Celia Susana Ayala Murillo
Expediente 969/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Celia Susana Ayala Murillo
Actuaciones
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE:" Vista la demanda de amparo, promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno bajo el número III-969/2018-2. Del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto la reclamado el auto emitido en el juicio ejecutivo mercantil número 788/2015, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que se ordena notificar personalmente a la copropietaria - el estado de ejecución que guarda dicho juicio, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga y en su caso, intervenga en el remate de un inmueble. Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Luego, si como ya quedó precisado, el acto reclamado lo constituye el auto dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 788/2015, promovido por -, en el que se ordenó notificarle a la quejosa el estado de ejecución que guarda el juicio, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a sus intereses convenga y en su caso, intervenga en el remate del inmueble; se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en ese procedimiento; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa se le está citando para que comparezca al procedimiento de remate, no se causa afectación alguna a sus derechos sustantivos. Por tanto, resulta evidente que los autos reclamados, no constituyen un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, virtud a que a través del proveído que se le notificó se le está dando la garantía de audiencia a fin de que comparezca al juicio de origen en su carácter de copropietaria, por lo que no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. En ese orden de ideas, se determina que el acto aquí reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado el acto que reclama la parte quejosa, se trata de el auto por que se ordena notificarle en cuanto copropietaria para que dentro del término de tres días manifieste lo que a sus intereses convenga y en su caso intervenga en el remate del inmueble a que se refiere el juicio ejecutivo mercantil 788/2015; lo que evidencia que no es de aquellos actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, cuyos efectos pueden destruirse de acudir al mismo, con lo cual las consecuencias de la posible violación, se extinguirían en la realidad sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la impetrante de amparo y sin dejar huella en su esfera jurídica. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones personales y como autorizada únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a -, toda vez que no cumple con los requisitos a que se refiere el numeral 12 de la Ley de la Materia, como se desprende de la certificación de cuenta. ";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno bajo el número III-969/2018-2. Del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto la reclamado el auto emitido en el juicio ejecutivo mercantil número 788/2015, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que se ordena notificar personalmente a la copropietaria - el estado de ejecución que guarda dicho juicio, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga y en su caso, intervenga en el remate de un inmueble. Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, y es de texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Luego, si como ya quedó precisado, el acto reclamado lo constituye el auto dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 788/2015, promovido por -, en el que se ordenó notificarle a la quejosa el estado de ejecución que guarda el juicio, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a sus intereses convenga y en su caso, intervenga en el remate del inmueble; se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en ese procedimiento; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa se le está citando para que comparezca al procedimiento de remate, no se causa afectación alguna a sus derechos sustantivos. Por tanto, resulta evidente que los autos reclamados, no constituyen un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, virtud a que a través del proveído que se le notificó se le está dando la garantía de audiencia a fin de que comparezca al juicio de origen en su carácter de copropietaria, por lo que no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa. En ese orden de ideas, se determina que el acto aquí reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado el acto que reclama la parte quejosa, se trata de el auto por que se ordena notificarle en cuanto copropietaria para que dentro del término de tres días manifieste lo que a sus intereses convenga y en su caso intervenga en el remate del inmueble a que se refiere el juicio ejecutivo mercantil 788/2015; lo que evidencia que no es de aquellos actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, pues sólo produce efectos formales dentro del procedimiento y tiene como consecuencia una ejecución de naturaleza adjetiva, cuyos efectos pueden destruirse de acudir al mismo, con lo cual las consecuencias de la posible violación, se extinguirían en la realidad sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la impetrante de amparo y sin dejar huella en su esfera jurídica. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones personales y como autorizada únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a -, toda vez que no cumple con los requisitos a que se refiere el numeral 12 de la Ley de la Materia, como se desprende de la certificación de cuenta.
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