tiene acreditado ante la autoridad responsable, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad; acúsese recibo y regístrese en el libro de gobierno con el número I-31/2022. Ahora cabe destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el Magistrado de la sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca-, que modificó la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto del año próximo pasado, emitida por el Juez cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en el juicio sumarísimo civil hipotecario-: que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y ordenó girar exhorto al juez competente y en turno de Solidaridad, Quintana Roo, para llevar a cabo la notificación ordenada en el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, a la acreedora diversa-, en su domicilio de esa localidad. Actos, respecto de la cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, éste a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior..." Ahora, si en la especie, la promovente pretende combatir la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el Magistrado de la sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca -, que modificó la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto del año próximo pasado, emitida por el Juez cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en el juicio sumarísimo civil hipotecario -: que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y ordenó girar exhorto al juez competente y en turno de Solidaridad, Quintana Roo, para llevar a cabo la notificación ordenada en el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, a la acreedora diversa -, en su domicilio de esa localidad, por lo que es evidente que dicha resolución no constituye el acto definitivo en el procedimiento para que resulte procedente el juicio constitucional, al no constituir la última resolución que en definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de bienes rematados y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio constitucional; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se dicte la última resolución que en definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de bienes rematados, supuestos que darían a la impetrante la posibilidad de promover el amparo en contra de estas últimas resoluciones dictadas en el respectivo procedimiento, en cuyo caso podrá hacer valer las demás violaciones cometidas en la fase de ejecución que la hubieren dejado sin defensa, en términos del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la admisión del incidente de nulidad de actuaciones en la etapa de ejecución en el juicio de origen, no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Al respecto, son de citarse las jurisprudencia con número de registro 163152, publicada en la página 6, Tomo XXXII, Enero de 2011, sustentadas por el Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, tercer párrafo, de ese propio ordenamiento, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, respecto de los actos ya precisados, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente:"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para dicho efecto a las personas que refiere. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria quien autoriza y da fe. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I), INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a once de enero de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial se advierte que no se listó ni publicó el acuerdo dictado el diez de enero del año en curso en el presente juicio de amparo; por tanto, se ordena publicar el citado proveído en esta fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria quien autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Celia Alvarado López312/2022
- Celia Magdalena Palomares Melchor37/2022
- Celia Rodriguez Cerda485/2023
- Celia Solorio Pérez1231/2015
- Celia Susana Ayala Murillo969/2018
- Celia Velazquez Elias1124/2022
- Celina Albor Ruiz603/2023
- Celina Magaña Sturcke94/2021
- Celina Magaña Sturcke433/2020
- Celinda Bedolla Bernal84/2016
- Celso Martínez Equihua1386/2022
- Celta Soluciones S.A.P.I. de C.V.149/2019