César Adrián Vázquez Andrade
Expediente 789/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Adrián Vázquez Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de doce de febrero de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 789/2017-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el once de septiembre de dos mil diecisiete, turnado el mismo día a este juzgado, xxxx demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, Supervisión Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Personas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, Director del Centro de Reinserción Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua y Director de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó la orden de traslado del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad deambulatoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, a uno diverso. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda bajo el consecutivo 789/2017-I-1, se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se efectuó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa que se ejecutó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Comisionado Estatal de Seguridad, Director de Asuntos Penales y Amparos en sustitución del Fiscal General del Estado y el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en el traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tal negativa. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua y la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Zona Norte, al rendir sus informes aceptaron los actos que les atribuye el accionante del amparo, consistente en la orden de traslado del quejoso, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua. La aceptación de la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias de autos, de las que se deduce que por oficio FEEPYMJ/UATYDH/1726/2017 de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Supervisor Estatal de la Unidad de Traslados, Amparos y Derechos Humanos, ordenó que el quejoso, fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia y conceptos de violación. Al no existir causas de improcedencia o de sobreseimiento hechas valer por las partes, ni que este juzgador advierta oficiosamente, se impone abordar el estudio de los conceptos de violación que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos hechos valer por el promovente son fundados. En la especie, el solicitante del amparo aduce sustancialmente que el mandamiento emitido por la autoridad responsable para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, vulnera sus derechos humanos de debido proceso y legalidad, porque la única autoridad facultada para variar el lugar de reclusión es un Juez. Como se adelantó, lo alegado por el quejoso es fundado, al ser suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracciones II y III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar la transgresión a los derechos del quejoso, es oportuno preciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontraran las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; lo que también resulta aplicable tratándose del cumplimiento de la pena impuesta en el proceso penal. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. En la especie, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el solicitante del amparo manifestó que se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua; de igual modo, aparece que mediante la emisión del oficio FEEPYMJ/UATYDH/1726/2017 de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Supervisor Estatal de la Unidad de Traslados, Amparos y Derechos Humanos, ordenó el traslado, del aquí quejoso xxxx del citado Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, lugar en el que permanece internado. En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, la Supervisora Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Zona Norte: a) Deje insubsistentes el oficio por medio del cual se ordenó el traslado del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser excarcelado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, donde actualmente se encuentra recluido, para ser reingresado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Ahora, toda vez que el quejoso fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; para que notifique a xxxx la presente resolución, entregándole copia simple, solicitando el acuse de recibo respectivo y una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías 789/2017-I-1 promovido por xxxx , por los motivos establecidos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a xxxx , respecto de la orden de traslado reclamada y su ejecución. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la suscrita Secretaria encargada del despacho por licencia del titular, no está facultada para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 43 Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. (.) Por tanto, toda vez que el titular de este tribunal, se encuentra haciendo uso de una licencia, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora, toda vez que el quejoso fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; para que notifique a *** el presente proveído, entregándole copia simple, solicitando el acuse de recibo respectivo y una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *** Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio 33693/2017 enviado telegráficamente por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con el cual acusa recibo del exhorto 506/2017 del índice de este juzgado, informando que quedó registrado bajo el número de comunicación oficial 304/2017-II-1 y que ordenó su diligenciación; de lo cual se toma conocimiento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Luego, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad rersponsable, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Ahora, toda vez que el quejoso fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; para que notifique a ******* el presente proveído, entregándole copia simple del informe, solicitando el acuse de recibo respectivo y una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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