Cecilia Prado Hernández y Otros.

Expediente 803/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
803/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2016

Partes del expediente

  • Cecilia Prado Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por ********** y **********, mediante el cual cumplen el requerimiento que se les formuló el dos de septiembre del año en curso, lo que hacen manifestando bajo protesta de decir verdad que el veinticuatro de mayo del presente año, la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, ordenó la restitución de su propiedad, lo cual se materializó el veintiséis siguiente, pero que el veintisiete del mes y año en comento, se les volvió a desalojar de los inmuebles que aducen poseen y, que a pesar de que tienen la orden de ser restituidos, dicha orden ya fue ejecutada, así como que no existe hasta el momento mandato judicial que determine la desposesión de dichos inmuebles. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que los quejosos se ostentan terceros extraños al juicio natural y: Reclaman la resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el toca números ******* y *******, del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en la que modifica el auto de veinticuatro de mayo del año en curso, que aprobó parcialmente la diligencia de posesión material ordenada en el expediente ******** de la estadística del Juzgado Civil de Partido de Comonfort, Guanajuato, para aprobar en su integridad la citada diligencia, dejando insubsistente los argumentos y fundamentos, así como las consecuencias en torno a que se debía restituir a los ahora quejosos la posesión que detentaban antes de dicha diligencia y, dejó a salvo los derechos de los impetrantes para que de considerarlo conveniente promovieran su oposición a la ejecución de la sentencia, al no ser parte en el procedimiento de origen. Que el veintiséis de mayo del año en curso, se les restituyó de la posesión de los inmuebles materia del acto reclamado. Que el veintisiete de mayo pasado, se les volvió a desalojar de los inmuebles en comento. Que hasta el momento no existen mandato judicial que orden desposeerlos de los inmuebles que aducen son de su propiedad, toda vez que como se señaló en el punto anterior, ya fueron desposeídos. En ese sentido, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 495/2016-III del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por **********, ********** y otros, del cual se obtiene que, en dicho juicio los ahora quejosos, también acudieron a esta instancia constitucional ostentándose como terceros extraños en sentido estricto al juicio ordinario civil C261/2014, del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, y reclamando también la orden de desposeimiento sobre los mismos inmuebles que en el presente asunto, que aducen son de su propiedad. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la resolución reclamada en el presente asunto, no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que la resolución tildada de inconstitucional, no se encuentra dirigida a los aquí impetrantes, que son terceros extraños al juicio natural, sino a las partes en dicho juicio, ya que el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, además que la resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el toca números ******* y *******, del índice del Magistrado de la Séptima Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, bien o mal dictada, por sí sola no transgrede su esfera de derechos y, por tanto, no están legitimados para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Lo anterior, tomando en consideración que la resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, fue emitida con posterioridad a la fecha en que fueron desposeídos de los inmuebles que aducen son de su propiedad. Amén, que en el juicio de amparo *******, del índice de este Tribunal, se analizará el desposeimiento de los inmuebles que aducen son de su propiedad, por lo que no se les dejará en estado de indefensión. De ahí que se considere que el acto reclamado no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, porque la resolución dictada al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el juicio natural, en contra del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se dirige a las partes en el contradictorio de origen y, son los únicos que en todo caso podrían cuestionarla, por lo que es inconcuso que sus derechos fundamentales no se transgreden de manera alguna. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a ******. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 803/2016-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda de amparo puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda de cuenta es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de manera sucinta y cronológica de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. Se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 495/2016-III del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por **********, ********** y otros, de cuya demanda de amparo se obtiene que, al narrar los antecedentes citaron que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, la Juez responsable, ordenó restituir a ********** y a **********, la posesión que detentaban de los inmuebles, así como que el veintiséis del mismo mes y año, se les restituyó dicha posesión; asimismo, en el punto 8 de los antecedentes del acto reclamado, citaron: "8.- Y siendo en fecha 27 de mayo del presente año, se nos volvió a desalojar de nuestro domicilio sin nosotros encontrarlos en el mismo, esto sin una orden aparentemente por parte del H. Juez, nos dimos cuenta de lo antes mencionado por parte de una llamada del supuesto abogado "BETO" de la C. **********, a lo cual al acudir a nuestro domicilio nos dimos cuenta que habían sacado todas nuestras cosas y se impedía el acceso a nuestro domicilio pues la había puesto alambre al acceso. Y a lo cual al día de hoy no se nos ha permitido el acceso a nuestro domicilio." En el caso concreto, si bien es cierto que los solicitantes del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narraron algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que omitieron expresar: Si ya se les desposeyó de los inmuebles que aducen son de su propiedad. Si con motivo de la resolución reclamada promovieron oposición a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, o bien, tercería excluyente de dominio. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores del juicio del que emana el acto reclamado. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, por escrito y con siete copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: - Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en específico, si ya se les desposeyó de los inmuebles que aducen son de su propiedad, así como si promovieron oposición a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, o bien, tercería excluyente de dominio. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si los promoventes son quienes la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otro lado, téngaseles autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Carlos Enrique Castro Solano, al contar con cédula profesional 4095150, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona, al no encontrarse en ese supuesto. En otro orden, toda vez que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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