Celmy Vianey Chim Sánchez

Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
296/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Celmy Vianey Chim Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veinticuatro de marzo del presente año, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 123/2021 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a los alegatos que formula, en virtud de que por auto de veinticuatro de marzo pasado, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes los informes justificados rendidos por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, por sí misma y en representación de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y actuaria de su adscripción, y anexo que acompaña el primero de ellos. Ahora bien, del contenido de los informes de cuenta y las constancias remitidas por la Presidente de la Junta responsable, se desprende que en audiencia de dieciséis de marzo del presente año, la Junta laboral responsable decretó el archivo del expediente laboral como asunto concluido, en virtud de que las partes actora y demandada comparecieron a celebrar un convenio, el cual fue cumplimentado en esa propia audiencia. Lo anterior lo acreditó con las constancias que remitió la Presidente de la Junta responsable, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, a fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]" En este orden de ideas, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la ley en cita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 173858; con el epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el presente asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio reclamatorio laboral 1073/2017. Sin embargo, de las diversas constancias enviadas por la Presidente de la Junta responsable, se advierte que en audiencia de dieciséis de marzo del presente año, comparecieron la parte actora Celmy Vianey Chim Sánchez; y Pedro Valentín Creus Gary, apoderado de la persona moral demandada, BBVA BANCOMER OPERADORA, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de manifestar que llegaron a un convenio para dar por terminado el conflicto laboral. Motivo por el cual la Junta Laboral responsable, aprobó el convenio celebrado por las partes en el juicio laboral 1073/2017, declaró terminada la relación laboral que los unía y entregó a la actora los cheques de caja números 0001043 y 0001044, por las cantidades de $132,356.28 (ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos con veintiocho centavos, monedas nacional) y $17,643.72 (diecisiete mil seiscientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, monedas nacional), de la que se le restó el impuesto sobre la renta, quedando una suma total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos, monedas nacional). Ello, en concepto de pago de todas y cada una de las prestaciones estipuladas en el convenio de mérito; por lo que, la Junta responsable ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ahí que proceda concluir, que el acto reclamado no puede tener efecto legal ni material alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto o materia del mismo, con motivo del convenio de terminación de la relación laboral celebrado entre las partes en el juicio natural y la determinación de la Junta responsable de aprobarlo y ordenar el archivo del expediente. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con nueve minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMDIAD CON LOS ARICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con nueve minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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