Celia Ricarda Pech Cortes
Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Celia Ricarda Pech Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir al archivo de este Juzgado, los cuadernos incidentales respectivos, adjuntándoles para tal efecto, copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 700-71-00-02-01-2022-1142, signado por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintitrés de marzo del presente año, mediante el cual proporciona el nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal y fecha de nacimiento de la quejosa Celia Ricarda Pech Cortés. En virtud de lo anterior, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirva hacer efectiva la multa impuesta a la nombrada quejosa en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, remitiéndole para tal efecto copia autorizada de dicho auto y copia certificada del oficio de cuenta; haciéndole del conocimiento a la autoridad recaudadora que los datos aportados en el referido oficio, son los siguientes: Nombre: Celia Ricarda Pech Cortés. Fecha de nacimiento: trece de noviembre de mil novecientos setenta y tres. RFC: PECC731113NF5. Domicilio: Calle veinte "E", número doscientos trece interior sin número entre calle diecisiete y calle diecinueve de la colonia Jardines del Norte, código postal 97139, de la localidad Otra No especificada en el catálogo del municipio de Mérida, Yucatán. Asimismo, con fundamento en los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, el importe de la multa es por la cantidad de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional); cantidad que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), monto que es el valor diario que tienen cada una de dichas unidades que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía determinó para el dos mil veintidós, por treinta. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito signado por Celia Ricarda Pech Cortés, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que le fueron aplicadas a la menor quejosa Abril Guadalupe Celis Pech, las dos dosis de la vacuna de Pfizer BIOnTech; circunstancia que actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público y de carácter oficioso. Por tanto, este órgano federal se encuentra obligado a tomar tal manifestación en consideración y al efecto se provee: De las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad Abril Guadalupe Celis Pech, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de este año, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo su salud. Sin embargo, tomando en consideración la manifestación realizada bajo protesta de decir verdad, por parte de Celia Ricarda Pech Cortés, madre de la menor quejosa Abril Guadalupe Celis Pech; en el sentido de que a esta última ya se le ha aplicado la segunda dosis de la vacuna Pfizer; circunstancia que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de una menor, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de ésta; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna de la menor quejosa, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintinueve minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado en proveído de siete de marzo del año en curso, para que Celia Ricarda Pech Cortés, representante de su hija menor de edad quejosa Abril Guadalupe Celis Pech, señalara bajo protesta de decir verdad, si la menor de edad quejosa ya había recibido las dos dosis de la vacuna BioNTech-Pfizer, contra el COVID-19, sin que a la presente fecha lo hiciera. En consecuencia, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de marzo de dos mil veintidós y, con fundamento en lo establecido en los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, se le impone una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, la cual equivale a la presente fecha a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional); cantidad que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), monto que es el valor diario que tienen cada una de dichas unidades que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía determinó para el dos mil veintidós, por treinta. Para lo cual, requiérase al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, proporcione el domicilio actual y correcto de Celia Ricarda Pech Cortés; es decir, su domicilio particular, precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación política; o bien, aquél domicilio en donde pudiera ser localizada; asimismo, comunique su nombre completo, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. Apercibido que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el numeral 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el citado numeral 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional). Hecho lo anterior, proporciónese los datos a la citada autoridad auxiliar, a fin de que se sirva hacer efectiva la sanción impuesta. No obstante lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale, bajo protesta de decir verdad, si la menor de edad Abril Guadalupe Celis Pech, ya ha recibido las dos dosis de la vacuna BioNTech-Pfizer, contra el COVID-19, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en la posibilidad de mejor resolver el presente asunto. Asimismo, en caso afirmativo, de ser posible, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional; equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, con sesenta centavos, moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
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