Celia Magdalena Palomares Melchor

Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
37/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Celia Magdalena Palomares Melchor
  • Germán Gomez Palomares
  • CELIA MAGDALENA PALOMARES MELCHOR y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en atención al requerimiento realizado en autos, informa a este órgano jurisdiccional que se le reconoció el carácter de víctima a la señora -, madre del finado -, dentro de la causa penal que dio origen al presente asunto, por lo que, como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, en términos de lo previsto por el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo se le reconoce el carácter de tercero interesado a la referida -, en cuanto victima indirecta dentro de dicha causa penal. Atento a lo anterior, requiérase la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días contado a partir de la debida notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional el domicilio donde pueda ser ubicada la referida -, ello a fin de estar en condiciones de emplazarla al presente juicio de amparo, o bien, informe la imposibilidad legal o material que tenga para ello, apercibida que de no hacerlo en el término otorgado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista a los quejosos del proveído dictado el doce de enero de dos mil veintidós que señala: ".. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por --- por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-37/2022-1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "4. ACTOS RECLAMADOS La resolución dictada dentro del toca de apelación número -, dictada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán con motivo de la apelación presentada por el asesor de la víctima, que revoca la resolución dictada en la AUDIENCIA VINCULACIÓN A PROCESO, ordenando reponer el procedimiento". El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que amerita desechar la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza del acuerdo precisado en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por ello, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V del artículo 107, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, en la que revoca la resolución dictada en la audiencia de vinculación a proceso, para el fin de que el Juez de Primera Instancia del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Morelia, Michoacán, otorgara la posibilidad al asesor de la víctima de argumentar porque se debía reclasificar el delito a tentativa de homicidio, actuaciones que ahora constituyen los actos reclamados; y por ende, constituyen actos procesales; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Además, las consecuencias derivadas de la reposición del procedimiento impugnada por los solicitantes del amparo, no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa sino sólo, y a lo más, en sus derechos adjetivos, lo que incluso puede encontrar reparación al resolverse el juicio de origen en definitiva. En efecto, si bien pudiera considerarse que la determinación reclamada genera que se prolongue el cumplimiento de diversas obligaciones contraídas con motivo de la libertad de ambulatoria; lo cierto es que este juzgado federal estima que tal circunstancia de suyo no hace procedente el sumario constitucional, pues se reitera en que el acto reclamado no restringe esa libertad, ni tiene por objeto modificarla, por lo que únicamente involucra aspectos de índole adjetiva o procesal; de tal suerte que el presente juicio es improcedente. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª J 64-2016, de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Materia Común, página 356, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto que establecen: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México". Sin embargo, la misma no resulta aplicable al caso concreto, puesto que, como ya se dijo, los quejosos no se encuentran en prisión preventiva, sino que actualmente enfrenta el proceso en libertad. Dicho de otra manera, en esta jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto al considerar que la reposición del procedimiento prolonga la reclusión preventiva de los quejosos y ello genera una afectación a un derecho sustantivo, consistente en su libertad personal, lo que no sucede en el caso concreto, de ahí que no se está en el supuesto ahí analizado, pues en este caso no hay afectación a este derecho. Finalmente, no se opone a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 51/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 509 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)"; ello, porque tal criterio jurisprudencial interpretó el texto del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que es sustancialmente distinto al texto del numeral 107 de la Ley de Amparo en vigor, aplicable a este caso, por lo que se estima que tal jurisprudencia no resulta aplicable en la especie; por lo que en términos del artículo sexto transitorio del decreto de creación de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la misma no cobra aplicación. Aunado de que en la reposición que constituye el acto, no se ordena desahogar una prueba que de suyo vulnere un derecho sustantivo. De lo anterior, que los efectos de dicha reposición sólo incide en cuestiones procesales, que en su caso, implicará un retardo en la emisión de sentencia. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tienen efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio; por ello, se estima que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, los actos que se impugnan no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que los agraviados obtengan resolución favorable a sus intereses en el juicio natural; y sólo en el caso de que no fuera así, éste tiene oportunidad de hacer valer las violaciones de la que ahora se duelen en el amparo directo que promueva en virtud del fallo que le resulte desfavorable y aquéllas hayan trascendido al sentido de este último. Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. serviciosenlínea.pjf.gob.mx.juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. AUTORIZACION DE DÍAS, HORAS INHÁBILES Y MEDIOS ELECTRONICOS. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica; y, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, no así de ******************** y********************, virtud a que los mismos tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.. Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de doce de enero en curso, se desechó la demanda de garantías promovida por ******************** por propio derecho; sin embargo, se ordenó la notificación de dicho auto por medio de lista; en tal virtud, hágase la notificación del proveído de doce de enero en curso, en forma personal a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. DE IGUAL FORMA SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LOS QUEJOSOS EL PROVEÍDO DE catorce de enero de dos mil veintidós QUE INDICA: ".. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de doce de enero en curso, se desechó la demanda de garantías promovida por ******************** por propio derecho; sin embargo, se ordenó la notificación de dicho auto por medio de lista; en tal virtud, hágase la notificación del proveído de doce de enero en curso, en forma personal a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. " Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 Fracción I, inciso B de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de doce de enero en curso, se desechó la demanda de garantías promovida por ******************** por propio derecho; sin embargo, se ordenó la notificación de dicho auto por medio de lista; en tal virtud, hágase la notificación del proveído de doce de enero en curso, en forma personal a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintidós. RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-37/2022-1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "4. ACTOS RECLAMADOS La resolución dictada dentro del toca de apelación número -, dictada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán con motivo de la apelación presentada por el asesor de la víctima, que revoca la resolución dictada en la AUDIENCIA VINCULACIÓN A PROCESO, ordenando reponer el procedimiento". El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del precepto 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que amerita desechar la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza del acuerdo precisado en el párrafo que antecede. Para evidenciar lo anterior, conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por ello, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V del artículo 107, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...." Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para los gobernados, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, en la que revoca la resolución dictada en la audiencia de vinculación a proceso, para el fin de que el Juez de Primera Instancia del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Morelia, Michoacán, otorgara la posibilidad al asesor de la víctima de argumentar porque se debía reclasificar el delito a tentativa de homicidio, actuaciones que ahora constituyen los actos reclamados; y por ende, constituyen actos procesales; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Además, las consecuencias derivadas de la reposición del procedimiento impugnada por los solicitantes del amparo, no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa sino sólo, y a lo más, en sus derechos adjetivos, lo que incluso puede encontrar reparación al resolverse el juicio de origen en definitiva. En efecto, si bien pudiera considerarse que la determinación reclamada genera que se prolongue el cumplimiento de diversas obligaciones contraídas con motivo de la libertad de ambulatoria; lo cierto es que este juzgado federal estima que tal circunstancia de suyo no hace procedente el sumario constitucional, pues se reitera en que el acto reclamado no restringe esa libertad, ni tiene por objeto modificarla, por lo que únicamente involucra aspectos de índole adjetiva o procesal; de tal suerte que el presente juicio es improcedente. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 64/2016, de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Materia Común, página 356, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto que establecen: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México". Sin embargo, la misma no resulta aplicable al caso concreto, puesto que, como ya se dijo, los quejosos no se encuentran en prisión preventiva, sino que actualmente enfrenta el proceso en libertad. Dicho de otra manera, en esta jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto al considerar que la reposición del procedimiento prolonga la reclusión preventiva de los quejosos y ello genera una afectación a un derecho sustantivo, consistente en su libertad personal, lo que no sucede en el caso concreto, de ahí que no se está en el supuesto ahí analizado, pues en este caso no hay afectación a este derecho. Finalmente, no se opone a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 51/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 509 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)"; ello, porque tal criterio jurisprudencial interpretó el texto del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que es sustancialmente distinto al texto del numeral 107 de la Ley de Amparo en vigor, aplicable a este caso, por lo que se estima que tal jurisprudencia no resulta aplicable en la especie; por lo que en términos del artículo sexto transitorio del decreto de creación de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la misma no cobra aplicación. Aunado de que en la reposición que constituye el acto, no se ordena desahogar una prueba que de suyo vulnere un derecho sustantivo. De lo anterior, que los efectos de dicha reposición sólo incide en cuestiones procesales, que en su caso, implicará un retardo en la emisión de sentencia. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tienen efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio; por ello, se estima que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, los actos que se impugnan no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que los agraviados obtengan resolución favorable a sus intereses en el juicio natural; y sólo en el caso de que no fuera así, éste tiene oportunidad de hacer valer las violaciones de la que ahora se duelen en el amparo directo que promueva en virtud del fallo que le resulte desfavorable y aquéllas hayan trascendido al sentido de este último. Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. AUTORIZACION DE DÍAS, HORAS INHÁBILES Y MEDIOS ELECTRONICOS. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto a las personas que indica; y, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, no así de ******************** y********************, virtud a que los mismos tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

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