Cecilio José Can Xool

Expediente 1838/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1838/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Cecilio José Can Xool

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintinueve de octubre del presente año, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 836/2021 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a los alegatos que formula, en virtud de que por auto de veintinueve de octubre pasado, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio CJ/DC/OC/2304/2021 signado por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en relación al requerimiento efectuado por proveído de once de octubre pasado, mediante el cual informa que el día veinticinco de octubre de los corrientes giró el oficio CJ/DC/OC/2303/2021 dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas, para que dentro del ámbito de sus competencias y en el término procesal oportuno, auxilie al Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, a fin de que obtenga los recursos necesarios para lograr el pago de la cantidad condenada en autos del juicio laboral 14/2009 a la aquí parte quejosa. Al efecto, se tienen por informadas las gestiones realizadas por la aludida autoridad vinculada a fin de auxiliar en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Por otra parte, agréguese el oficio SGG/DGJG-379/2021 signado por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en relación al requerimiento efectuado por proveído de once de octubre pasado, mediante el cual informa su imposibilidad para dar cumplimiento al mismo, toda vez que no se encuentra dentro de sus facultades y/o atribuciones. En mérito de lo anterior, no obstante las manifestaciones expuestas por la oficiante, relativas a su imposibilidad de cumplir con la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que la orden efectuada en el proveído de veinticuatro de mayo pasado, fue en cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un incidente de inejecución, en un caso análogo al presente, misma que fue remitida junto con el oficio por el que se le vinculó al cumplimiento de la ejecutoria, a fin de que advirtiera los fundamentos, razones, causas y circunstancias por las cuales se le estaba vinculado al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y, por tanto, quedaba constreñida (obligada) a atender lo ordenado en dicho proveído en sus términos, más allá de pretender contra argumentar el mandato de amparo. En efecto, en el caso, las razones que ahora expone la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, quedaron superadas ante el mandato proveniente del Máximo Tribunal del país, quien ya emitió las directrices a realizar en torno a este tipo de asuntos, mismas que por el carácter que tienen en materia de cumplimiento de amparo deben inexcusablemente acatarse, dada la Supremacía constitucional que revisten. Mismas que retomó este Juzgador federal en su acuerdo de mérito, las cuales no son susceptibles de ser cuestionadas u oponer argumentos en la forma como lo pretende hacer la autoridad oficiante. Al respecto, es menester traer a colación la instrucción dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del incidente de inejecución de sentencia 92/2020 de su índice, la cual concreta y específicamente respecto de la Secretaría de Gobierno del Estado señaló: "[.] en el ámbito de sus facultades auxilien al Ayuntamiento Municipal de., Yucatán para brindarle los medios necesarios para la obtención de recursos, ya sea mediante una ampliación presupuestal, o bien la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos para cumplir con la sentencia de amparo [.]". En esa guisa, es claro que el ordenamiento dictado no está sujeto a discrecionalidad alguna por parte de la autoridad vinculada al cumplimiento, de ahí que los motivos que expone en la misiva de cuenta no tengan la fuerza jurídica para desatender el mandato de cumplimiento de amparo, ya que éste debe atenderse a cabalidad, so pena de incurrir en los supuestos que se hicieron de su conocimiento en el apercibimiento formulado en dicho proveído. En la inteligencia, que su intervención en el cumplimiento, requiere una actuación previa por parte del Ayuntamiento responsable, como lo es la petición que deberá hacerle a la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, para que la auxilie con la ampliación del presupuesto o para la adquisición de empréstitos o créditos. Por tanto, se concluye que las manifestaciones realizadas por la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán no son acordes a lo solicitado, por lo que deberá ajustar su actuar a lo aquí reiterado. Sobre el tema, por similitud jurídica sustancial, se invoca al caso la siguiente jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doce, del Tomo XV, Abril de 2002, Nove Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187083, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional". Por las razones antes expuestas, sin excusa alguna, la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se encuentra obligada a cumplir en los términos ya destacados con el requerimiento de cumplimiento de sentencia de amparo, por lo que se le ordena por última ocasión, que previa solicitud del Ayuntamiento de marras, implemente las acciones efectivas para tal efecto. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa verdaderamente justificada, se estimara que incurre en una actitud evasiva, ineficaz y contumaz, por lo que se le impondrá una multa por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se provee: agréguese a los autos el oficio de quien suscribe en representación del Poder Legislativo del Estado e Yucatán, por medio del cual, en cumplimiento a los autos de veinticinco y veintiséis de octubre de este año, informa que recibió una solicitud de asesoría por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por lo que se encuentra en vías de cumplimiento para poder brindar el auxilio solicitado. En ese sentido, con el fin de no retrasar el cumplimiento de la sentencia amparadora y virtud a la obligación que tiene este órgano federal de verificar su observancia, se requiere al Congreso del Estado, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, informe la respuesta que otorgó a la petición de asesoría que le formuló el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, es decir, informe si acordó la procedencia, o no, de la misma, en cuyo caso deberá indicar la hora y fecha que fue señalado para llevar a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, agréguese el oficio de quien suscribe en representación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veintiséis de octubre de la anualidad, remite copia certificada de la respuesta que otorgó al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán respecto a la asesoría que le solicitó. Al respecto, este órgano federal se reserva a acordar lo conducente hasta en tanto la Secretaría de Administración y Finanzas y el Congreso del Estado, informen respectivamente, el resultado de la reunión con el Ayuntamiento antes indicado y la respuesta que otorgaron al respecto a su solicitud de asesoría. Notifíquese y cúmplase.

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