Celina Magaña Sturcke
Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Celina Magaña Sturcke
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, que suscribe el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de los autos que acompañó a su informe justificado; asimismo, atento a su solicitud, remítasele copia certificada de las constancias que refiere, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el cuatro de febrero pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, al no existir acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó la demanda; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno...Morelia, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa la demanda de amparo promovida por ********************apoderada de********************contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por tanto y toda vez que la superioridad mediante resolución de quince de enero de la presente anualidad, determinó carecer de competencia legar para conocer de la demanda de que se trata, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se AVOCA al conocimiento de la instancia constitucional aludida. Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno de este juzgado bajo el número I-94/2021-P; asimismo, fórmese tomo de pruebas por separado, con las constancias que conforman el testimonio de apelación que remite la superioridad. Ahora bien, el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia que modificó la resolución interlocutoria dictada dentro del incidente de nulidad de objeciones por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio ********************sobre división de cosa común. El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "ARTICULO 107. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano la demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, y en el caso del remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Consecuentemente, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos derivados de la etapa de ejecución del juicio sumario civil ********************dentro del cual es parte demandada, y como se anticipó, la demanda de amparo, respecto del acto antes referido deviene improcedente para los efectos de procedencia del juicio de garantías, ya que se considera como tal, aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De modo tal que, en concepto del suscrito, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de amparo, habida cuenta que el citado acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." De este modo, se estima que los actos reclamados, que aquí nos ocupan, no son el último dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tiende a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen, menos aún en el procedimiento de remate, donde la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando en el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, del capítulo de antecedentes de la demanda de mérito, y de las constancias aportadas por el Magistrado responsable, se desprende que lo que aquí se reclama es la resolución que modificó la diversa dentro del incidente de nulidad de objeciones dentro del juicio sumario civil 1055/2013 sobre división de cosa común y otras prestaciones, aunado a que el juicio de mérito se encuentra en ejecución de sentencia; lo que no ser conceptuado como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha resolución no puede estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En ese contexto, la demanda de garantías, respecto del acto reclamado, consistente en la resolución emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dictada el diez de noviembre de dos mil veinte, en el toca de apelación I-255/2020, que modificó la interlocutoria diversa interlocutoria emitida en el incidente objeciones derivado del juicio sumario civil número ********************sobre división de cosa común, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, resulta improcedente, habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por la parte quejosa aún no se emite. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y se tiene por autorizados, en términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por encontrarse registrados en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a ********************, se le faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no cumplir con el anterior requisito, tal como se desprende de la constancia secretarial de cuenta. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ---a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 29 fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Ahora, con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virusCOVID-19, se exhorta a las partes, para que, de serles posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa la demanda de amparo promovida por ********************apoderada de********************contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por tanto y toda vez que la superioridad mediante resolución de quince de enero de la presente anualidad, determinó carecer de competencia legar para conocer de la demanda de que se trata, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se AVOCA al conocimiento de la instancia constitucional aludida. Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno de este juzgado bajo el número I-94/2021-P; asimismo, fórmese tomo de pruebas por separado, con las constancias que conforman el testimonio de apelación que remite la superioridad. Ahora bien, el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia que modificó la resolución interlocutoria dictada dentro del incidente de nulidad de objeciones por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio ********************sobre división de cosa común. El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "ARTICULO 107. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano la demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, y en el caso del remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Consecuentemente, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos derivados de la etapa de ejecución del juicio sumario civil ********************dentro del cual es parte demandada, y como se anticipó, la demanda de amparo, respecto del acto antes referido deviene improcedente para los efectos de procedencia del juicio de garantías, ya que se considera como tal, aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De modo tal que, en concepto del suscrito, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de amparo, habida cuenta que el citado acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." De este modo, se estima que los actos reclamados, que aquí nos ocupan, no son el último dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tiende a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen, menos aún en el procedimiento de remate, donde la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando en el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, del capítulo de antecedentes de la demanda de mérito, y de las constancias aportadas por el Magistrado responsable, se desprende que lo que aquí se reclama es la resolución que modificó la diversa dentro del incidente de nulidad de objeciones dentro del juicio sumario civil 1055/2013 sobre división de cosa común y otras prestaciones, aunado a que el juicio de mérito se encuentra en ejecución de sentencia; lo que no ser conceptuado como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha resolución no puede estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En ese contexto, la demanda de garantías, respecto del acto reclamado, consistente en la resolución emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dictada el diez de noviembre de dos mil veinte, en el toca de apelación I-255/2020, que modificó la interlocutoria diversa interlocutoria emitida en el incidente objeciones derivado del juicio sumario civil número ********************sobre división de cosa común, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, resulta improcedente, habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por la parte quejosa aún no se emite. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y se tiene por autorizados, en términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por encontrarse registrados en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a ********************, se le faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no cumplir con el anterior requisito, tal como se desprende de la constancia secretarial de cuenta. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ---a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 29 fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Ahora, con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virusCOVID-19, se exhorta a las partes, para que, de serles posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.
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