Celia Macías Sáenz
Expediente 501/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Celia Macías Sáenz
- Celia Macías Sáenz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de seis de julio del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe el original del juicio laboral del que derivaron los actos reclamados dentro del presente asunto, hágase la devolución de dicho expediente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; mediante el cual informa que el seis de mayo de dos mil dieciséis, cerró la fase de instrucción en el juicio laboral de origen y, en la misma data, turnó los autos al auxiliar de la Junta para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo correspondiente; atento a lo anterior, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia en forma notoria e indudable, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el quince de junio de dos mil dieciséis y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de dictar laudo en el juicio laboral génesis de este asunto. Por acuerdo de dieciséis de junio último, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo *******; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento al tercereo interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, la Presidenta de la Junta responsable hace del conocimiento de este Juzgado que el seis de mayo de dos mil dieciséis, cerró la fase de instrucción en el juicio laboral de origen y, en la misma data, turnó los autos al auxiliar de la Junta para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo correspondiente, cuyo acuerdo remite en copia certificada. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, del siguiente tenor: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un particular se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que la citada Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el citado órgano jurisdiccional determinó que, de manera general, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. En la especie, el acto reclamado lo constituye la omisión de dictar laudo definitivo en el juicio laboral *******, promovido por la aquí quejosa, en contra del *******, donde la responsable cerró instrucción el seis de mayo de dos mil dieciséis. En criterio de quien resuelve, el presente juicio de amparo deviene notoriamente improcedente, toda vez que, por las particularidades del caso, no existe una afectación material a derechos sustantivos, ni sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, por el contrario, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de junio de dos mil dieciséis) sólo producía una lesión jurídica formal o adjetiva, aun cuando se alegan violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que no le reviste el carácter de tener una ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presentó justamente dentro del proceso en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, materias constitucional y común, página 1086, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Además, este Juez de amparo no advierte que exista una abierta dilación del procedimiento, en cuyo caso podría resultar procedente el juicio, toda vez que no ha trascurrido el término que establecen los preceptos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo; ello, dado que a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta debe formular el proyecto por escrito y en forma de laudo dentro de los diez días siguientes, del cual entregará en copia a cada uno de los miembros de la junta, y éstos en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente, y la junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas, dentro de un término de ocho días; o bien de no ser así, el presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ello es así, teniendo en cuenta que la instrucción debe declararse cerrada inmediatamente después de concluida la audiencia en que se desahogan las pruebas y formulan alegatos, la suma de los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de resolución, los cinco días concedidos a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de diligencias, los ocho días para el desahogo de esas pruebas en caso de solicitarse, y los diez días posteriores para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, arroja el total de treinta y tres días hábiles, que debe estimarse el plazo máximo para que las Juntas pronuncien sus laudos. Ahora bien, trasladando los tiempos que la ley concede a la autoridad responsable, con la fecha en que se ordenó turnar el expediente generador para el proyecto de resolución correspondiente (seis de mayo de dos mil dieciséis), a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (quince de junio de dos mil dieciséis), no había transcurrido el plazo máximo que tienen la Juntas laborales para emitir sus laudos y, por ende, no se está en el caso de excepción para considerar procedente el presente juicio de amparo. En tales condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio, ya que incluso se tiene a la vista copia certificada del auto de cierre de instrucción del que deriva la omisión reclamada; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia anunciada. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No obsta para sobreseer en el presente asunto, que en el diverso juicio de amparo *******, promovido por *******, contra la omisión de la misma Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en sentencia terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil dieciséis, se haya determinado negar el amparo solicitado en un caso similar al que aquí se analiza; pues, una nueva reflexión sobre este tema, conduce a apartarse de ese criterio y determinar que, sólo cuando se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento, el juicio será procedente, lo que no ocurre en el presente caso. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas del catorce de julio de dos mil dieciséis. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegado a la persona que indica en su informe. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO, Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL PROVEÍDO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE IMPONE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESEENTE JUICIO DE AMPARO, FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AL SOBREVENIR LA CUASAL DE IMPROCEDENUCA ANUNCIADA.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo. De igual forma, como lo solicita, expídasele copia autorizada de la resolución que se emita dentro del presente expediente, conforme a lo establecido por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv
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