Celso Acosta Perez

Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
283/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Celso Acosta Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se sobreseyó en el juicio. Lo procedente es declararlo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 283/2021-VII-B, promovido por ********************, a favor de ********************, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito recibido el dieciocho de febrero del año en curso, por la Secretaria de guardia de este Juzgado, compareció ********************, a solicitar favor de ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (dieciocho de febrero de dos mil veintiuno), se registró la demanda con el número 283/2021-VII-B, y se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato la incomunicación y tortura psicológica y/o física; así como todos aquellos actos que constituyan golpes, tormentos, malos tratos o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de diecinueve de febrero del año en curso, el fedatario judicial adscrito a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, en: La incomunicación, detención y tortura. TERCERA. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable consistentes en la incomunicación y tortura, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado en la que expresamente dijo: "es cierto el acto reclamado, únicamente en lo que corresponde a la detención"; además de que la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa con prueba en contrario. Máxime que, de la razón actuarial de diecinueve de febrero de este año, se advierte que el propio quejoso manifestó que el golpe que presentaba en la cara él mismo se lo había ocasionado, pero que no lo golpearon. CUARTA. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la detención, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto del Director Jurídico. QUINTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente". A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que en apoyo a su informe justificado como a requerimiento efectuado el veinticinco de febrero del año actual, remitió el Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Director Jurídico. Las cuales tiene eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que el directo quejoso fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión de hechos delictivos, por tanto, mediante ocurso de dieciocho de febrero del año en curso, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Por lo que al haber sido puesto a disposición de una autoridad ministerial, cambió la situación jurídica del directo quejoso. A más de que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, a favor de ********************, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en la incomunicación y/o tortura, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, a favor de ********************, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la detención, por las razones plasmadas en la consideración quinta de esta determinación. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 283/2021-VII-B, promovido por ********************a favor del directo quejoso ********************, en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo ********************solicitó a favor del directo quejoso ********************, la suspensión definitiva de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el diecinueve de febrero del año en curso, emitido en el juicio principal, previa ratificación de la demanda de amparo, se admitió a trámite la misma; se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, con la precisión de que la tramitación del presente incidente únicamente sería por cuanto hace a la detención reclamada; se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La detención del directo quejoso. SEGUNDA. En el caso, la responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, hasta este momento no se advierte que haya rendido su informe previo, a pesar de haber sido requerido legal y oportunamente para ello; por tanto, se presume cierto el acto que se le reclama, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. A fin de resolver acerca de la suspensión definitiva solicitada, conviene señalar que la responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, como antes se dijo, no rindió su informe de ley, ni desahogó el requerimiento efectuado mediante proveído de veintiséis de febrero del año en curso, a pesar de estar debidamente notificado. Empero, se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el juicio principal de donde derivan estos autos incidentales, dicha responsable en cumplimiento a un diverso requerimiento ahí efectuado, mediante oficio SSP/DJ/5985/2021, remitió copia certificada de las constancias relativas al ingreso del directo quejoso al área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos delictivos, lo cual aconteció el dieciocho de febrero pasado. Lo que resulta suficiente para declarar sin materia el presente incidente de suspensión, dado que ya no hay objeto sobre el cual decretarla, toda vez que la situación jurídica del quejoso cambió al haber sido puesto a disposición de la autoridad ministerial. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se deja sin materia la suspensión definitiva solicitada por ********************a favor del directo quejoso ********************, en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta SSP/DJ/5985/2021, así como el anexo que al mismo se acompaña, que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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