Cecilia Valdez Gutiérrez

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Valdez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 281/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, es decir, el diecinueve del mismo mes y año, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de quienes reclamó lo siguiente: 4.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo (.) la pericial médica ofertada (.) pues la autoridad señalada en el numeral 3.1 ha sido omisa en nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2 y 3.3 han sido omisas en remitir la lista de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen médico solicitado. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8, 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: La omisión de nombrarle un perito en torno a la prueba pericial médica que ofertó y se admitió. II. De la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México: La omisión de remitir las listas de peritos médicos disponibles. III. De la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México: La omisión de enviar al perito médico designado, para la elaboración del dictamen solicitado. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y a la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pues así lo adujeron al rendir sus informes con justificación; además, así lo acreditó con las constancias respectivas, debidamente certificadas, la primera de ellas, de lo que las negativas vertidas por las diversas responsables, también se deduce. En efecto, en virtud de que los actos reclamados en este asunto son de naturaleza omisiva, corresponde a las autoridades responsables, en caso de negarlos -como sucede en este asunto- acreditar que efectivamente, resulta inexistente la omisión atribuida; y no de forma alguna, corresponde probar la existencia de la misma a la accionante del amparo. Sustenta el aserto previo la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 301, del tomo XIII, marzo de 1994 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, materia común, del tenor: ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Ahora bien, en el caso, la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informó y acreditó, que opuesto a lo aducido por la quejosa, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, entre otras cosas, compareció al juicio natural el doctor *******, con el objeto de aceptar y protestar el cargo como perito del actor, aquí quejosa. Asimismo, dicha responsable acreditó que el seis de julio de dos mil dieciocho, fecha determinada para la verificación de la pericial médica ofertada por las partes en el juicio laboral ******* al no haber comparecido la actora, aquí quejosa, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso proveído de referencia y declaró la deserción de la prueba pericial médica que ofertó. Lo que evidencia no sólo la inexistencia del acto omisivo atribuido a la autoridad en comento, sino a las diversas señaladas con el carácter de responsables en este asunto. Por su parte, la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, negaron categóricamente haber recibido comunicación oficial alguna con relación al juicio natural. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario adscrito a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Sin que la quejosa, por sí o por conducto de su apoderada o autorizados en amplios términos, haya controvertido las negativas vertidas. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos omisivos reclamado a las autoridades apuntadas en las líneas previas, al resultar inexistentes, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido la Secretaría General de Peritajes y Diligencias, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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