Celia Macías Saenz
Expediente 754/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Celia Macías Saenz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado el quince siguiente a este juzgado *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de la autoridad responsable de emitir el laudo en el juicio laboral *******. SEGUNDO. Concesión de amparo. El dieciséis de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional el veintiuno de septiembre pasado, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.] la junta responsable, en acatamiento a lo que disponen los artículos 885 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, emita de manera inmediata el laudo correspondiente dentro del expediente *******, relativo al juicio laboral promovido por la quejosa en contra del *******. Ello, en virtud de haber transcurrido en exceso los términos a que se refieren los preceptos legales invocados, conforme a lo analizado en esta determinación. [.] TERCERO. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de diez de octubre de la presente anualidad, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, y en cumplimiento a la misma, sin que se requiriera el cumplimiento a la autoridad responsable, toda vez que mediante escrito de cuatro de octubre del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió impresión con firmas autógrafas y sellos originales del laudo de tres de octubre del año en curso, que dictó en el juicio laboral *******. CUARTO. Vista a las partes. En proveído de diez de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. QUINTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******* y lo resuelto por la autoridad responsable. Se colige que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el tres de octubre del año en curso, dictó en el juicio laboral *******, el laudo correspondiente. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la quejosa el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, vigente. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ******* ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la resolución en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa *******, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, en atención a que la ejecutoria de referencia, otorgó la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, para el efecto de que: [.] la junta responsable, en acatamiento a lo que disponen los artículos 885 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, emita de manera inmediata el laudo correspondiente dentro del expediente *******, relativo al juicio laboral promovido por la quejosa en contra del *******. Ello, en virtud de haber transcurrido en exceso los términos a que se refieren los preceptos legales invocados, conforme a lo analizado en esta determinación. [.] Sin que sea necesario requerir el cumplimiento, toda vez que mediante escrito de cuatro de octubre del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió impresión con firmas autógrafas y sellos originales del laudo de tres de octubre del año en curso, dictado en el juicio laboral *******, con lo que informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tal motivo, con el oficio ******* y anexos, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo *******, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el doce de agosto de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado por razones de competencia el quince siguiente, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y acto reclamado que se precisan: 3.- AUTORIDADES DEMANDADAS.- Al tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de la Materia, me permito designar las siguientes: a) JUNTA ESPECIAL NUMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad. 4.- ACTOS RECLAMADOS.- De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro del los autos del juicio laboral expediente *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 17, segundo párrafo y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. RESULTANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que es un asunto en materia laboral en el que se reclaman omisiones de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por omitir dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral *******, dentro del término señalado en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir informe justificado, manifestó que es cierto que ha omitido dictar el laudo en el juicio de laboral de origen, a pesar de haber cerrado instrucción el seis de mayo de dos mil dieciséis. Lo anterior se corrobora con la copia certificada que remitió la junta responsable, probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación que expresa la quejosa. La accionante aduce que la junta responsable con su omisión vulnera las garantías contenidas en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie podrá ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Del texto trascrito, observamos que la garantía de administración de justicia contiene varios principios de derecho público subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, traducida en la obligación que tienen las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público Así, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que, es claro que todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, con registro 922523, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En suma, el precepto constitucional antes transcrito, consagra a favor de los gobernados el derecho a la administración de justicia pronta y expedita por parte de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quienes se encuentran obligados inexcusablemente a impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, para lo cual deben observar además los términos que fijen las leyes secundarias. En ese sentido, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo [...]" 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De la lectura de dichas hipótesis normativas se colige que en el procedimiento laboral, una vez que concluya el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, el secretario auxiliar, de oficio, procederá a declarar cerrada la instrucción y en consecuencia: formulará por escrito proyecto de resolución dentro del término de diez días siguientes a aquél en que se haya declarado cerrada la instrucción; y entregará copia de dicho proyecto a cada uno de los miembros de la junta. Por su parte, los miembros de la junta: 1. podrán solicitar que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, dentro del término de cinco días siguientes al en que reciban la copia del proyecto de laudo; 2 en ese supuesto, la junta, con citación de las partes, señalará fecha y hora para el desahogo de las diligencias solicitadas por los miembros de dicho Tribunal, lo que deberá ocurrir dentro del plazo de ocho días; 3. una vez que transcurra el término de cinco días a que se refiere el inciso a, o el de ocho días señalado en el inciso b, el presidente de la junta deberá citar a los miembros de ésta para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que concluyan los términos referidos en líneas que anteceden; y, 4. en caso de que el proyecto formulado por el auxiliar sea aprobado en sus términos, se elevará a la categoría de laudo y será firmado por los miembros de la junta, o bien, si existen adiciones o modificaciones se ordenará al secretario redacte el laudo conforme a lo aprobado, debiendo quedar constancia de ello. Conforme a lo anterior, se tiene que por regla general, el secretario auxiliar de la junta cuenta con un término de diez días para formular el proyecto de resolución, los cinco días concedidos a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de diligencias, los ocho días para el desahogo de esas pruebas en caso de solicitarse, y los diez días posteriores para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, arroja el total de treinta y tres días hábiles, que debe estimarse el plazo máximo para que las Juntas pronuncien sus laudos En ese orden de ideas, si de la constancia aportada por la autoridad responsable (foja 17), se advierte que el seis de mayo de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen y hasta este momento no se ha dictado el laudo correspondiente; resulta incuestionable que la responsable se apartó de la obligación que le imponen los artículos 885 y 887 de la mencionada laboral. Esto, porque hasta la fecha ha transcurrido en exceso el término general de treinta y tres días a que se refieren los preceptos legales invocados, lo que evidentemente viola en perjuicio de la quejosa la garantía de expeditez de la administración de justicia consagrada en el artículo 17 de nuestra Ley Suprema, dado que no existe precepto legal alguno en la Ley Federal del Trabajo, que permita a la responsable emitir el laudo correspondiente fuera del término aludido. En consecuencia, ante lo fundado de los motivos de disenso, lo procedente es conceder a *******, la protección federal que solicita, para el efecto de que la junta responsable, en acatamiento a lo que disponen los artículos 885 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, emita de manera inmediata el laudo correspondiente dentro del expediente *******, relativo al juicio laboral promovido por la quejosa en contra del *******. Ello, en virtud de haber transcurrido en exceso los términos a que se refieren los preceptos legales invocados, conforme a lo analizado en esta determinación. Tal concesión tiene sustento en la tesis aislada 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Materia común, con número de registro 2005150, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra la omisión reclamada de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Cecilia Margarita Sedano Ramos880/2023
- Cecilia Rivera Tena435/2023
- Cecilia Valdez Gutiérrez281/2021
- Cecilio Castañeda Martínez515/2019
- Cecilio Martínez Arcos1012/2022
- Celia Macías Sáenz501/2016
- Celia Ramos Delgado161/2017
- Celso Enrique Hernández200/2019
- Cesar Adrian Rodríguez Javalera357/2015
- César Adrián Vázquez Andrade789/2017
- César Alberto García Frayre165/2019
- César Alberto García Frayre907/2019